La aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013 que ha dado lugar a la intervención del mercado del aceite de oliva se ha distinguido como una de las noticias del sector con mayor repercusión en los últimos tiempos. El mecanismo, solicitado por los agricultores y que entra en funcionamiento por primera vez en España, supone la retirada de un 12 % de la producción aceitera de la campaña 2025/2026. Esta medida se impone tras preverse una producción del 120 % sobre la media de las últimas seis cosechas y surge para estabilizar el mercado y frenar el descenso de los valores en origen que zarandean a los agrarios, asfixiados por el hundimiento de sus precios y el incremento incesante de los costes. La conocida como norma de comercialización del aceite de oliva no ha encontrado el respaldo unánime de todas las partes implicadas, ya que supone una restricción del libre mercado y añade gastos de almacenamiento a las almazaras; sin embargo, y pese a algún apunte o puntualización particular, responde a las peticiones del campo trasladadas al Ministerio de Agricultura a través de las organizaciones profesionales agrarias. El mayor rechazo de esta retirada de la producción aparece en la industria envasadora, a la que los propios agricultores acusan de distorsionar la oferta para presionar el precio del aceite de oliva en origen mediante la importación de aceite de oliva de terceros países. «La norma llega para dar estabilidad al mercado, tanto para agricultores como para consumidores . De esta manera, ni cuando haya mucha producción se pagará a los olivareros por debajo de los costes, como sucede ahora, ni cuando haya escasez habrá picos con el aceite en origen a más de 9 euros el litro, como cuando cayó la producción por la sequía», apunta en conversación con El Debate Francisco Elvira, responsable de Olivar de COAG. Buena parte de los comentarios de los agricultores sobre la medida reprochan no tanto la retirada, sino que se limite la comercialización en España y no la entrada de aceite de oliva del extranjero, algo que también condenan las organizaciones de productores que han reclamado esta aplicación. «La retirada del 12 % de la producción de aceite de oliva de esta campaña hasta el 30 de septiembre de 2027 reducirá la oferta y permitirá un aumento del precio en origen, pero tiene que venir acompañada de medidas paralelas», recalca Elvira, que hace referencia a una línea de créditos para que las cooperativas financien tanto los costes logísticos del almacenamiento como los pagos a los agricultores por el 12 % de aceite que permanecerá inmovilizado. «Los agrarios españoles necesitamos un control en frontera de las importaciones de aceite de oliva. Tiene que haber una trazabilidad real de todo lo que entra por la aduana porque somos el principal productor de aceite de oliva del mundo, pero también el principal importador de aceite de terceros países», ahonda Elvira, que precisa que de noviembre de 2025 a junio de 2026 España importó unas 120.000 toneladas de aceite de oliva de Túnez, lo que supone casi un 9 % del aceite producido por España en la última campaña (1.295.000 toneladas). El miedo de los agricultores reside en la avalancha de aceite de oliva de terceros países elaborado bajo una normativa laboral y de aplicación de fitosanitarios que permite precios en origen imposibles en el contexto de la Unión Europea (UE). Los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa más recientes (hasta agosto de 2026): las importaciones de España de aceite de oliva entre octubre de 2025 y agosto de 2026 ascienden a 230.040,96 toneladas, un impulso del 17,36 % respecto a las 34.024,70 toneladas de la misma referencia para la campaña 24/25, con Túnez como principal proveedor y Marruecos , que hasta hace un año era un suministrador testimonial para la UE, en el tercer lugar. comentarios TE PUEDE INTERESAR