El Gobierno dio luz verde en el Consejo de Ministros de este martes a la inversión de 87,7 millones de euros para la Formación Profesional para el Empleo . Esta partida, enmarcada en el Plan de Modernización para la FP, irá dirigida fundamentalmente a la formación en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación. De esta forma, las comunidades autónomas recibirán estos fondos para desarrollar una serie de actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2022. El Ministerio de Educación establece como condiciones fundamentales que las acciones formativas atiendan "prioritariamente" a la formación en "competencias emergentes" y con previsión de generar empleo en el futuro; a once "sectores estratégicos" concretos; a los sectores con mayor número de personas en ERTE; hacia el sector del cuidado de las personas; y hacia acciones de cualificación en zonas de riesgo de despoblación. Los once sectores a los que se deberán orientar "preferentemente" pero "sin exclusividad", explican fuentes del Ministerio, son los contemplados en el Plan de Modernización: nuevas tecnologías, robótica, aeronáutica, equipo de transporte ferroviario, vehículos basados en energía, maquinaria agrícola, nuevos materiales, biofarmacia, cadena de consumo, hostelería y turismo, y servicios de atención a personas. Además, las ofertas formativas deberán programarse en módulos de entre 30 y 60 horas de formación , que podrán ser acreditados posteriormente en el marco de la normativa reguladora de la acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación. Con ello, detallan desde Educación, "se consigue acercar la formación a la población activa en situación más vulnerable". El objetivo de estos fondos es atender a tres supuestos determinados que deberán priorizar las autonomías. En primer lugar, que un trabajador que se haya quedado sin trabajo pueda acceder a una formación que le capacite y facilite para conseguir otro empleo. También se pretende ofrecer esa formación a un profesional que lleva años trabajando en una empresa para "adaptarse a los cambios" introducidos por las nuevas tecnologías. Y, por último, que cualquier trabajador con experiencia, pero sin titulación, pueda acreditar sus competencias profesionales. Concretamente, 24,5 millones de euros irán destinados a la formación de trabajadores o personas en búsqueda de empleo en zonas de despoblación y al sector del cuidado de personas. Los 63,2 millones restantes serán para la cualificación o recualificación de profesionales en los sectores estratégicos mencionados. Por comunidades, Cataluña es la que más inversión total recibirá (14,7 millones), seguida de Andalucía (12,4), Madrid (11,3), Comunitat Valenciana (8) y Canarias (6,9). La distribución por cada territorio, explican fuentes de Educación, se ha establecido conforme a una serie de criterios, como el número de personas en ERTE que acumule cada autonomía, el número de PYMES de menos de 50 trabajadores, la población activa con un nivel de cualificación medio o bajo, el número de personas con certificado de discapacidad, el de personas con mayores de 70 años y, para los fondos destinados a la despoblación, los municipios con menos de 5.000 habitantes Más información en breve.