El presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos, Víctor Viciedo, denuncia que las nuevas ayudas a las organizaciones agrarias refuerzan un sistema que margina a las entidades independientes El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una convocatoria de 4,3 millones de euros en subvenciones directas para las organizaciones profesionales agrarias más representativas a nivel estatal. El objetivo, recogido en el Boletín Oficial del Estado, pasa por financiar actividades de representación y colaboración institucional ante órganos nacionales y de la Unión Europea. Pero para Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos (ALIV), esta medida «no es más que otra vuelta de tuerca» en un sistema que lleva más de dos décadas sin celebrar elecciones para que los agricultores decidan quién les representa. «Este es nuestro Estado democrático: un sitio donde no se vota y donde se buscan martingalas para poder imponer lo que ellos quieran», sentencia. El Ministro de Agricultura habló con Unión de Uniones y le dijo: 'Tú apoyas las medidas para parar las manifestaciones y yo te doy la representatividad' tan fácil como esoVíctor ViciedoPresidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos (ALIV) La única incorporación en dos décadas ha sido Unión de Uniones, que hasta hace poco no estaba reconocida. Viciedo afirma que su entrada estuvo vinculada a las tractoradas del 6 de febrero: «El Ministro de Agricultura habló con Unión de Uniones y le dijo: 'Tú apoyas las medidas para parar las manifestaciones y yo te doy la representatividad'. Tan fácil como eso». Esa situación quedó consolidada con la Ley 1/2025, que amplió los criterios de representatividad para incluir factores como el número de sedes y afiliados, además de las elecciones, lo que, según Viciedo, «cierra todavía más la puerta» a las organizaciones independientes. El presidente de ALIV rechaza que la falta de elecciones se deba a dificultades técnicas: «No hay ningún problema de censo. Es tan sencillo como coger la relación de autónomos agrarios y añadir a los propietarios con un porcentaje de rendimiento agrario. Eso es un censo electoral». Para él, la razón real es que «al Gobierno no le interesa que haya asociaciones u organizaciones agrarias que puedan conseguir la representatividad y que no estén subyugadas por subvenciones». [embedded content] Viciedo acusa a las organizaciones tradicionales de centrarse en demandas menores y evitar cambios legislativos profundos: «Es humo, parches y deseos. El humo son engaños, como la ley de la cadena alimentaria; los parches, pedir más pague o indemnizaciones por una granizada; y los deseos, grandes eslóganes como 'precios justos', que no llevan a ningún sitio». Asegura que la falta de rentabilidad del sector se debe a la «violación de la preferencia comunitaria» mediante acuerdos comerciales con países de bajos costes de producción y a normativas medioambientales excesivas que reducen fitosanitarios y fertilizantes, mientras los productos importados no cumplen las mismas exigencias. «A la agricultura europea y a la ganadería la están matando a caprichos», sostiene. La representatividad la tienen siempre estas cuatro organizaciones. Y nosotros, que no estamos comprados, quedamos fueraVíctor ViciedoPresidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos (ALIV) Viciedo considera que las subvenciones como la actual alimentan un sistema de «servilismo»: «Necesitan ese dinero porque tienen asalariados y no pueden mantenerlos solo con cuotas. Se han convertido en auténticas gestorías que gestionan la PAC y papeleos, pero no defienden al sector». Añade que muchas organizaciones reciben ingresos adicionales a través de convenios con las administraciones para organizar charlas, campañas escolares o actividades promocionales. Frente a esto, ALIV defiende un modelo sin subvenciones ni asalariados, para no depender de fondos públicos. Forma parte de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, pero sin posibilidad real de alcanzar la representatividad oficial ante la falta de elecciones. «La representatividad la tienen siempre estas cuatro organizaciones. Y nosotros, que no estamos comprados, quedamos fuera», resume. La preocupación por el futuro del campo también se deja sentir entre las nuevas generaciones. «Cada vez quedamos menos jóvenes agricultores, y no es por falta de voluntad, sino por la ausencia de apoyo institucional. En lugar de destinar tantos recursos a subvencionar a las organizaciones agrarias, podrían invertir ese capital en quienes queremos continuar con la agricultura, la ganadería y la pesca», expresa Iñigo Rodríguez, un joven agricultor castellonense de Burriana. «Es un sector poco valorado por algunos y del que otros muchos buscan aprovecharse. Al final, estamos condenados a desaparecer. La administración pública podría, y debería reunirse con nosotros y escucharnos, porque de lo contrario, no tenemos nada que hacer». La resolución publicada en el BOE fija que el plazo para solicitar las ayudas es del 7 al 28 de agosto y que las actuaciones subvencionadas deberán justificarse antes del 20 de noviembre de 2025. Las ayudas, según el gobierno, buscan reforzar la representación institucional, facilitar la interlocución con organismos nacionales y europeos y garantizar la participación de las organizaciones en la toma de decisiones. La controversia sobre estas subvenciones se enmarca en un contexto más amplio: la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 y la agenda medioambiental del Pacto Verde Europeo. Nunca vamos a tener certificaciones de representatividad de las autonomías. Nunca lo vamos a conseguir. Y mientras todo dependa de un puñado de organizaciones subvencionadas, los agricultores no tendremos a nadie que defienda cambios de verdadVíctor ViciedoPresidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos (ALIV) Por un lado, Bruselas impulsa una transición hacia prácticas más sostenibles, reduciendo el uso de fertilizantes y fitosanitarios, y exigiendo una trazabilidad más estricta. Por otro, mantiene acuerdos comerciales que, según voces como la de Viciedo, ponen a los productores europeos en clara desventaja frente a importaciones más baratas y menos reguladas. La falta de elecciones agrarias desde hace más de 20 años y la concentración de la representatividad en un reducido grupo de organizaciones cuestionan la pluralidad en la interlocución entre el campo y el Gobierno. Mientras las entidades subvencionadas se consolidan como únicas portavoces oficiales, asociaciones independientes y jóvenes agricultores reclaman un cambio de modelo que les permita ser escuchados. En palabras de Viciedo, «nunca vamos a tener certificaciones de representatividad de las autonomías. Nunca lo vamos a conseguir. Y mientras todo dependa de un puñado de organizaciones subvencionadas, los agricultores no tendremos a nadie que defienda cambios de verdad».