El agua (o su ausencia) como agente de confrontación. PP y PSOE han comenzado el curso parlamentario andaluz con un cruce de acusaciones sobre quién tiene la culpa de la falta de agua en los embalses de la comunidad. Cuatro años hidrológicos con precipitaciones por debajo de la media han provocado que las cuencas estén bajo mínimos. Pero los partidos, que no pueden discutir sobre la lluvia, han optado por hacerlo sobre quién tiene la culpa de que el agua que cae no llegue a los grifos y a los regantes. La responsabilidad de las obras hídricas enfrentaron este miércoles a populares y socialistas en el primer Pleno ordinario de la legislatura . La tesis del PP y el Gobierno de la Junta pasa por recordar que la mayor parte del agua de la comunidad depende del Ejecutivo central, ya que la principal cuenca del territorio es de competencia nacional. Se trata de la cuenca del Guadalquivir , que ocupa la mayor parte del territorio y supone el 67% de los recursos hídricos de Andalucía. Y en esta sequía es la que peor registro tiene en todo el país, puesto que está solo al 20,95% de su capacidad. El resto son l as cuencas internas, Guadalete-Barbate, Mediterránea y Tinto, Odiel y Piedras , que es la que presenta una mejor situación, la única que superaba el 50% de su capacidad a 13 de septiembre. En el PSOE no están de acuerdo, como se encargó de defender la diputada Mercedes Gámez, que leyó el artículo del Estatuto andaluz que dice que las competencias de las obras hidráulicas son autonómicas sin importar la cuenca. Solo las obras de interés general corresponden al Estado, parafraseó Gámez. Además, el líder socialista, Juan Espadas , entregó a Moreno en una reunión la pasada semana una lista de las obras que corresponden a la Junta y que deben ponerse en marcha. El diálogo de sordos no fue mucho más lejos. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural pidió al Ejecutivo que ponga en marcha sus obras. "Nosotros haremos las nuestras y arrimaremos el hombro", defendió Carmen Crespo en la tribuna. La almeriense recordó que la última vez que se subió al estrado del Parlamento andaluz solicitó a la Cámara el apoyo para aprobar el segundo decreto de sequía, vigente actualmente, y que está ejecutado "al 48%". Las inversiones asociadas a esa norma alcanzan los 141 millones de euros , mientras que Crespo aseguró que el decreto de sequía que el Gobierno ha aprobado para la cuenca del Guadalquivir incluye obras por un valor que no llega a los diez millones. El PP extenderá el debate a la segunda jornada de Pleno, que se celebra este jueves y que incluye una proposición no de ley con las obras que los populares consideran que el Gobierno debe poner en marcha para paliar la escasez de agua en la comunidad. El Gobierno central anunció el mismo martes la aprobación de las obras en el pantano de Iznájar (Córdoba) que da servicio a más de 250.000 personas al sur de la provincia. En el comunicado que remitió la Administración central elevó a 600 millones de euros la inversión que los ministerios de Transición Ecológica y Agricultura tienen en marcha en la comunidad, en otra muestra de los datos cruzados que alimentan este nuevo episodio de confrontación. La sequía va camino de convertirse en el principal objeto del debate político, toda vez que el propio Ejecutivo andaluz ha creado un comité de crisis que se reunirá por primera vez este viernes y que será presidido por el propio Juanma Moreno . Así lo decidió el Consejo de Gobierno en su reunión semanal, que impulsa un organismo en el que tendrán participación siete consejerías: Presidencia, Agricultura, Sostenibilidad, Fomento, Turismo y Política Industrial. Este organismo se encargará de las campañas de concienciación y de plantear posibles cortes de agua que la Junta todavía descarta, así como reducciones para el consumo agrario o industrial , que es donde se acumula la mayor parte del uso del agua en Andalucía. Lo saben bien en la comarca del Condado de Huelva, donde la gestión de los recursos hídricos ha provocado uno de los mayores debates de los últimos años en la comunidad. La responsable de la polémica fue la proposición de ley que PP, Cs y Vox impulsaron la pasada legislatura para abrir la puerta a un aumento de los regadíos en esa zona, en el entorno de Doñana. Ese texto, rechazado por el Gobierno central y la Unión Europea, generó una airada respuesta de Bruselas por el posible impacto en la situación de los acuíferos que nutren al parque natural. El Ejecutivo autonómico evitó pronunciarse abiertamente al respecto hasta que la UE lo obligó a ello y reconoció que la conservación de Doñana prevalecería sobre cualquier ordenación de la superficie de cultivo. Pero al mismo tiempo, el PP incluyó la recuperación del texto en su programa electoral. No parece que el texto vaya a llegar de forma inminente al Parlamento en esta nueva legislatura . El propio portavoz popular, Toni Martín, admitió este miércoles que están debatiendo sobre el momento, pero también sobre la forma. El PP contempla la posibilidad de que llegue desde el propio Ejecutivo, como un proyecto de ley, lo que requiere de informes previos y de mayores garantías que si se trata de una proposición del grupo parlamentario. Pero la decisión aún no se ha tomado. La situación de sequía no aconseja realimentar este debate, mientras Vox presiona por hacer prevalecer los intereses del sector agrario. El agua (o su ausencia) como agente de confrontación. PP y PSOE han comenzado el curso parlamentario andaluz con un cruce de acusaciones sobre quién tiene la culpa de la falta de agua en los embalses de la comunidad. Cuatro años hidrológicos con precipitaciones por debajo de la media han provocado que las cuencas estén bajo mínimos. Pero los partidos, que no pueden discutir sobre la lluvia, han optado por hacerlo sobre quién tiene la culpa de que el agua que cae no llegue a los grifos y a los regantes.