El matadero municipal de Plasencia, que lleva más de un año y medio sin actividad, se encuentra tan obsoleto y deteriorado que volver a ponerlo en funcionamiento supondrá una inversión de alrededor de 750.000 euros. Así consta en un informe técnico encargado por el Ayuntamiento a la empresa de ingeniería y servicios Ambling, donde se detallan todas las reformas y reparaciones que se deben llevar a cabo en el matadero para adaptarlo a la actual normativa sobre el sacrificio de animales.
El extenso informe, de más de 70 páginas y con un coste de 3.500 euros, repasa el estado tanto del edificio como de las distintas instalaciones interiores y exteriores. En concreto, cifra en 507.575 euros más IVA la cantidad que se necesitaría invertir, y eso sin contar la maquinaria que puede estar deteriorada, cosa que no ha sido posible comprobar al no existir suministro eléctrico y no haberse podido ponerla en funcionamiento. A eso habría que añadir al menos otros 30.000 euros de la depuradora, que también se encuentra en mal estado.
Hay que recordar que el matadero de Plasencia fue precintado en septiembre de 2016 en cumplimiento de la orden de desahucio que pesaba sobre la empresa que durante los últimos años había venido explotado este servicio en la ciudad. Culminaba así el proceso iniciado casi un año antes, cuando el Ayuntamiento decidió no prorrogar a Cárnicas Plasencia la concesión, la cual había expirado el 29 de abril de 2016, si bien la empresa había seguido manteniendo la actividad de manera irregular.
El gobierno local espera que la Junta financie la inversión para poder volver a licitar el servicioEl aval de 150.000 euros ejecutado a la anterior empresa apenas cubre una quinta parte del coste
El motivo fue la deuda que el Ayuntamiento le reclamaba a la empresa, y que los técnicos municipales cuantificaron 62.485,36 euros por el impago reiterado del canon de concesión, más otros 57.560,16 por impuestos, tasas y precios públicos no abonados. Más adelante se le reclamaron también 121.567,52 euros adicionales por los daños causados en las instalaciones, que no habían sido devueltas en buen estado de conservación, a juicio de los técnicos municipales.
El adjudicatario justificó los impagos por el hecho de que llevaba varios años haciéndose cargo de la factura del la luz del helipuerto del Infoex que la Junta de Extremadura tiene a escasos metros, el cual carecía de suministro propio y estaba enganchado al cuadro eléctrico del matadero. El empresario solicitó una compensación de deudas, a la que el Ayuntamiento se negó aduciendo que ese conflicto no le competía, ya que la responsable del helipuerto es la Junta.
Unos meses después, la Audiencia Provincial determinó que el enganche del helipuerto era un «suministro autorizado», ya que «en absoluto era oculto, como sería inherente a una actuación fraudulenta, sino que había sido expresamente autorizado por el Ayuntamiento de Plasencia, titular de las instalaciones del matadero». El auto concluía que se trataba de un conflicto meramente económico que no podía dirimirse por la vía penal, sino por la de reclamación de cantidad.
Ante semejante deuda y la imposibilidad de cobrarla, el Ayuntamiento decidió en agosto del año pasado, casi un año después del precinto, ejecutar el aval de 150.000 euros depositado por la empresa adjudicataria en la firma del contrato de concesión del matadero. El proceso se dilató durante varios meses hasta que finalmente la entidad financiera en la que se encontraba depositado el aval se lo ingresó al Consistorio placentino.
Pero la realidad ahora es que esos 150.000 euros del aval apenas cubren una quinta parte de la inversión que, según el informe de Ambling, se necesita para volver a poner en marcha el matadero. Con todo, el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, asegura que la intención del Ayuntamiento sigue siendo que el matadero vuelva a entrar en servicio. Para ello tiene una primera opción, que según el edil pasa por solicitar alguna de las ayudas que la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta tiene para financiar la industria agraria. Después se volvería a licitar la explotación a cambio de un canon anual.
Pérez Escanilla cree que esa es una opción viable para conseguir el dinero necesario, y pone como ejemplo los 780.000 euros portados por el ejecutivo autonómico para el matadero de Cáceres. Si no fuera posible, el plan B pasaría por buscar empresas que de manera voluntaria estén interesadas en hacerse con la explotación de las instalaciones durante un número de años a cambio de aportar la elevada inversión necesaria para la reforma.
La decisión no está por lo tanto tomada y dependerá de la respuesta de la Junta en las próximas reuniones que va a mantener el concejal de Servicios Municipales con responsables políticos técnicos, a quienes entregará copias del informe elaborado por Ambling.