Unidad de organizaciones, cooperativas y sindicatos en defensa de la aplicación de la Ley de la Cadena

Cuando arrecian algunas voces en contra de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba , las organizaciones agrarias en la provincia ASAJA , COAG y UPA y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han mantenido un encuentro en el que han abordado la situación actual del sector y han analizado las últimas propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para mejorar la crisis de precios que atraviesa el sector agroalimentario, en general, y el del aceite de oliva en particular. Los representantes han valorado positivamente los resultados del proceso de movilizaciones iniciado en 2020 y paralizado como crisis de la pandemia ocasionada por el Covid-19. En este sentido, aplauden la inclusión de mecanismos de autorregulación obligatoria, para el sector del aceite de oliva, en el reglamento de disposiciones transitorias de la PAC -por aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) 1308/2013 de la OCM única- y la Norma de Calidad de los Aceites de Oliva en la que trabaja el Ministerio de Agricultura. Por lo que respecta a la reforma de la Ley de la Cadena, si bien cooperativas, organizaciones agrarias y sindicatos evalúan favorablemente la venta por encima de costes de producción, convienen en que para garantizar la eficiencia de la norma, el Ministerio de Agricultura debe adoptar medidas complementarias en la aplicación de la Ley de la Cadena. Se trata, según han analizado, de evitar que se perjudique a las producciones con mayores costes, sobre todo en años de producciones excedentarias, así como de poner freno a la entrada masiva de productos de terceros países a precios más competitivos. En consecuencia, los representantes del sector agroalimentario cordobés piden, como primera medida, que el MAPA establezca los costes de producción para cada sector, por debajo de los cuales no se pueda vender; como segunda, control de los precios de los productos importados, para que no puedan comercializarse por debajo del valor fijado para cada producto; y, por último, garantizar que finalmente pueda aplicarse medidas de autorregulación para el aceite de oliva, por aplicación del 167, en momentos de crisis de rentabilidad como el actual. No obstante, aun centrándose en la problemática del olivar por ser una de las más acuciantes en la provincia, todas las organizaciones coinciden que estas medidas deben hacerse extensibles al conjunto de los sectores, en una crisis del campo generalizada como la actual.