La organización agraria ve positivos los aranceles al cereal de Camboya y Myanmar pero busca soluciones definitivas a los bajos precios
UPA-UCE Extremadura ha solicitado al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un etiquetado de origen para el arroz con el fin de hacer frente al problema de los bajos precios debido a la competencia desleal de producciones de terceros países.
La organización agraria destaca que el arroz sigue siendo un cultivo fundamental en Extremadura, donde ocupa casi 25.000 hectáreas, especialmente en las Vegas Bajas del Guadiana, a pesar de que ha disminuido en torno al 20% en los últimos años (de 23.496 hectáreas en 2017 a 19.500 en 2019) debido, fundamentalmente, a la falta de rentabilidad del cultivo. El bajo precio que ha tenido el arroz en los últimos años debido a la competencia desleal y la subida de los costes por la prohibición de determinados fitosanitarios, está generando problemas en las explotaciones.
Según el secretario regional de la organización, Ignacio Huertas, los costes han pasado de «representar unos 400 euros por hectárea a unos 800», además de disminuir su «efectividad de manera creciente».
UPA-UCE considera que los nuevos aranceles a Camboya y Myanmar ha tenido un «efecto positivo» en los precios del arroz largo, subiendo los mismos sobre 18 euros por tonelada en la campaña pasada y espera que este año, «con la situación ya asentada, puedan ser mayores».
Además, la introducción del derecho arancelario ha supuesto el incremento en la siembra de este tipo de arroz, que «ha pasado de representar el 50% de la superficie en 2018 al 65% en 2019 en Extremadura».
Sin embargo, ha trasladado su preocupación ya que los aranceles son temporales y ve necesarias soluciones definitivas al problema.
Para Huertas, lo más importante es que exista una regulación del etiquetado, a nivel nacional y comunitario, que obligue a poner el origen del producto para acabar con «el confusionismo interesado que impide a los consumidores saber lo que compran y arruina a los productores».
Por otro lado, las prohibiciones de Bruselas sobre la utilización de fitosanitarios están minando la rentabilidad de las explotaciones y, aunque el sector busca alternativas como la siembra 'directa', este año se ha sembrado el 30% de nuestra superficie, advierte de que este método no se puede extender a toda la superficie y además «no garantiza un buen resultado todos los años». Por todo ello, ha exigido que se busquen alternativas a los productos prohibidos y mientras éstas no existan, que se autoricen los actuales.
Y ha reclamado que las producciones procedentes de países terceros cumplan el principio de reciprocidad, es decir, que se produzcan como aquí, porque si no se estaría «engañando al consumidor y favoreciendo la competencia desleal a nuestras producciones».
UPA-UCE Extremadura trasladará todas estas cuestiones al Ministerio de Agricultura en la próxima reunión de la sectorial del arroz, que se celebrará en julio, porque «si no se adoptan medidas, perderemos un sector estratégico para la región».