"Nuestra circunstancia ha sido la pandemia y nuestra elección será la modernización y recuperación de España. Tenemos que crecer de una forma más competitiva y, sobre todo, sostenible". Así quedó firmado el compromiso del Gobierno el 7 de octubre de 2020, cuando el presidente Pedro Sánchez presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sustentado en los fondos europeos Next Generation aprobados por los 27 tras la crisis de la Covid-19 y de los que a nuestro país corresponde alrededor de 160.000 millones entre transferencias y préstamos. Algo más de tres años después, y habiendo ya recibido potentes inyecciones económicas avaladas por la Comisión Europea, el Ejecutivo ha presentado su primera memoria de ejecución para testar hasta qué punto ha cumplido con lo que entonces definió como uno de los seis ejes principales del proyecto, la transición ecológica, y como una de las diez políticas palanca del Plan, el impulso de las infraestructuras y los ecosistemas resilientes. Todo, con el objetivo de contribuir a la creación de empleo y alcanzar la neutralidad climática en 2050, en línea con el compromiso común de la Unión Europea . Las dos líneas principales se condensan desde 2020 en la modernización de todos los sectores económicos del país. Para ello, quedó planteada la necesidad de reorientar el modelo productivo a través del refuerzo de la inversión pública y privada impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la movilidad, la economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, cuya cartera después de las elecciones ha seguido en manos de Teresa Ribera y que ha visto mantenido su categoría de Vicepresidencia del Gobierno, ha presentado este primer informe después de la aprobación de la Adenda del Plan de Recuperación , es decir, el documento que permite ya el despliegue de su segunda fase y que garantiza la movilización de la totalidad de los recursos asignados a España. Primeramente, este balance destaca que al menos de la mitad de los fondos ya en ejecución , a la espera de ser asignados o que, en todo caso, todavía estar por llegar y se mantienen supeditados a otros compromisos con Bruselas, tienen un impacto climático y medioambiental directo y positivo . El análisis evalúa, de forma transversal, todos los proyectos contemplados en el Plan, independientemente de a qué Ministerio corresponda su firma. Inversión en Transición Ecológica Tras la aprobación de la Adenda, que constituye la segunda fase del Plan de Recuperación, el pasado el 17 de octubre España logró acceder a 84.000 millones de euros en préstamos y más de 10.000 millones en transferencias adicionales a incorporar a la primera fase del Plan de Recuperación que, en total, movilizará cerca de 163.000 millones de euros en transferencias y préstamos durante el periodo 2021-2026. Al menos la mitad de estos fondos, más de 82.500 millones, contribuye a los objetivos climáticos de mitigación y adaptación y un importe equivalente ha sido diseñado para impulsar la consecución de otros objetivos medioambientales. La inversión climática y medioambiental de dichos fondos se articula en torno a tres ejes de Transición Ecológica que agrupan las áreas de inversión que más contribuyen a la acción climática y medioambiental en materia de biodiversidad y ecosistemas, mitigación del cambio climático y energía y lucha contra la contaminación, mejor gestión de los recursos y economía circular. Las inversiones en biodiversidad y ecosistemas se sustentan en una planificación enfocada en la conservación de la naturaleza que ha sido dotada con 1.649 millones de euros. Asimismo, dedica una partida de 9.100 millones a la gestión de los recursos hídricos a través de la planificación hidrológica, reformando el texto refundido de la Ley de Aguas y su normativa de desarrollo, velando por el buen estado de las aguas, su reutilización, seguridad y eficiencia en su gestión. La adaptación del entorno a los efectos del cambio climático también requiere la implementación de una serie de actuaciones, entre las que destacan la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, que cuentan con una inversión de 958 millones de euros. Las acciones encaminadas a mitigar el cambio climático y optimizar el sector energético acumulan una inversión de más de 50.000 millones de euros y pasan por fomentar las medidas de eficiencia, la movilidad sostenible, las energías renovables y el almacenamiento energético . Todas ellas han sido concebidas a la luz del Marco Estratégico de Energía y Clima, junto con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 y la Estrategia de Transición Justa. Por último, se han dedicado cerca de 8000 millones de euros a la lucha contra la contaminación, mejor gestión de los recursos y la economía circular con el desarrollo de estrategias como el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), la Estrategia Española de Economía Circular o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. La Adenda del PRTR prevé continuar con este desarrollo normativo en ámbitos específicos como las garantías financieras en materia de residuos; el tratamiento de residuos previo al depósito de residuos en vertederos; los neumáticos fuera de uso y los aceites industriales usados; o nuevos flujos de residuos como productos de tabaco con filtros. Refuerzo de los PERTEs Los 10.300 millones de euros de transferencias que incorpora la segunda fase del Plan de Recuperación junto con parte de los préstamos, aproximadamente 17.000 millones, se destinarán a reforzar la dotación económica de distintos PERTEs como el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (4.196 millones), el de Digitalización del Ciclo del Agua (3.055 millones), el de Economía Circular (600 millones) o el de Descarbonización industrial 2.720 millones) Además, la Adenda pone a disposición de las Comunidades Autónomas y de las pymes más de 30.000 millones en préstamos para inversiones con impacto climático positivo, a través del Fondo de Resiliencia Autonómica y de la Línea ICO-Verde. En cuanto a las inversiones puestas en marcha en febrero de 2020 merece la pena destacar el avance de los programas MOVES II y III , destinados a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, que ya han convocado más de 1.000 millones en ayudas, los más de 500 millones que se están ejecutando en obras de modernización de regadíos para promover el ahorro del agua y energético, los más de 120 millones en subvenciones para la restauración de ecosistemas e infraestructura verde y los 1.200 millones en ayudas para autoconsumo ya convocadas. Próximos avances En lo que a las medidas con incidencia en la transición ecológica se refiere, en 2023 convocaron 300 millones de euros del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua a través de dos líneas de subvenciones: 200 millones de euros de la segunda convocatoria del Ciclo Urbano del Agua y 100 millones de la primera convocatoria de ayudas para la digitalización de regadíos. Se prevé convocar en 2024 dos líneas de ayudas por una cuantía total de 300 millones de euros dentro del PERTE de Economía Circular destinadas a actuaciones en sectores clave: textil, plásticos y bienes de equipo para la industria de las energías renovables. Además, destaca el refuerzo de las actuaciones ya iniciadas en la primera fase del Plan de Recuperación orientadas al autoconsumo energético y el almacenamiento detrás del contador, con 500 millones adicionales ya disponibles para gestión por parte de las Comunidades Autónomas, así como el refuerzo de actuaciones para comunidades energéticas en el nuevo Componente 31 "Capítulo REPowerEU".