El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha anunciado este domingo que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 28 de julio la declaración de las áreas afectadas por los incendios de Ávila, Madrid y Toledo como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. Esta figura, conocida popularmente como " zona catastrófica " , permite activar medidas extraordinarias para reparar los daños y recuperar la normalidad. La declaración no significa que todos los afectados vayan a recibir automáticamente una cantidad de dinero ni fija por sí sola el importe de las ayudas. Abre el marco jurídico para que el Estado movilice subvenciones, beneficios fiscales y medidas laborales, que deberán concretarse en el acuerdo y en las normas que apruebe el Gobierno. Qué significa declarar una zona catastrófica La denominación oficial es zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil . La Ley 17/2015 establece que puede declararse cuando un siniestro causa daños personales o materiales que alteran gravemente la vida de la población o paralizan servicios públicos esenciales. La decisión corresponde al Consejo de Ministros y debe delimitar los territorios incluidos. Por tanto, será necesario esperar al texto que apruebe el Ejecutivo para conocer qué municipios y áreas de las tres provincias quedan cubiertos y qué medidas se aplican en cada caso. Su finalidad es contribuir a restablecer la normalidad, pero la propia ley aclara que estas ayudas no tienen carácter indemnizatorio . Es decir, no pretenden cubrir necesariamente la totalidad de las pérdidas, sino complementar la respuesta de las administraciones, los seguros y otros mecanismos de compensación. Ayudas para viviendas y enseres Los propietarios, usufructuarios o residentes de viviendas habituales dañadas podrán acceder a ayudas por destrucción total, desperfectos estructurales, daños menos graves y pérdida de enseres básicos. También se contemplan subvenciones para reparar elementos comunes de comunidades de propietarios. En el régimen estatal ordinario, las ayudas pueden alcanzar los 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual , 10.320 euros por daños estructurales, 5.160 euros por desperfectos no estructurales y 2.580 euros para reponer enseres de primera necesidad. No obstante, el Gobierno puede ampliar estas cuantías mediante medidas extraordinarias, por lo que habrá que esperar a lo aprobado el martes. Las ayudas públicas pueden ser compatibles con indemnizaciones de seguros y aportaciones de otras administraciones, pero la suma total no podrá superar el valor real del daño. Los afectados deberán acreditar las pérdidas mediante fotografías, facturas, informes técnicos, documentos de propiedad o alquiler y, cuando corresponda, comunicaciones con la aseguradora. Negocios, agricultura y ganadería La declaración también abre la puerta a subvenciones para establecimientos industriales, comercios, empresas de servicios y autónomos que hayan sufrido daños directos o interrupciones de su actividad. Además, la Ley de Protección Civil permite habilitar ayudas por pérdidas en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como líneas de crédito preferente y avales del Instituto de Crédito Oficial. Esta parte será especialmente relevante en las zonas rurales afectadas, donde las llamas han dañado explotaciones, pastos, maquinaria y edificaciones vinculadas al campo. Los ayuntamientos también podrán reclamar compensaciones por los gastos urgentes asumidos durante la emergencia y recibir financiación para reparar carreteras, redes de abastecimiento, instalaciones municipales y otras infraestructuras públicas. En declaraciones anteriores, Interior ha situado estas ayudas para proyectos locales en hasta el 50% de su coste, aunque el porcentaje aplicable a estos incendios deberá concretarse. Beneficios fiscales y protección del empleo Entre las medidas posibles figuran la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para inmuebles dañados y la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas para negocios obligados a cerrar temporalmente. También puede aprobarse una reducción de los módulos del IRPF para agricultores y ganaderos, además de exenciones en determinadas tasas de Tráfico. En el ámbito laboral, las suspensiones de contratos o reducciones de jornada provocadas directamente por la emergencia pueden considerarse de fuerza mayor. La legislación permite adoptar exoneraciones de cotizaciones, evitar que las prestaciones consuman paro acumulado y conceder moratorias de hasta un año sin intereses en determinadas cuotas de la Seguridad Social. Cómo y cuándo se solicitan las ayudas La declaración no sustituye la solicitud individual. Cada afectado tendrá que tramitar la línea correspondiente y demostrar tanto el daño como su relación directa con el incendio. Los formularios se ofrecen normalmente en la sede electrónica del Ministerio del Interior y pueden presentarse también a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. El régimen general establece un plazo de un mes desde la finalización del hecho causante , aunque el Gobierno puede modificarlo o ampliarlo. Por ello, la recomendación inmediata es conservar pruebas de los daños, recopilar facturas y títulos de propiedad, comunicar el siniestro al seguro y esperar a que el acuerdo del martes detalle los municipios incluidos, las cuantías y los plazos definitivos.