El Plan Global frente a inundaciones del Júcar del año 2000 preveía la construcción de tres presas en la zona afectada por la DANA para asegurar la mitad de un territorio que consideraban descontrolado frente a una riada. Más de 24 años después, las presas de Estubeny y Marquesado se encuentran fuera de la planificación del Gobierno que las consideraba de dudosa viabilidad y apenas se ha avanzado en la tramitación de la declaración de impacto ambiental de la de Montesa, la única que ha logrado sobrevivir dentro del tercer ciclo de Planificación hidrológica del Ejecutivo. Según indicaba la planificación del año 2000, la superficie no controlada por embalses de laminación -que permiten reducir la fuerza con la que bajan riadas- desde el pie de las presas de Tous en el Júcar, Bellús en el Albaida y Forata en el Magro hasta el punto de confluencia con el Júcar, era de aproximadamente 2.230 km2. Con la construcción de estas tres presas se controlarían 246 km2 con la presa de Estubeny, 520 km2 con la presa de Montesa y 300 km2 con la presa de Marquesado, lo que representaba un 48% del territorio con grave riesgo de inundaciones. El documento del por entonces Ministerio de Medio Ambiente mostraba su preferencia general por las presas, respecto al acondicionamiento del cauce, por los problemas de los afluentes existentes aguas abajo de Tous, principalmente los ríos Sellent, Albaida y Magro. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hizo esta misma semana un llamamiento a llevar adelante los proyectos planteados para evitar inundaciones y pidió a las administraciones no quedarse en el argumento de que la solución es cara. Por contra, grupos ambientales como Acció Ecologista se oponían a su construcción por su impacto ambiental. Pocos recursos El Ministerio de Transición Ecológica aprobó en enero de 2023 la nueva planificación hidrológica para la Cuenca del Júcar. En la misma, ya eliminadas las presas de Estubeny y Marquesado, se prevé una inversión de 223 millones para los asuntos relacionados con la contención de inundaciones para el periodo 2022 y 2027 pese a considerar que los fenómenos climáticos adversos iban a ser crecientes en los próximos años por el cambio climático. El Plan hidrológico actual incluye un total de 492 medidas con un presupuesto total de 2.185 millones. Ribera incluyó en este tercer ciclo de planificación un total de 32 medidas para evitar inundaciones, frente a las 150 propuestas para la reducción de la contaminación o las 59 dedicadas a la gobernanza del agua, es decir, que no se consideraba un tema prioritario ni por asignación de recursos (apenas un 10%), ni por número de medidas. A esta falta de atención se le suma que la mitad de las partidas previstas para la recuperación y revisión tras inundaciones y la gestión de sus riesgos se quedaron sin asignación económica. Entre las partidas que se quedaron sin dinero se encuentra, por ejemplo, atender obras de emergencia para la reparación de infraestructuras afectadas incluyendo sanitarias y ambientales básicas. Los planes de protección civil para acciones de apoyo a la salud, asistencia financiera, incluida la legal, así como reubicación temporal de la población afectada. La promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes, incluyendo los seguros agrarios. Y, por último, la evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación. Parálisis desde el 2000 El documento elaborado por Transición Ecológica, no obstante, fue el primero en recoger las medidas correspondientes a inundaciones ya que la planificación correspondiente al segundo ciclo -elaborada por el Gobierno del Partido Popular- no las incluía porque correspondían al Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones. Según el texto del documento en vigor, el actual plan se limita a recoger "de forma resumida el conjunto de medidas que forman parte del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar del segundo ciclo", es decir, que en la última revisión no se añadieron propuestas adicionales. La planificación hidrológica recoge también doce medidas para disminuir o mitigar el efecto de las inundaciones (10 de competencia de la Generalitat Valenciana) por un total de 51,8 millones de euros. Las medidas se centran en actuaciones en la provincia de Valencia en los siguientes municipios: Alcàsser, Alginet, Almussafes, Benifaiò, Beniparrell, Silla y Sollana, así como en la zona del Barranco dels Frares que implica a Burjassot, Godella, Rocafort y Valencia.En Castellón, implica a los municipios de Aín (Barranco de Teulería) y Benlloc (Barranco de la Font).El Ministerio de Transición Ecológica no tiene presentado aún en su web el informe de seguimiento del Plan de gestión del riesgo de inundaciones correspondiente a los años 2022 y 2023, pero en el de 2021 se indica ya que gran parte de las medidas previstas no se han ejecutado. El BEI destina 900 millones a las inundaciones El BEI prepara una respuesta inmediata de 900 millones para acelerar el despliegue de iniciativas existentes y apoyar la reconstrucción de infraestructuras críticas que llevarán a cabo las autoridades regionales y organismos públicos en España, como se hizo en respuesta a las inundaciones en Europa Central el pasado mes de septiembre. "El Banco Europeo de Inversiones se ha movilizado rápidamente para agilizar el apoyo financiero para la reparación y reconstrucción de hogares, empresas e infraestructuras. Tenemos que asegurarnos de reconstruir mejor: con técnicas adaptadas a la nueva realidad, que resistan y protejan ante los shocks climáticos cada vez más frecuentes e intensos" declaró Nadia Calviño, presidenta del BEI.