La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva actúa como portavoz de "un millar de agricultores" que pelean por obtener derechos de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. El censo de sus integrantes no es público pero ha sido el principal interlocutor estos meses con la Junta de Andalucía. En contra de la Comisión Europea, la Unesco o la comunidad científica, además de los ecologistas, estos agricultores llevan ya casi una década peleando por recuperar las hectáreas de regadío que el plan de ordenación de la fresa, aprobado en 2014, dejó fuera para preservar Doñana. Es un conflicto enconado desde hace veinte años. El 'lobby' agrícola ha ganado peso después de que el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno , prometiera una solución e impulsara una proposición de ley que reclasifica los suelos y que se congeló en el tiempo de descuento para tratar de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la nación, que ya anunció que llevaría la norma al Tribunal Constitucional . Durante estas dos semanas de tregua ha habido dos reuniones, comunican "avances" pero el conflicto sigue abierto y las espadas de los agricultores en alto. En esta entrevista su portavoz, Julio Díaz, que fue diputado de Cs en la anterior legislatura, insiste en que el acuerdo pasa por regularizar hectáreas de regadío , aprobar la ley de PP y Vox, y la compra de estos terrenos . ¿Cómo están los agricultores que integran su Plataforma tras el parón de la proposición de ley del regadío en el Condado de Huelva? Están lógicamente escépticos ante un diálogo sobrevenido al final. Le dan una oportunidad al diálogo porque lo ha hecho el presidente, Juan Manuel Moreno, pero como ya hemos dicho no será ni paralizante ni 'sine die'. Hay que dar soluciones a la problemática tan compleja que generó el mal diseño y peor ejecución del plan de la corona, que dejó a familias sin su medio de vida y que acabó en 2014 con suelos que en su mayor parte habían sido de regadíos y que por eso obtuvieron fondos europeos. No han sido siempre suelos de secano, como dice la ministra, no es cierto, igual que no es cierto que no haya agua, depende de sus responsabilidades y hasta ahora nada ha hecho de las infraestructuras que están comprometidas. P. ¿Tienen ya una radiografía de quiénes serán los beneficiarios de un posible acuerdo? Hablan de pequeños agricultores pero hay muchas empresas y cooperativas con importantes beneficios. Las cooperativas son importantes porque aglutinan a la economía social de la zona. Claro que hay alguna empresa mediana pero desde luego no hay terratenientes ni fondos de inversión . Nadie habla ya tampoco de amnistía, porque no es esa la intención, no son indultos ni amnistías, eso va por otros lares. Igual que ni la ley es de Doñana ni es de regadío, pero es una batalla perdida. Perdone, claro que es de regadío. La proposición de ley que permanece congelada sí amplía el número de hectáreas de suelo de regadío en la corona norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del Parque, en explotaciones además que tienen multas por extracciones ilegales de aguas subterráneas que afectan al acuífero . Es que nunca que hubo que sacar hectáreas del plan de la corona porque fue un error. Por eso se llaman derechos históricos que los agricultores tendrán que demostrar caso a caso cuando se modifique la ley. Esa es nuestra posición ahora, defendemos que no es incompatible la aprobación de la ley con que se pacten soluciones con las que estemos todos de acuerdo. La proposición de ley homogeneiza el problema y lo simplifica. Hay una casuística muy compleja. Hay tierras que fueron de regadío, que hoy son de secano y que son trozos de fincas. Hay agricultores que tienen rotas sus fincas en tres, con zona forestal, donde plantaron eucaliptos, tierras que riegan con derechos y tierras comprometidas por el plan de 2014. Que se apruebe la ley y se aplique una solución al día siguiente sería más fácil para todos. Si se aprueba esa norma, unas 750 hectáreas, la mitad de ese suelo que ahora es secano o forestal, pasarán a ser regadío. Eso haría que se revalorizara de forma importante, hasta multiplicar por diez su precio. La ministra (para la Transición Ecológica, Teresa Ribera) dice que no va a comprar tierras que no tengan derechos de riego. Pues así, si se aprueba la norma, todas tendrían derechos de riego, aunque sea por un día, hasta que se solucione después el problema con un acuerdo que debería cerrarse antes, con el gesto además de no llevar la norma al Tribunal Constitucional. Entiendo que sería un buen negocio, el precio de esas tierras se dispararía. Lo dice la Consejería de Agricultura. Puede estar más cerca de 40.000 euros la hectárea que de 140.000 como he visto publicado. Eso lo tasaría objetivamente las dos administraciones. Esto no es un negocio, la gente lo que quiere es recuperar las tierras que fueron de sus antepasados y el resarcimiento moral, muchas de estas personas se quedaron sin su medio de vida. Cada uno en el ejercicio de su libertad, cada agricultor que tome decisiones una vez que sus tierras recuperen sus derechos. Aquí no hay agricultores legales e irregulares, habrá algún caso, pero la mayoría tienen suelos parcialmente irregulares, porque tienen también tierras con derecho a riego. Esa es la complejidad. Son 1500 agricultores y entre 750 y 800 hectáreas. La propiedad está muy fragmentada. ¿Tienen el compromiso expreso del presidente de la Junta de que serán los agricultores los que tengan la última palabra? Para nosotros, la palabra del presidente de la Junta es nuestro tesoro, eso y la proposición de ley que está en el Parlamento. Hasta ahora el presidente andaluz lo que ha hecho es comprometerse de verdad en la solución del problema y con los agricultores. ¿Serían partidarios de que se queden fuera del acuerdo aquellos que tengan multas por extracción ilegal de aguas? Esto viene directamente de parte del Ministerio, estoy seguro. A ver, estamos pidiendo que se corrija un error utilizando un procedimiento legítimo en el Parlamento de Andalucía. Es este Gobierno el que está negociando una amnistía fuera de la Constitución. Insisto ¿estaría a favor de dejar fuera a quienes tengan sanciones? Cuando gobernaba el PSOE la administración autonómica fue muy permisiva y se llevó años mirando para otro sobre quienes creían que eran sus votantes, se podían hacer promesas para seguir gobernando. Con el 'Plan Andalucía se crece' de 2004 el PSOE sacó 61 diputados, mayoría absoluta, con un apoyo masivo de Huelva, donde se prometían 20.000 hectáreas de regadío en el Condado y el Andévalo y 235.000 hectáreas de regadío en toda la provincia. Luego llegó 2014 y Europa dijo qué están haciendo con Doñana, cuadraron a martillazos el mapa agrícola como si los agricultores fueran el problema y no la solución. No me acaba de contestar, no me remonto a 2004 sino, por ejemplo, a los últimos cinco años. ¿Quién tenga sanciones por extracción ilegal de agua puede recibir dinero público pese a haber actuado de forma ilegal y dañado gravemente Doñana? Contesto, en muchos casos se ha propiciado este escenario porque se ha mirado para otro y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene mucho peso. Hay agricultores que han caído en esa situación porque se ha propiciado. Hay pozos que se han llevado años para cerrarlo. El Gobierno propone cultivos alternativos, ¿Lo ve posible? Qué nos van a proponer, ningún cultivo es más sostenible que los frutos rojos. Dígame qué soluciones proponen los agricultores. El camino más directo a la solución de los problemas es la aprobación de la ley. Desbloquear la norma y negociar una solución para el día después. Dar a todos sus derechos de regadío. El Ministerio ha dicho que se invertirán en la zona otros 350 millones además de los 356 ya comprometidos. ¿No se fían? No confiamos en la postura del Gobierno, no tenemos ningún documento que nos haga tener la seguridad jurídico técnica que nos permita verlo de otra forma. Ya son muchos palos y muchas zanahorias a los agricultores. Ya nos ofrecieron un PERTE agroalimentario pero eso no es la solución del problema, eso es complementario. Lo del Gobierno es un cambio muy brusco. Los precedentes son insultos y una tensión muy grande. Una politización insoportable de Doñana y los frutos rojos, incluso apoyando el presidente del Gobierno y la ministra una campaña de boicot que venía de Alemania para posicionar las fresas alemanas. Las declaraciones de la ministra solo hablan de todas las líneas rojas, a la vez que no paran de hablar de la Fiscalía, de que no van a mover el plan hidrológico, que están todas las puertas cerradas. Pues va a ser que no, porque nosotros tenemos una proposición de ley que sí nos soluciona el problema. Si hay propuestas inteligentes, concretas, imaginativas en las que confíen los agricultores, que vayan a la raíz del problema, será que sí. Es cierto que el presidente andaluz ha dicho que no habrá acuerdo sin el visto bueno de los agricultores pero usted sabe que hay otros freseros que no están a favor de esta regularización de más hectáreas y Moreno ha admitido también que habrá que contentar "a la mayoría". Hay un grupo de agricultores de Almonte a los que llaman Puerta de Doñana, que es una asociación que se crea artificialmente, estimulada por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ministerio para generar un relato de división entre los agricultores. El que era vicepresidente de la Plataforma ahora está enfrente porque le han dado 6 hectómetros cúbicos de agua, para 2.100 hectáreas, de la masa de la Rocina, que es la que en peor estado está. A todos los sitios donde van el presidente de la CHG y la ministra van estos cuatro o cinco agricultores, que dicen que son 500 y es mentira, y ahí sí que hay terratenientes y ellos sí que están en el corazón de Doñana. Con su autorización después de 2020, con el acuífero ya declarado sobreexplotado. Son muy egoístas.