El tributo añade presión al precio de la comida, con una inflación récord La industria alimentaria afronta un nuevo coste añadido en plena escalada del precio de la cesta de la compra : el impuesto al plástico. El gravamen entrará en vigor en España a partir del 1 de enero del 2023 para los envases no reutilizables, con una tasa de 0,45 euros el kilo de material de un solo uso. Y aunque todos los sectores empresariales están afectados por él, preocupa especialmente a la cadena agroalimentaria. Tanto fabricantes como distribuidores de alimentos están en el ojo del huracán tras los sucesivos récords históricos en el IPC de estos productos. El nuevo impuesto, argumentan, se sumará al elevado incremento de los costes de la energía y de las materias primas que sufren desde hace un año, con el riesgo de que acabe trasladándose al consumidor final. Más presión para los precios de los alimentos, asunto que ha entrado de lleno en la agenda política . El impuesto solo estaría vigente en España tras la moratoria de Italia El sector agroalimentario calcula importantes sobrecostes a causa de este tributo que impulsa el Gobierno. El impuesto, recuerdan desde la industria, solo estaría vigente en España dentro de Europa -Italia ha aplazado su entrada en vigor- y gravará tanto los envases no reutilizables como aquellos productos destinados a realizar la misma función del envase, como envoltorios. Además, eleva las exigencias de la Responsabilidad Ampliada del Productor -el sistema por el que se traslada a los fabricantes el coste de la gestión de los residuos que generarán los productos que ponen en el mercado-. Con la nueva normativa, se incluirán de forma directa los envases comerciales e industriales, que hasta ahora se estaban gestionando de forma privada. Además, añade nuevos conceptos de los que las empresas deberán hacerse cargo. "Tendrá un impacto directo en las compañías de alrededor de 690 millones de euros, a lo que habría que sumar el de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer otra carga adicional de unos 1.150 millones de euros", afirma Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). La patronal que agrupa Mercadona y Dia calcula un impacto directo de 30 millones al año para los súper Los diferentes eslabones de la cadena alimentaria hacen ya sus estimaciones. Asedas, la patronal que agrupa a Mercadona, Dia, Consum o Lidl, prevé que este impuesto tendrá un impacto directo de unos 30 millones de euros al año. Además, "existe un alto coste difícil de cuantificar relacionado con la gestión administrativa y burocrática para llevar a cabo las obligaciones de un impuesto que implica casuísticas muy diferentes y agentes nacionales e internacionales", comenta María Martínez-Herrera, responsable de Medio Ambiente en Asedas. Por ejemplo, añade, los operadores están diseñando ya sistemas informáticos ad hoc que incluyan la cuantificación del plástico utilizado y sus derivadas de cara al impuesto. Aparte de los sobrecostes directos, temen problemas derivados del diseño del impuesto. Al estar gravadas las importaciones y la adquisición intracomunitaria, la industria alimentaria considera que hay riesgo de que el desconocimiento entre los proveedores comunitarios provoque problemas de suministro si a estos les resulta demasiada compleja su aplicación. Como este impuesto solo existirá en España, supondría una desventaja competitiva respecto al resto de países, destacan desde Asedas y FIAB. El sector teme pérdida de competitividad en las exportaciones Existe, además, desconocimiento sobre su aplicación concreta. El Gobierno aún no ha publicado su desarrollo reglamentario, por lo que la incertidumbre "es elevada", confirma Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF). Las mayores dudas, continúa, está en las importaciones de plástico, cómo se paga este gravamen en esos casos y cómo se cuantifica qué parte es reciclable. En el caso de las exportaciones, Asedas reclama que el operador económico pueda desgravarse el impuesto. De lo contrario, señalan los supermercados españoles, sus productos serán menos competitivos en el país donde vayan a comercializarse. "Sin embargo, el procedimiento para esa devolución no es nada claro y, a día de hoy, las empresas no saben cómo lo podrán llevar a cabo", explican. Todo este desconcierto ha puesto en pie de guerra tanto a la industria alimentaria como a las empresas de consumo en general. Todo el sector reclamó hace unos días, en un acto impulsado por Aecoc, retrasar un año la entrada en vigor del impuesto dada la incertidumbre y la complicada coyuntura económica. La industria pide al Gobierno aplazar un año su entrada en vigor ante la situación económica Las quince asociaciones que integran la alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, droguería, hostelería, textil, ferretería y bricolaje, electrodomésticos y bienes de consumo han pedido por carta tanto a la presidencia del Gobierno como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una moratoria. A día de hoy no han recibido respuesta. "Un aplazamiento tendría sentido para aclarar conceptos; hay un gran desconocimiento", considera Rubén Gimeno, de REAF. Fuentes del Ejecutivo explican que, al menos por ahora, se mantiene el calendario de aplicación del nuevo impuesto. Entrada en vigor, en tres semanas.