El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró que «la reputación, la valorización del trabajo de los agricultores y ganaderos españoles «está fuera de discusión» y será uno de los principales ejes de la actuación de este departamento, porque el balance que este sector aporta a la sociedad es tremendamente positivo y es pionero en la defensa del medio ambiente, mucho antes de existieran los ambientalistas».
Planas se reunió en la sede del Ministerio con representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, con quienes ha analizado los principales temas que preocupan al sector agrario. Es la primera reunión que mantiene, tras su ratificación como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El ministro considera fundamental explicar a los ciudadanos que producir alimentos suficientes en cantidad y calidad, que cumpla las normas sanitarias y fitosanitarias y precios razonables, "es una tarea muy complicada, que implica mucho trabajo por parte de nuestros agricultores y ganaderos", y que tiene que ser debidamente reconocida por la sociedad.
Al respecto, reiteró el compromiso del Gobierno de dialogar «mano a mano» con el sector para ofrecer soluciones y aplicar las reformas que sean necesarias, a medio y largo plazo, con la perspectiva que ofrece una legislatura de 4 años.
Año clave para la PAC
Para el ministro, este año 2020 será clave en el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) , dado que el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la UE, del que depende el presupuesto de esta política, deberá aprobarse y ahí tenemos el firme compromiso del Gobierno para defender el mantenimiento de los fondos ,como herramienta de estabilidad y futuro para el sector, sobre todo ante la mayor ambición medioambiental de esta política.
Planas mostró su intención de presentar antes del final de este primer semestre de 2020 las conclusiones del trabajo que han venido realizando con las CC.AA. y con las organizaciones agrarias y ambientales para identificar las necesidades de la futura PAC y su aplicación en España, de cara ya a elaborar un primer borrador de Plan Estratégico Nacional en torno a verano para que sea aprobado y presentado luego ante la UE en enero de 2021, siendo España uno de los primeros países comunitarios en hacerlo.
En este sentido, Planas señaló que la agricultura profesional y familiar es "un modelo de referencia al que deben dirigirse las ayudas, para que éstas se destinen a quien lo necesite realmente y sean un instrumento para apoyar la consecución de la rentabilidad que no se obtenga del mercado.
Asimismo, Planas hizo referencia a las perspectivas normativas para la próxima legislatura. Entre ellas, la trasposición a normativa nacional de la directiva comunitaria en materia de prácticas comerciales desleales, momento que se pretende aprovechar para actualizar la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria.
También señaló que se adoptarán medidas para mejorar la aplicación de la ley titularidad compartida, aprovechando la mejora y actualización que se quiere hacer de la Ley del año 1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias.
Asimismo, Planas recordó la importancia de impulsar el sistema español de seguros agrarios, que será uno de los aspectos clave a tratar con el sector durante la presente legislatura, ante las incertidumbres de las adversidades meteorológicas y el cambio climático sobre las producciones agropecuarias.
Aranceles y crisis
Sobre los aranceles impuestos a determinados productos agroalimentarios, Planas recordó que el Gobierno demandó la máxima firmeza a la Comisión Europea en las negociaciones que mantiene con Estados Unidos y, en este sentido, "esperamos que estos aranceles se neutralicen y puedan desaparecer porque son una carga absolutamente injusta sobre nuestro sector agroalimentario."
Al respecto, señaló que habrá que ver cuál es el resultado de la visita estos días del comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, a Washington para abordar esta problemática, así como la reunión que mantendrán los ministros de Agricultura de la UE con el secretario de Agricultura norteamericano, Sonny Perdue, el lunes 27 de enero en Bruselas, que será una ocasión para situar al sector agrario y agroalimentario fuera de esas dispuestas comerciales ajenas.
En relación a la situación del mercado del aceite de oliva, el ministro indicó que en unos días comenzará la tercera licitación para el almacenamiento privado, en la cual el Gobierno está intentando que la Comisión Europea comprenda la necesidad de efectuar la retirada temporal del mercado de un volumen suficiente, que favorezca la estabilización y la subida de los precios en origen.
En el encuentro con las organizaciones agrarias se repasaron también las «hojas de ruta» de otros sectores productivos en las que persisten problemas y se necesita una mayor actuación, como son los casos del vino y los cítricos, así como los sectores de la fruta de hueso y de la horticultura intensiva, bajo plástico.
Por último, el ministro afirmó que trabaja con la hipótesis de que el esquema básico de este Departamento va a continuar igual y espera que cuente con amplias mayorías parlamentarias en asuntos que deben suscitar consenso en la actual legislatura, como la revisión de la Ley de la cadena o el impulso a la cotitularidad de las explotaciones agrarias.
También coordinará las actuaciones de este Departamento con los Ministerios responsables en los ámbitos de reto demográfico (Ministerio para la Transición Ecológica, con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfic o) y de digitalización del medio rural (Ministerio de Economía, con la Estrategia Nacional para la Digitalización del Medio Rural).
Por su parte, los máximos representantes de las organizaciones agrarias, Pedro Barato (ASAJA), Lorenzo Ramos (UPA) y Miguel Blanco (COAG) coincidieron con el ministro en la necesidad de dar valor a la actividad agraria y que desde la sociedad no se «criminalice» al sector por su incidencia sobre el medio ambiente, donde aporta muchos más beneficies, que desventajas, o la política de regadíos.
En cualquier caso, las tres representantes de las OPAs se mostraron muy preocupados (habrá manifestaciones y movilizaciones unitarias en las CC.AA.) por la crisis de bajos precios en origen que sufren productos emblemáticos, como el aceite de oliva, las frutas de hueso, cítricos y hortalizas de invierno, así como por las repercusiones que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene sobre los costes y la rentabilidad de las pequeñas explotaciones agrarias, además de insistir, entre otras cosas, en la necesidad de que se mantengan el presupuesto actual de la PAC, se solucionen las sanciones arancelarias de Estados Unidos, se modifique el sistema para impulsar los seguros agrarios y, en suma, se ponga en valor la actividad agraria por su contribución a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de amplias zonas de nuestro territorio nacional.
Igualmente, las tres OPAs demandaron un reparto más justo y equilibrado del valor y de la rentabilidad de cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria y la necesidad de defender -y no criminalizar-el uso del agua para el regadío, porque es esencial para el desarrollo presente y futuro de nuestra agricultura.