Análisis agrario En un contexto de bastantes incertidumbres, con un 'brexit' todavía no resuelto y una beligerante estrategia comercial de Estados Unidos, la futura Política Agraria Común para 2021-2027 sigue dando los preceptivos pasos para su futura aprobación En un contexto de bastantes incertidumbres, con un 'brexit' todavía no resuelto y una beligerante estrategia comercial de Estados Unidos, la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 sigue dando los preceptivos pasos para su futura aprobación. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) ya ha aprobado su propuesta para el Reglamento Horizontal, que se une a las ya acordadas en relación a los planes estratégicos y la Organización Común de Mercado (OCM) única, todos ellos presentados por la Comisión Europea (CE). No es el final del proceso parlamentario, porque una vez pasadas las próximas elecciones de mayo, les queda someterse al filtro de la Asamblea del PE.
Sin entrar en profundidad en unas propuestas que son complejas, hay algunos aspectos destacables. Por un lado, la fuerte mayoría (28 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones) por la que se ha aprobado la posición de la CE y en la que se pasa, de un modelo de cumplimiento de normas, a uno de medición de objetivos alcanzados, que a su vez son previamente aprobados para cada Estado en sus planes estratégicos. Este cambio supondrá una carga administrativa a los Estados y a los gobiernos regionales, a pesar de que probablemente se haga un seguimiento bianual en vez de anual. Sin embargo, el sector no está preocupado por este asunto; así, las organizaciones y cooperativas agrarias de la UE, representadas a través del COPA-Cogeca, estiman que un sistema centrado en resultados permitirá simplificar la gestión de la PAC y reducir la carga administrativa para el beneficiario.
Otro factor de relevancia es el interés explícito de la CE y del PE de que no se promueva, ni siquiera de forma indirecta, una renacionalización de la PAC, lo que generaría importantes desequilibrios y agravios entre agricultores y ganaderos de unos países y otros.
Por otro lado, las sanciones también ha estado sujetas a debate. Desde Bruselas se quiere apretar las clavijas a agricultores y ganaderos en cuanto a la correcta aplicación de las exigencias medioambientales, de bienestar animal, etc.; es decir, la llamada condicionalidad. Su propuesta es pasar del 5% actual a un 10% en la minoración de las ayudas directas en caso de incumplimiento. Incluso, si se detecta que dicha infracción es intencionada, se reduciría la ayuda en un 15%.
En el ámbito de las crisis agrícolas el PE ha planteado que exista una reserva de hasta 1.500 millones de euros, provisionada con fondos no agrarios. Solo en caso de que con estos fondos no se pudieran cubrir las contingencias se aplicaría la llamada disciplina financiera, por la que se reduciría linealmente las ayudas a los agricultores y ganaderos, aunque solo a partir de los 2.000 euros percibidos.
En definitiva, todavía con un largo recorrido por delante, se vislumbra una PAC más exigente y estricta con sus compromisos medioambientales y sociales, pero también más garante de una política fuerte, parapetada contra las emergentes corrientes renacionalizadoras, y que dará más estabilidad a las ayudas para el agro.
Por otro lado, en el último Consejo de Ministros se pusieron sobre la mesa algunos sectores que se enfrentan a crisis de mercado, algunas de origen político. Es el caso de la aceituna de mesa española, sometida a los arbitrarios aranceles impuestos por Estados Unidos. El comisario Phil Hogan no quiso dar detalles sobre el papel que está jugando la Comisión Europea ni de las acciones emprendidas ante la Organización Mundial del Comercio, cuya respuesta está condicionada a los plazos pertinentes.
En cualquier caso, un horizonte comercial que no parece despejado, tampoco para otros subsectores agrarios, ante nuevas represalias comerciales para este verano, anunciadas por el gobierno de Donald Trump, y que podrían ascender a más de 9.700 millones de euros.