El campo español es la última frontera de la reforma laboral. Un ámbito en el que la norma estrella del Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se juega parte de su credibilidad. Sobre el papel, e l real decreto aprobado a finales de diciembre ya estaría impactando en la temporalidad : de 1.450.093 contratos firmados el pasado mes de abril, según las estadísticas del propio Ministerio, unos 698.646 fueron indefinidos. Esto supone el 48,2%, frente al 31% de marzo. O, lo que es lo mismo, uno de cada dos contratos firmados. En diciembre apenas suponían un 10%. Sin embargo, las dudas en el campo español sobre la aplicación de la nueva normativa son crecientes. Tal es el caso de Pedro José, agricultor y ganadero de Albacete, que posee una explotación en la que cultiva azafrán, almendro y vid, para lo que usa diferentes cuadrillas. Además de mantener a varias decenas de cabezas de ovejas. «Me acaba de comentar el asesor que, por ejemplo, si en vendimia contrato a 30 personas durante 15 días, por cada jornada el trabajador suma 2,81 euros en términos de antigüedad y despido», explica a ABC. Por su parte, Juan Luis, citricultor de Palma del Río (Córdoba), tacha de «locura» terminar una campaña y «al año siguiente ponerme a buscar a esos empleados, que no olvidemos son cada vez menos locales y más extranjeros, porque por ley tiene que ser así: hay que comunicarles su reincorporación o su petición de baja». Una referencia directa a los dos grandes cambios que introduce la reforma laboral: la limitación de la temporalidad, sobre todo, para 'circunstancias de la producción' y la 'sustitución de una persona trabajadora'. Junto al refuerzo del contrato fijo-discontinuo generalizándolo para actividades de «naturaleza estacional» o «productivas de temporada». En concreto, los contratos por 'circunstancias de la producción' se establecen para «atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada». Con un tope de 90 días (tres meses) a lo largo de un año; e, importante, no se pueden consumir de una sola vez. Sobre todos estos requisitos, el director general de Asaja, Juan José Álvarez, apunta que «es muy complicado» en el campo realizar previsiones exactas sobre la necesidad de mano de obra. En este sentido, el representante de la principal organización agraria apunta que «las campañas agrarias sí son previsibles, pero no ocasionales, son estacionales y cíclicas, por lo que ya no se puede contratar a 90 días». ¿Conclusión? Para Álvarez, todo lo anterior obliga a hacer fijos-discontinuos a la inmensa mayoría de los temporeros . «Es complicado porque la mayoría son trabajadores que no son españoles y vienen de otros países», admite el representante de Asaja. Según la normativa, hay que hacer un llamamiento previo a cada empleado cuando llega la hora de reincorporarse en base a la antigüedad y las condiciones que fije el convenio colectivo. En cualquier caso, el responsable de Asaja cree que los tres meses fijados «se quedan cortos para la mayoría de las campañas agrícolas» y criticael incremento de costes que viene sufriendo el sector:«El salario mínimo ha crecido más de un 38% en los últimos tres años», constata. Desde COAG,el responsable de laboral, Andrés Góngora, sostiene que «la temporalidad es una situación que se da en el sector agrario: el modelo de los 90 días no está muy adaptado a nosotros». El portavoz de esta organización agraria lamenta «el vínculo que se pretende hacer entre temporalidad y precariedad» . Por otro lado, fuentes de UPA ponen el acento en la ley de la Cadena Alimentaria «para poder trasladar a los precios de los productos los costes laborales» y piden «facilitar lo más posible» los trámites en materia laboral. El abogado laboralista y socio director de Labormatters, Alfredo Aspra, cree que «una adecuada gestión del contrato fijo-discontinuo puede ser una herramienta competitiva para las empresas», aunque reconoce que buena parte de ello dependerá del papel de la negociación colectiva. Por este motivo, apuesta por hacer «un esfuerzo» en este ámbito para fijar procedimientos con criterios de llamamiento adaptados a cada sector y necesidades de sus empresas «que se traduzcan en procesos ágiles y sencillos». Por su parte, desde UGT-FICA el secretario del sector agroalimentario, Sebastián Serena, apoya la reforma laboral que ve como «un hecho positivo» . Por ejemplo, menciona la reducción de la tasa de temporalidad en 1,17 puntos, hasta el 24,21%, según la última EPA. «Era necesario tomar medidas para reducir la temporalidad», sostiene Serena, quien ofrece la colaboración de UGT para «facilitar la contratación dentro de la ley». Además, propone un convenio de ámbito estatal para el campo.