Romeo expresó la intención del movimiento ciudadano de paralizar la tramitación de este Decreto de Centros de Datos "hasta planificar, ordenar y limitar el uso de recursos". Dentro de un registro marcadamente nacional, Romeo defendió hacer frente al "problema inmenso con la gran cantidad de proyectos de centros de datos previstos, y mucho más concentrado donde tenemos agua como es el corredor del Ebro, tanto en Aragón como en Cataluña, con una invasión de centros de datos que no tiene ningún sentido y es inadmisible". En su explicación, el portavoz de Energía y Medio Ambiente de Teruel existe señaló que el decreto se fundamenta en premisas "falsas, en referencia al consumo energético de estos centro, de los que se ha dicho que el 80 po r ciento de la energía que consuman procederá de origen renovable. "Es mentira, no es viable por la inestabilidad del propio sistema (...) tienen que ser energías renovables nuevas para no tocar las de nuestro sistema, y así provocan que se continúe especulando con el medio rural todavía más", recalcó Romeo. Amenaza a la España vaciada Según el colectivo, el avance de este decreto implicaría "destruir todo Aragón y los pueblos de la España vaciada" para alimentar macroinstalaciones de multinacionales estadounidenses ocupando "miles de hectáreas, construir nuevas líneas y subestaciones, transformar paisajes, consumir agua y territorio, con el objetivo principal de alimentar centros de datos de grandes dimensiones". Para el Movimiento ciudadano esto no es la transición ecológica, sostenible y energética que prometen sino que es "un negocio de los grandes poderes de Estados Unidos que han venido aquí a destruir el país; y además no lo compran, simplemente se lo están regalando los gobernantes sin límites, hasta le quitan la capacidad de cobrar los impuestos pertinentes a nuestros ayuntamientos". Uno de los aspectos en los que Romeo insistió este martes fue en el impacto hídrico de la implantación de estos centros de datos, recordando que requieren de un "enorme" consumo de agua que una vez ha pasado por sus sistemas de refrigeración "aproximadamente el 70% se evapora y el resto queda irreversiblemente contaminada". Además, alertó de que la provincia corre el riesgo de ser relegada a una "batería barata de territorios desarrollados", convirtiendo sus campos en un monumental solar industrial que no genera empleo estable ni fija población. También se refirió a los más de 12 GW de capacidad de acceso eléctrico ya comprometidos para estos centros, lo que representa el 22,3 por ciento de la punta de demanda nacional prevista para 2030. Desde TE se valoró que esta reserva bloquea la red e impide el desarrollo de cooperativas, empresas locales y proyectos de electrificación territorial. El "agujero" aragonés El movimiento ciudadano Teruel Existe no encuentra deficiencias legislativas solo en Madrid. Para TE es especialmente agravante la situación en Aragón, con la Ley 5/2024 (aprobada la pasada legislatura por PP y PSOE bajo el mandato de Jorge Azcón, recordó Romeo) actualmente vigente y aplicable, incluidos los preceptos impugnados, aunque existe un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolución definitiva. Previamente, el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional la ley anterior, "prácticamente idéntica y aprobada en el mandado del cuatripartito de Javier Lambán", apostilló Romeo, que señaló que "la ley puede aplicarse mientras se está tramitando ese recurso, lo cual no quiere decir que sea constitucional, pero está parálisis no otorga ninguna seguridad jurídica". El portavoz del movimiento ciudadano dijo que con este marco legal ""queda abierto un agujero para que en Aragón se utilice la ley aragonesa, y que la pueden copiar luego otras comunidades autónomas". Por ello, la plataforma reclama al Tribunal Constitucional que resuelva cuanto antes las cuestiones pendientes que afectan a la compatibilidad de esta legislación con el marco estatal energético y competencial, porque mientras avanzan proyectos de enorme impacto territorial.