Entre las principales reivindicaciones de los transportistas que estaban en paro, desconvocado ayer, se encuentra la prohibición de contratar servicios de transporte de mercancías «por debajo de los costes de explotación». Una petición que ha puesto en jaque a gran parte de la economía española y que quedó recogido en el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC)el pasado 25 de marzo. En el mismo, el Ejecutivo se comprometía a la presentación «antes del 31 de julio» de un proyecto de ley para el sector del transporte basado en los principios de la ley de la cadena alimentaria. Pero, ¿cómo funciona esta ley?La última reforma de esta norma aprobada en 2013 entró en vigor el pasado 16 de diciembre y supuso también la transposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales. La nueva ley obliga a que los precios que se acuerden en los contratos -realizados obligatoriamente por escrito- cubran los costes de producción de agricultores y ganaderos, lo que se aplica también a cada uno de los eslabones de la cadena. De igual modo, esta legislación pretende desterrar prácticas como la 'venta a pérdidas' (precios por debajo de lo pagado por el distribuidor), la cancelación de un pedido de productos agrícolas y alimentarios dentro de los 30 día previos a la entrega,la divulgación ilícita de secretos empresariales, el cobro de gastos relacionados con el personal encargado del acondicionamiento de los locales de venta de los productos y las modificaciones unilaterales de los contratos, entre otros aspectos. Todo ello, bajo la supervisión de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de sus 17 homólogas autonómicas, así como de un sistema de sanciones públicas endurecido. Desde el Ministerio de Agricultura defienden que «la ley va a suponer un cambio de cultura en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena» y, por ejemplo, destacan que la AICA dispone este año de una dotación de 9,3 millones de euros, un 13% más que en 2021. En el departamento de Luis Planas explican que ya se han dado pasos para la aplicación de la nueva legislación, como la elaboración del reglamento del registro digital de contratos para que esté operativo el 1 de enero, la modificación del estatuto de la AICA y el refuerzo de la información del Observatorio de precios. El contexto para el desarrollo de la nueva regulación no puede ser más endiablado. Auna fuerte escalada de los precios de insumos se suman la sequía, la guerra en Ucrania y, más recientemente, el paro de los transportistas. Fuentes de Asaja se muestran muy críticas y hablan de «papel mojado» , ya que los costes de producción no se estarían reflejando en los precios percibidos por los productores. Desde COAG, su responsable de mercados agrarios Andoni García, cree que «la ley de la cadena no se está cumpliendo de manera definitiva» y añade que es un «proceso en el que tienen que caminar todas las partes, sobre todo, la industria y la distribución». En este sentido, pide acelerar la realización de estudios e índices de costes. Más optimista se muestra Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, quien exige «la implicación total de todas las comunidades autónomas para que tengan su AICA regional» y defiende que pagar por encima de los costes de producción «no tiene que significar el encarecimiento del producto para los consumidores» . Por su parte, desde Cooperativas Agroalimentarias coinciden en que «es muy importante que se generalice la elaboración de estudios de costes e índices de precios porque deben convertirse en la referencia». Por otra parte, la ley ha generado otro debate. El director general de la Federación Española de Industrias Lácteas (Fenil) Luis Calabozo, avisa sobre los costes de producción de que «interpretar algo tan genérico puede crear inseguridades y dificultades» , y apuesta por la «simetría» en toda la cadena. Desde la distribución, Ignacio García, de Asedas, cree que «necesitamos seguridad jurídica» y que esta «solo se puede basar en que nuestros proveedores acrediten de una manera fehaciente, en los contratos, que los precios pactados cubren los costes de producción».