Los agricultores y ganaderos españoles dijeron ayer ' ¡ Basta ya ! ' y anunciaron movilizaciones en toda España, que se extenderán durante el próximo mes y coincidirán, del 20 al 22 de diciembre, con la huelga de transportistas . En los próximos días está previsto que se conozca el calendario exacto de las protestas. En cualquier caso, representa la mayor movilización del campo desde las protestas históricas de principios de 2020. De esta forma, el descontento contra eL Ejecutivo de Pedro Sánchez suma así al campo y a los transportistas, mientras el malestar ya abarca a los fabricantes de automóviles molestos por el veto del PSOE a cualquier medida fiscal que alivie su situación y al sector del metal en Cádiz que lleva ya tres días consecutivos en huelga con más barricadas y concentraciones ante los astilleros de Navantia y las instalaciones de Airbus y Alestesis. En paralelo, la Junta de Andalucía busca una solución, por ahora, sin éxito. Detrás del anuncio de las principales organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se encuentra el fuerte repunte de los costes de producción que amenaza seriamente la supervivencia de la actividad agrícola y ganadera. Solo el precio de los piensos para el ganado se han encarecido en el último año un 30% , las semillas en el mismo periodo un 20%, los abonos hasta un 48%, el agua un 33%, y un 46% los plásticos utilizados para los cultivos en invernadero. Sin embargo, la escalada más espectacular está en la energía eléctrica cuya factura creció en el último año un 270% para las explotaciones agrarias y ganaderas. A todo lo anterior cabe añadir que el gasoil agrícola es un 73% más caro que hace 12 meses y el Salario Mínimo acumula en los tres últimos meses una subida de casi el 30%. «Estas movilizaciones se convocan ante el incremento de los costes y el hecho de que no podemos repercutirlo en los precios », resume el presidente de Asaja Pedro Barato quien advierte de que el campo «agoniza» y estima que, solo entre los productores lácteos, cierran diariamente dos explotaciones de media. Las tres principales organizaciones agrarias mandaron el pasado 11 de noviembre una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que solicitaban una cita urgente para poner en marcha un plan de choque inmediato. Unos días antes, Asaja también se dirigió al titular de Agricultura en términos similares. Para Barato (Asaja), no se entendería que el Ejecutivo se negara a dispensar un trato similar al de otros sectores. Y menos tras su rol esencial durante la pandemia. En su opinión, el citado plan debe contemplar «medidas fiscales», como la rebaja del IVA para los ganaderos, la contratación temporal, modificaciones en la política de seguros agrarios y, en otros aspectos igual de relevantes como la factura eléctrica. Pero, sobre todo, Barato pide que «se cumpla la reforma de la ley de la Cadena Alimentaria que impide la venta de productos agrarios por debajo de los costes de producción». Una norma cuya modificación recibió ayer el aval del Senado y que ahora retorna al Congreso para su definitiva promulgación. Lo que es cierto es que las relaciones entre el sector primario y el Gobierno de Pedro Sánchez no atraviesan su mejor momento. Desde el inicio del mandato del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos las polémicas se han ido acumulando, para el pesar del ministro Planas que se ha visto en la tesitura de tener que desautorizar públicamente a algún compañero del Consejo de Ministros. A las controvertidas declaraciones del titular de Consumo, Alberto Garzón, sobre el consumo de carne se añaden otros conflictos como la protección del lobo impulsada desde el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera; la tensa relación con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de una parte del sector a cuenta de algunas actuaciones de la Inspección de Trabajo -el punto álgido se alcanzó en mayo de 2020 cuando se filtró un manual de la Inspección de Trabajo en el que se instaba a detectar « casos de explotación laboral » o de «esclavitud»-, y el alza del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10 al 21%, aprobado en los Presupuestos Generales (PGE) de 2021. Una medida que generó la rebelión de todo el sector azucarero junto a la Junta de Castilla y León contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pretendía con esta medida recaudar 400 millones de euros extra. Al hilo de lo anterior, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) reconoció su hartazgo con la gestión de la vicepresidencia cuarta. Especialmente, en lo referente a la planificación hídrica y los incumplimientos alrededor de la doble tarificación, que estiman que rebajaría la factura eléctrica de los regantes un 20%. Una reforma aprobada en la 'Ley de la Sequía' de 2018 e incluida en los vigentes PGE. Por su parte, a preguntas de ABC, el presidente de Asaja, Pedro Barato, reconoce que «una parte del Gobierno, al menos, se pone al teléfono» en referencia al titular de Agricultura. Mientras que lamenta que otros ministros (especialmente de Unidas Podemos), adolezcan de «un desconocimiento total del sector agrario y rural». Más dura se muestra la portavoz popular en la Comisión de Agricultura, Milagros Marcos, quien habla directamente de «desprecio» hacia el campo por parte del Gobierno y «de un apoyo de pacotilla» hacia el sector. Como ejemplo denuncia que ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común) estén presupuestadas este año con 138 millones menos y que, en 2020, esta partida contará con 200 millones de euros menos. Además denuncia que dentro del Plan de Recuperación, de los 40.000 millones presupuestados para 2022 «la Agricultura solo reciba 3000 millones» y recuerda que agricultores y ganaderos representan hasta el 12% del PIB español.