Primeras reacciones a las líneas básicas de la nueva Política Agraria Común (PAC), que debería entrar en vigor a partir de 2020. Las líneas básicas de la futura PAC, avanzadas por HOY el pasado miércoles, pasan por la intención de Bruselas de obligar a los Estados miembros a cofinanciar las ayudas directas, que hasta ahora asume exclusivamente la Comisión Europea, y darles una mayor capacidad para gestionar el presupuesto general de la PAC en su territorio. Igualmente estudia orientarla más hacia criterios medioambientales que productivos.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, defiende que deberá ser financiada «íntegramente» con los fondos comunitarios, una postura que España defenderá de manera «clara» ante la Comisión Europea. España rechazará frontalmente una posible cofinanciación de las ayudas a la política agrícola para lo que también buscará «apoyos internacionales».
Tejerina iniciará el próximo lunes la ronda de contactos con las comunidades autónomas para confeccionar la postura que España defenderá en Bruselas.
Sobre esta futura PAC, la ministra insistió en que será «fundamental» para los agricultores españoles los pasos que ahora se den en este sentido, pues ahora es tiempo de «adoptar los cambios necesarios» para garantizar que los profesionales cumplan los requisitos que la Comisión dictamine en el futuro.
Unos cambios que pasan por la modernización del sector en aspectos relacionados con la lucha contra el cambio climático, que «tanto ha afectado en este año de sequía», o en otros relacionados con la incidencia de este sector en la cadena alimentaria, señala.
Reacciones extremeñas
En Extremadura, UPA-UCE reclama a Bruselas que la nueva PAC mantenga el mismo criterio para todos los países y considera que es «mejor si es más común, con reglas iguales para todos los agricultores y ganaderos». De forma concreta critica que la propuesta vaya en la línea de dar más capacidad a los Estados para adaptar y personalizar la PAC. Esta medida supone «echar balones fuera». La PAC es «mejor si es más común, con reglas iguales para todos».
«Queremos que tenga en cuenta aspectos específicos, regionales o nacionales, pero que no se rompa ese criterio común que debe reinar en el proyecto europeo», añade en nota de prensa. UPA-UCE considera necesarios los pagos directos a agricultores y ganaderos para conseguir los objetivos que persigue la PAC, un sistema agroalimentario «seguro, suficiente y de calidad».
Por otro lado, celebra que la Comisión proponga incorporar los mecanismos de redistribución de ayudas. UPA-UCE siempre ha reclamado que vayan a los agricultores y ganaderos «con carácter familiar, que sean más profesionales y más empleo generen».
Mientras, la Coordinadora Agraria de Extremadura considera maquiavélica la propuesta de la UE sobre la futura PAC. «Tras unos objetivos aparentemente loables y sostenibles, que pretenden dar respuesta a las principales demandas de los ciudadanos europeos, enmascara unas políticas que pretenden ahondar en una mayor desregulación de los mercados y un recorte de las ayudas», apunta esta organización.
Asimismo, recalca que la experiencia de anteriores reformas de la PAC confirma que las «políticas de escaparate teñidas de verde no garantizan rentas dignas ni precios justos para los agricultores y no refuerzan la posición de los productores en la cadena de valor agroalimentaria». Por eso, dice, es «contradictorio querer abordar nuevos y grandes retos con menos presupuesto».
La Coordinadora ve riesgos y oportunidades en el borrador conocido de la próxima PAC. Entre los riesgos cita un presupuesto insuficiente, el recorte encubierto de ayudas y una mayor desregulación de los mercados. Por contra, valora los planes estratégicos nacionales, que definen un nuevo sistema de ejecución de la PAC, y el hecho de que la «innovación esté al alcance de todos».