Casi nueve meses han pasado desde que el pasado 9 de enero el Gobierno anunciara la (que se suponía) inminente aprobación de la ley contra el desperdicio alimentario, una normativa que iba a poner fin al despilfarro de más de un millón de toneladas de comida anuales . Pero ese ambicioso proyecto de ley, que además colocaba a España en una posición de ventaja respecto a muchos países de la Unión Europea (UE), lleva bloqueado desde entonces en el Congreso . "Vamos a celebrar este domingo una nueva jornada de concienciación contra el derroche de alimentos, sin tener aún la ley", lamentan la docena de colectivos ecologistas y de defensa de los consumidores que promueven la campaña #LeySinDesperdicio. Y pese a todo, el despilfarro se está reduciendo en los últimos años en España, gracias, en buena parte, a las iniciativas que han puesto en marcha, a título particular muchas veces, empresas de distribución y, sobre todo, restauradores, que están aplicando estrategias de prevención eficaces , según ha destacado este jueves el director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero, en la inauguración del foro organizado por la patronal Aecoc y titulado este año 'Recuperando el valor de los alimentos'. El problema, ha admitido Herrero, es el tramo final de la cadena, los consumidores, donde se registra todavía la mayor parte del desperdicio. Solo con el agua que se pierde en el conjunto de Europa para producir los alimentos que luego no son consumidos, el equivalente a 250 kilómetros cúbicos, se podría llenar 1.515 veces el embalse de Sau. La principal causa por la que se ha demorado la aprobación de la ley es el compromiso que adquirió el pasado invierno el ministro de Agricultura, Luis Planas, con el sector agrario para crear, lo antes posible, una agencia estatal que controle los precios de los alimentos . Como la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario se encontraba en esos momentos en trámite de enmiendas, el ministerio aprovechó para introducir la figura de la nueva agencia en esa norma y acelerar así el proceso de creación del nuevo organismo. El resultado ha sido la ralentización de una ley que, para más inri, ya había sido aprobada en 2022, pero que quedó paralizada por la convocatoria de elecciones anticipadas en julio del año siguiente. Aunque no existe, pues, una regulación que les obligue, "se está viendo cómo la distribución y la industria alimentaria son más conscientes de este problema", ha dicho el director general. Nueve de cada 10 empresas en algunos sectores alimentarios cuentan con estrategias de gestión del desperdicio para minimizarlo y valorizarlo, ha afirmado. La previsión, ha vuelto a decir Herrero este jueves, es que " a lo largo de esta legislatura " pueda aplicarse. "No queremos que sea una ley impositiva, sino también propositiva. Es una ley donde el fomento de las buenas prácticas en todos los eslabones es muy importante", ha agregado. El colectivo #LeySinDesperdicio denuncia sin embargo que, en todos estos años, " se ha desaprovechado un tiempo valioso ". Reclaman que el Gobierno recoja todas las aportaciones realizadas por las organizaciones sociales que han trabajado sobre este tema y que considera que "hay plazo para conseguir una ley más ambiciosa que frene un problema de enormes consecuencias, sociales, económicas y medioambientales".