Pino exige respaldar la producción nacional de azúcar frente a las importaciones

Pino recordó que España registra una tasa de autoabastecimiento de azúcar del 25 por ciento, con un consumo anual de aproximadamente 1,3 millones de toneladas frente a una producción nacional de poco más de 300.000 toneladas. En particular, señaló al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como una amenaza para los productores comunitarios, debido al peso de Brasil en la producción mundial de azúcar de caña y a las diferencias en las condiciones de producción. Pino denunció que los agricultores europeos deben afrontar restricciones fitosanitarias y exigencias ambientales que no siempre se aplican a los productos importados, lo que "genera una situación de competencia desigual". "Tenemos dificultades para competir en los mercados internacionales porque aquí no tenemos las mismas condiciones y las mismas reglas de producir que lo que viene de fuera", afirmó. El titular de Agricultura también criticó las limitaciones en materia de productos fitosanitarios y semillas, que relacionó con la reducción de los rendimientos y de la riqueza azucarera registrada durante los últimos años. A estas dificultades añadió las restricciones en el uso del agua, cuestionando la política hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Gobierno central. Defendió que el agua constituye "un recurso esencial" para generar empleo y riqueza en el medio rural y reclamó que esté al servicio de la producción de alimentos. Por otra parte, destacó la importancia histórica de la remolacha en distintas comarcas de Valladolid, Ávila y Segovia, donde este cultivo contribuyó al desarrollo económico de numerosas familias. "Queremos que vuelva a ser un referente la remolacha, que tenga un precio atractivo, que podamos competir con las mismas herramientas y que lo que venga de fuera esté producido con las mismas condiciones que lo de dentro", subrayó. PAC orientada al agricultor profesional En relación con la próxima PAC, Pino aseguró que la Junta comparte las reivindicaciones planteadas por Acor y recordó que la semana pasada trasladó a Bruselas la posición de Castilla y León sobre la futura política agraria. Entre sus principales demandas destacó el mantenimiento de las ayudas al cultivo de la remolacha, la recuperación de los apoyos al girasol y la incorporación de medidas específicas para las zonas cerealistas de bajo rendimiento. Asimismo, rechazó la aplicación de mecanismos que penalizan a las explotaciones profesionales de mayor dimensión, como los límites máximos de ayudas y determinados aspectos del pago redistributivo. "Queremos una PAC orientada al profesional que no penalice el dimensionamiento de nuestras explotaciones de Castilla y León", afirmó. El consejero también reclamó que los agricultores profesionales no soporten mayores controles y exigencias que aquellos que desarrollan la actividad agraria a tiempo parcial. Finalmente, el consejero defendió las medidas adoptadas por la Junta para reducir las cargas económicas y administrativas de los agricultores, entre ellas la flexibilización de determinadas obligaciones de la PAC y la autorización de quemas controladas de rastrojos por motivos fitosanitarios. Pino aseguró que el Ejecutivo autonómico agotó sus posibilidades de actuación dentro del marco normativo vigente y reclamó al Ministerio de Agricultura nuevas decisiones que permitan aliviar los costes de producción. "La Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, ya no puede hacer más. Hemos flexibilizado al máximo", sostuvo. En este sentido, criticó la respuesta negativa del Ministerio a las nuevas propuestas de flexibilización planteadas por la Comunidad y rechazó los argumentos relacionados con la necesidad de modificar el Plan Estratégico de la PAC o solicitar autorización a la Comisión Europea. "Ahora al que le toca mover ficha es al Ministerio. Le hemos pedido más y ya tenemos la respuesta: ha sido un no", lamentó. Pino insistió en que la Junta continuará defendiendo estas reivindicaciones ante el Gobierno central y las instituciones europeas, con el objetivo de "garantizar la competitividad de la remolacha y preservar el peso económico y social de este cultivo en Castilla y León".