La avalancha regulatoria y las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad que entran en vigor el año que viene suponen "una amenaza real" sobre los precios. Es la advertencia que lanza Ignacio González, presidente de Aecoc, la mayor organización española de fabricantes y distribuidores, con más de 33.000 empresas asociadas. Aunque la organización considera que se ha conseguido controlar ya el problema y que "es muy probable que antes de final de año la inflación de los alimentos tienda a cero o incluso entre en terreno negativo", existe una gran preocupación ante la subida de los costes a partir del 1 de enero de 2025 y lo que pueda pasar, consecuentemente, a partir de entonces. " Hay una insoportable presión regulatoria", denunciaba la semana pasada González durante el congreso anual de Aecoc celebrado en Madrid. Entre otras cosas, a partir del próximo 1 de enero se deberán introducir envases reutilizables en los supermercados. El Real Decreto de Envases y Residuos de Envases obliga a que los establecimientos de 300 a 1.000 metros cuadrados cuenten, al menos, con cuatro referencias de bebida en envase reutilizable; si tienen de 1.000 a 2.500 metros deberán tener al menos cinco referencias y los mayores por lo menos siete. En 2025 se empezará además a aplicar el nuevo Reglamento de lucha contra la deforestación. En concreto, desde el 30 de diciembre de 2024 o el 30 de junio de 2025 para las microempresas y las pymes establecidas antes del 31 de diciembre de 2020 se establecerá la denominada diligencia debida, que obliga a las empresas que compren productos del ganado, café, cacao, aceite de palma o soja a que certifiquen que no provienen de cultivos donde ha habido deforestación o degradación forestal. El objetivo es reducir la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial, pero obligará a toda la cadena a garantizar las buenas prácticas también de sus proveedores, dificultando aún más la gestión. El Gobierno ha reactivado asimismo la ley del Desperdicio Alimentario, que quedó paralizada por el adelanto electoral. Entre otras obligaciones, establece una jerarquía de prioridades para dar otros usos a los alimentos que no se venden, la creación de planes de prevención del desperdicio en toda la cadena o que la hostelería facilite a sus clientes llevarse los alimentos que no hayan consumido. Asimismo, la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados establece que si no cumplen los objetivos de separación de las botellas de plástico fijados para 2023 y 2027 "se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025 y 2029". El Ministerio de Transición Ecológica tendrá que recopilar así toda la información correspondiente al año pasado antes del 31 de octubre y en el caso de que no se haya alcanzado el 70% de reciclaje pondrá en marcha los denominados SDDR o sistemas de recogida de depósitos. El sector pide tiempo María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas, la patronal de los supermercados, insiste en que el sector "está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena" , pero denuncia así que "la legislación que nos llega desde todas las administraciones -y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución-, supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia. Al igual que Aecoc y que Asedas, el director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Mauricio García de Quevedo, subrayó ya el pasado mes de septiembre en una jornada sobre sostenibilidad organizada por la patronal, que el sector "cumple y supera los objetivos medioambientales de una normativa muy exigente", lamentando la "excesiva regulación en esta materia". García de Quevedo considera que "es necesario que las empresas tengan un plazo de adaptación suficiente para aplicar la nueva normativa, porque de lo contrario se limita su capacidad de inversión y creación de empleo, especialmente en el caso de las pymes, que representan el 95% del sector". Y es que para el director general de Fiab "España debe acompasar sus exigencias a la legislación europea para no perder competitividad empresarial, sobre todo en la industria alimentaria, que es el primer sector empresarial del país".