Una empleada trabaja en la fábrica de aceite Dcoop en Antequera (Málaga), en una imagen de 2019. JORGE GUERRERO/AFP/Getty Images En España la cosecha media de aceite de oliva oscila entre 1,5 y 1,6 millones de toneladas. De esta cifra, las 800 cooperativas olivareras que hay en España, de las que 350 se ubican en Andalucía, concentran casi el 70%, es decir, cerca de un millón de toneladas. Este teórico dominio de la producción, sin embargo, no se ha traducido históricamente en una posición de fuerza en los mercados donde, por diferentes factores, los precios se arrastran muy por debajo de los costes, especialmente en los olivares de baja producción que son, además, los que menos ayudas directas reciben. En unos casos, los precios se hunden por cosechas elevadas; en otros, caen también, aunque bajen las producciones, por factores exógenos como la imposición de los aranceles promovidos por Donald Trump . Además, el hecho de que solamente media docena de grandes grupos cooperativos tengan en sus manos casi medio millón de toneladas, tampoco ha servido en el pasado para defender unas cotizaciones sostenibles para productores y consumidores. En este contexto, la concentración de la oferta se presenta como una necesidad inaplazable y el principal reto del sector cooperativo, a la vista de que tampoco mejoran los precios a pesar de que la legislación impida a los olivareros vender su aceite por debajo de sus costes de producción. Todo este desorden podría tener los días contados con la propuesta del director general de la Federación Andaluza de Cooperativas, Jaime Martínez, de constituir una central de ventas, bien como una sociedad o como una cooperativa de segundo grado, para la venta de los graneles que actualmente comercializan todas las cooperativas, iniciativa respaldada e impulsada por Cooperativas Agroalimentarias a nivel estatal. "No es una tarea fácil si consideramos que se debe superar el rechazo de muchas pequeñas entidades que temen perder protagonismo al ceder la gestión directa de sus aceites. Hay que superar recelos y desconfianzas, un objetivo que solo se puede lograr con formación, información, tiempo y resultados", reconoce Martínez. Sobre ese millón de toneladas controlado por las cooperativas, aproximadamente unas 200.000 las comercializan como producto envasado, por lo que la nueva sociedad podría manejar una cifra teórica de unas 800.000 toneladas, de las que actualmente unas 300.000 van para el mercado italiano. En principio, la central operaría solamente con graneles, pero el objetivo es que en una segunda fase pudiera hacerlo igualmente en envasado bajo una marca cooperativa, un reto que se presume muy lejano, como una utopía, dadas las grandes diferencias de estrategias y de intereses que confluyen en el sector. En el diseño de la nueva central de ventas han participado casi todos los grupos cooperativos más importantes, como Dcoop, Jaencoop e Interóleo, entre otros. El objetivo es que se hallen integradas el mayor número posible de las 800 cooperativas de todo el país, para lo cual uno de los elementos clave es el peso y la capacidad de cada firma en las decisiones que se adopten. Entre las reglas de juego planteadas, una primera es la obligación de la entrega de los asociados de todos sus graneles y el compromiso de permanecer en la central al menos una campaña. Otra medida más polémica, para evitar los recelos especialmente de las pequeñas cooperativas, es que ningún grupo tenga más del 50% de los votos. Una prueba de las dificultades históricas en el mundo cooperativo para lograr acuerdos de calado es que dos de los grupos importantes que participaron en la puesta en marcha de la propuesta de la Federación Andaluza de Cooperativas tengan ahora sus recelos para integrarse en la misma. Desde Jaencoop, su presidente, Cristóbal Gallego, mantiene sus dudas, fundamentalmente en lo que afecta a la representatividad de las pequeñas cooperativas para que su peso, aunque sea pequeño, no se vea muy diluido y que sea un motivo para no integrarse en el proyecto. "A pesar de ello, seguiremos trabajando en él para superar poco a poco las dificultades que siempre entrañan estos procesos", dice Gallego. Posiciones encontradas Más contundente ha sido Interóleo, una sociedad anónima que comercializa los graneles de sus asociados, más de una veintena de almazaras particulares y de cooperativas. Juan Gadeo, su presidente, ha señalado ya su decisión de no entrar en el proyecto, aunque reconoce que la concentración de la oferta es una solución a los bajos precios del sector y que seguirá trabajando para lograr ese objetivo. Entiende que en lo referente a la central propuesta es preciso avanzar en el modelo de gestión. Posición contraria es la que sostiene Antonio Luque, presidente del mayor grupo cooperativo, Dcoop, para quien no cabrían excusas para la constitución de la central. "Alguien puede pensar que no es bueno para el sector la posibilidad de que 500.000 toneladas de aceite de oliva estén en una sola mano para su comercialización. Se trata de hacer las cosas bien desde la legalidad. La central operará según lo que decida el conjunto de las cooperativas y para ello se ha limitado el peso de los grandes. Nosotros no queremos ningún protagonismo". A pesar de las dudas sobre la puesta en marcha de la nueva entidad, para la que se busca una denominación comercial, y la baja respuesta hasta la fecha de las cooperativas, el director general de la Federación Andaluza, Jaime Martínez, tiene claro que la central debe iniciar su actividad sea cual sea el volumen de graneles que maneje, aunque reconoce que con más volumen, mayor sería su peso en los mercados. El recuerdo de Cecasa No es esta la primera gran iniciativa de las cooperativas olivareras para la constitución de una entidad para la comercialización conjunta del aceite. La más importante data de 2000, coincidiendo con otra crisis de precios y, además, con los cambios en la Política Agraria Común (PAC) para el sector. En aquella ocasión, se constituyó la Compañía Española de Comercialización de Aceite, Cecasa, con un capital de 4,3 millones de euros, donde un 70% estaba en manos de los grupos cooperativos, entre los que se hallaban Hojiblanca, hoy Dcoop, Jaencoop o Interóleo, y con el 30% restante en manos de entidades financieras. La sociedad no llegó a funcionar debido al fallo en contra del Tribunal de la Competencia en 2002. Aunque el Tribunal Supremo se pronunció a favor del funcionamiento de la misma en 2010, para entonces la sociedad ya había perdido interés y no tuvo prácticamente actividad.