10:00 h. El Gobierno cántabro alza la voz en Europa contra la gestión del lobo del Ministerio
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El Gobierno cántabro alza la voz en Europa contra la gestión del lobo del Ministerio
Las comunidades critican la desconvocatoria unilateral de la Conferencia Sectorial sobre el estado del lobo y reclaman una reunión con la UE
Un lobo ibérico suelto en la montaña. / Alerta
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La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria , María Jesús Susinos , junto con representantes de otras catorce comunidades y ciudades autónomas - Galicia, Andalucía, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla - ha firmado una carta conjunta dirigida a la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Jessika Roswall .
En dicha misiva, las comunidades informan sobre la situación generada por el envío de los informes sexenales sobre conservación de hábitats naturales y fauna y flora silvestres por parte del Gobierno de España sin haber seguido, según afirman, el procedimiento legalmente establecido .
Los informes sexenales , cuyo objetivo es informar a las instituciones europeas del estado de conservación de especies y hábitats protegidos , deben ser validados previamente por la Conferencia Sectorial , conforme a lo estipulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario .
Esta disposición exige que los informes cuenten con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas antes de ser enviados oficialmente a Bruselas. Según se detalla en la carta remitida a la comisaria europea, el procedimiento no se ha cumplido .
El 10 de julio de 2025 tuvo lugar una reunión técnica entre las direcciones generales de medio ambiente de las comunidades autónomas , en la que se debatió el contenido del informe referente al estado de conservación del lobo . Durante este encuentro, las comunidades aprobaron por amplia mayoría un documento que calificaba el estado del lobo como «favorable» .
Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) convocó una Conferencia Sectorial con los consejeros del ramo para el 22 de julio , con el objetivo de validar oficialmente los informes y debatir otros nueve puntos del orden del día .
Sin embargo, la celebración de dicha Conferencia fue cancelada el 17 de julio de forma unilateral por el MITECO . El argumento oficial fue la interposición de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra preceptos de la Ley 1/2025 , en la que se enmarca la normativa sobre los informes sexenales.
Las comunidades firmantes consideran que esta razón «no justifica la desconvocatoria en ningún caso» , y sostienen que se ha incumplido el reglamento interno de la Conferencia Sectorial , que permitiría su convocatoria extraordinaria en caso de urgencia .
Las comunidades solicitaron formalmente esa convocatoria extraordinaria los días 21 y 24 de julio , invocando el artículo 12 del Reglamento interno de la Conferencia Sectorial . A pesar de ello, no recibieron respuesta favorable . El 29 de julio , la vicepresidenta tercera y responsable del MITECO, Sara Aagesen , comunicó que no se convocaría la reunión solicitada .
Esta decisión fue interpretada por las comunidades como un intento del Ejecutivo de «soslayar la ley» al remitir los informes a Europa sin el aval preceptivo . En la carta dirigida a la comisaria Roswall, los firmantes denuncian: «no hemos votado a favor de un informe que el Gobierno Central piensa remitir a la Comisión igualmente, soslayando la ley» .
Ante esta situación, las quince comunidades han solicitado una reunión urgente con la comisaria europea para trasladarle lo que consideran una vulneración del principio de legalidad . La carta señala que esta actuación supone «una quiebra en el Estado de Derecho, una vulneración flagrante del principio de legalidad y una profunda indefensión de las Comunidades Autónomas» .
Los firmantes sostienen que se ha ignorado deliberadamente el papel de las comunidades en el procedimiento y se ha marginado su participación institucional .
La situación ha generado un nuevo episodio de confrontación entre varias autonomías y el Gobierno central en materia de política ambiental , especialmente en torno a la gestión del lobo ibérico . Desde la inclusión de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021 , diversas comunidades autónomas, especialmente las de perfil rural y ganadero , han expresado su rechazo a esta medida , argumentando impactos negativos sobre la actividad ganadera extensiva .
La consejera cántabra, María Jesús Susinos , ha manifestado que «el gobierno de Pedro Sánchez utiliza las instituciones a su antojo, menospreciando a los representantes de los gobiernos autonómicos y, de nuevo, a los ganaderos» .
En su intervención dentro de la carta, acusa al MITECO de actuar con falta de transparencia y legalidad : «el MITECO y el gobierno central no están cumpliendo la ley, se lo saltan a la torera cuando lo consideran oportuno» . Según Susinos, la gestión del lobo se ha convertido en un símbolo del distanciamiento entre el Ejecutivo y las comunidades afectadas .
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