Upa y Coag arremeten contra los productores de pienso y harina que no prioricen el cereal de Castilla y León

La Alianza advierte de la deriva "insoportable" del mercado cerealista y pide al Gobierno de España que niegue ayudas públicas a estos fabricantes La Alianza UPA-Coag levanta la voz contra las empresas fabricantes de pienso y harina que no cumpla ley de la cadena Alimentaria y no prioricen la compra de cereal que produce en Castilla y León con un precio que sea lo "suficientemente remunerativo" . En comunicado al que ha tenido acceso este periódico, la organización profesional agraria advierte la grave situación que están atravesando los cerealistas de la Comunidad y pide al Gobierno de España que, además de negar cualquier tipo de ayuda pública a estas empresas, recupere los aranceles del cereal procedente de Ucrania. "La deriva del mercado cerealista es insoportable deriva" , denuncian desde la alianza Upa-Coag, donde alertan también los "injustificables precios" que se están poniendo y llaman a las cooperativas cerealistas de Castilla y León a seguir el ejemplo de Acor con la colza y el girasol, "donde todas las partes ganan". Castilla y León produce en estos momentos 5,7 millones de toneladas de piensos, a los que se destina la mayor parte del cereal, una cantidad que, según afirman estas opas, está por debajo de la producción media regional de cereales. Además, la Alianza recuerda que la importación de cereales procedentes del extranjero "no llega porque sí" , sino que se deben a las compras previamente realizadas por los fabricantes de piensos o harina. Y apunta que uno de los mayores importadores de trigo en España opera precisamente desde Castilla y León y sus compras condicional "totalmente" los precios de los productores de cereal. Finalmente, Upa y Coag critican que haya productos sellados con la marca "Tierra de Sabor" que se elaboran con carne, harina, leche o huevos que tienen su origen en este tipo de piensos producidos en el extranjero . "Esto es un sinsentido", lamenta la alianza, que pide a la Junta la "máxima responsabilidad y control" en este asunto.