La disolución de las Cortes deja en el aire las grandes promesas del Gobierno para el sector agrario y para acelerar la agenda verde. Cuando Pedro Sánchez decidió convocar las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, dejó en el aire buena parte de los planes que su Gobierno había anunciado para el campo. Algunos de ellos son promesas que nunca llegaron a arrancar, otros ya habían iniciado su tramitación administrativa y otros directamente son obligaciones que llegan desde Bruselas. En los cajones del Ministerio de Agricultura se quedan abandonadas, de momento, importantes decisiones sobre quién puede acceder a la tierra, cómo se puede cultivar, qué requisitos ambientales habrá que cumplir y cuánto costará producir en el campo español. El Gobierno que salga de las urnas tendrá que decidir qué hacer con buena parte de la agenda agraria y medioambiental de Sánchez y para los agricultores y ganaderos se abre un periodo de incertidumbre en plena crisis por el aumento del precio del gasóleo y los fertilizantes. La Ley de Agricultura Familiar Era una de las grandes promesas de Luis Planas para el campo, pero no llegará a esta legislatura como ley. El Gobierno llevaba años anunciando una norma específica para proteger e impulsar la agricultura familiar y profesional, pero el proyecto ni siquiera había llegado al Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria. La idea era crear un marco específico para las explotaciones familiares, con medidas relacionadas con el relevo generacional, el acceso a la tierra, el agua, la financiación, la incorporación de mujeres o la fiscalidad. Organizaciones como UPA llevan reclamando que estas explotaciones tengan una consideración prioritaria en las ayudas y en el acceso a recursos como el agua. El problema para el campo es que, después de años de anuncios, la ley se queda sin siquiera haber empezado su recorrido parlamentario. Y eso significa que el próximo Gobierno tendrá que decidir si recupera el proyecto, lo modifica o directamente lo abandona. Las 17.000 fincas de Sánchez para los jóvenes agricultores Una de las grandes apuestas anunciadas por Sánchez en enero fue movilizar unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado para facilitar el acceso a la tierra de jóvenes, mujeres y nuevos agricultores. El plan se bautizó como Tierra Joven. La idea tiene sentido sobre el papel: uno de los principales obstáculos para quien quiere empezar a trabajar en el campo es precisamente conseguir tierra. El Gobierno anunció que estudiaría esas parcelas para determinar cuáles son aptas para la actividad agraria y ponerlas después a disposición de nuevos profesionales. El problema es que, ocho meses después del anuncio, el proyecto seguía sin estar plenamente operativo. El propio Ministerio todavía hablaba a finales de septiembre de que estaba "ultimando" el proyecto piloto. Además, el 76,4% de las fincas patrimoniales tiene menos de una hectárea y algunas ni siquiera son aptas para el cultivo. Hablar de 17.000 fincas agrarias sonaba espectacular, pero estas no equivalen en ningún caso a 17.000 nuevas explotaciones agrícolas. El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática El pasado 18 de julio de 2022, durante su visita a las zonas afectadas por los incendios en Cáceres, Sánchez pidió a las administraciones y a los partidos políticos convertir "las políticas medioambientales en políticas de Estado". En el verano de 2025, también durante una ola de incendios, propuso el "Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática". El Ejecutivo presentó una nueva propuesta en diciembre de 2025 y posteriormente la convirtió en una hoja de ruta con 15 grandes ejes. El documento afecta a prácticamente todo: agua, bosques, agricultura, ganadería, incendios, energía, transporte, emergencias y "adaptación al cambio climático". Para agricultores y ganaderos, el asunto es especialmente relevante porque buena parte de estas políticas suelen traducirse en nuevas exigencias ambientales, más burocracia o más inversiones en las explotaciones agrarias. Las comunidades gobernadas por el PP rechazaron el documento porque lo consideraron una propuesta unilateral del Gobierno y los socios parlamentarios de Sánchez tampoco lo acogieron con entusiasmo. Adaptación del reglamento antideforestación La Unión Europea aprobó un reglamento (su cumplimiento es obligatorio) para sancionar a las empresas que vendan productos que proceden de zonas deforestadas. La norma europea afecta a productos como ganado bovino, soja, café, cacao, palma, caucho y madera y obliga a demostrar que no se han talado árboles para su producción. La entrada en vigor del reglamento se ha tenido que posponer varias veces porque genera unos costes y unas cargas administrativas desproporcionadas, especialmente para los pequeños operadores. Si no se vuelve a posponer, las grandes y medianas empresas deberán cumplirlo desde el 30 de diciembre de 2026, mientras que para buena parte de las micro y pequeñas empresas el plazo se extiende hasta junio de 2027. El Gobierno comenzó a trabajar en el anteproyecto de ley para aplicar en España esa directiva europea en junio de 2025. De momento, sigue en pleno trámite administrativo y, por lo tanto, el próximo Gobierno tendrá que decidir cómo aplica en España una norma europea que, en cualquier caso, seguirá siendo obligatoria. La ley de restauración de la naturaleza Hay otro proyecto ambiental que merece especial atención: el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, fruto también de un reglamento europeo que obliga a los Estados miembros a recuperar ecosistemas degradados: el objetivo comunitario es recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030 y avanzar hacia la restauración de todos los ecosistemas que lo necesiten antes de 2050. España ya ha dado un paso importante: el Gobierno remitió a Bruselas el primer borrador del Plan Nacional el pasado 31 de agosto. El documento incluye medidas sobre bosques, ríos, humedales, zonas costeras, ciudades y también ecosistemas agrarios. Para estos últimos contempla actuaciones sobre casi 2.000 kilómetros cuadrados hasta 2030. Y aquí aparece uno de los principales temores del campo: qué superficie productiva terminará afectada por las medidas de restauración y qué restricciones pueden derivarse de ellas. De hecho, las organizaciones agrarias han reclamado que la recuperación ambiental no se haga a costa de la actividad agrícola y ganadera y han advertido de que cualquier limitación sobre explotaciones debe contar con compensaciones. En este caso el plan no queda paralizado por las elecciones. España ya lo ha enviado a Bruselas y el Reglamento europeo obliga a continuar con el proceso hasta presentar la versión definitiva antes de septiembre de 2027. La cuestión es qué hará el próximo Gobierno con el contenido del plan y hasta dónde llegará en la aplicación de las medidas más restrictivas para el territorio rural.