Son más de tres décadas las que la cogeneración lleva siendo un pilar estratégico para la industria calorintensiva. Sectores como el alimentario, papelero, cerámico, químico o de refino -más de 500 plantas que generan el 20% del PIB industrial- han basado su competitividad en esta tecnología por su elevada eficiencia y su capacidad para producir simultáneamente electricidad y calor útil para sus procesos productivos. Hoy, sin embargo, esa base está erosionada. En los últimos cinco años, la producción eléctrica de cogeneración se ha reducido un 50%, pasando del 12% del mix nacional en 2019 al 6% en 2024, con una nueva caída prevista del 7% en 2025. Un retroceso que se traduce en un despilfarro energético de grandes magnitudes: 14 TWh anuales (el 4 % del consumo nacional de gas) 3 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 1.500 millones de euros al año menos de facturación energética industrial. Mientras Alemania y Italia generan con cogeneración el 20% y el 23% de su electricidad, respectivamente, con una media en la Unión Europea que ronda el 12%, España ha dejado caer su participación al 6%. No existe hoy otra tecnología que ofrezca a la industria calorintensiva una competitividad equivalente, y es que, la cogeneración es un 30% más eficiente que los ciclos combinados, reduce emisiones, estabiliza la red eléctrica al ser generación distribuida, síncrona y firme, y aporta seguridad de suministro allí donde la industria produce el valor añadido al país. Un sector herido, que no vencido Desde Acogen y Cogen España hemos documentado con datos este deterioro y también el compromiso de la industria para revertirlo. Tras más de tres años de retraso en la convocatoria de las subastas de 1.200 MW prometidas desde 2021 por el MITERD, las asociaciones han presentado al Ministerio una encuesta sectorial, realizada en junio, que revela un mensaje contundente: la industria está lista para invertir si el Gobierno cumple su parte. Los resultados de esta encuesta son claros: 82 instalaciones industriales, con una potencia conjunta de 1.224 MW, están dispuestas a concurrir a las subastas previstas para 2025, 2026 y 2027. Estas plantas movilizarían más de 1.300 millones de euros en inversiones, modernizando procesos productivos y generando actividad económica. El 82% de los proyectos se ubicaría en plantas existentes a gas adaptadas al uso futuro de hidrógeno y otros gases renovables, el 15% en nuevas instalaciones con biomasa y el 3% en emplazamientos nuevos. Las empresas participantes representan el 20% del PIB industrial y sostienen 200.000 empleos directos, claves para la competitividad del país. En otras palabras: la industria ha hecho sus deberes. La pelota está ahora en el tejado del regulador. Una oportunidad país para reindustrializar El momento es crítico y, a la vez, esperanzador. Tras años de contracción, la industria española puede iniciar un nuevo ciclo inversor que combine eficiencia energética, competitividad y descarbonización. La cogeneración no solo mejora los balances de las fábricas, sino también los del sistema energético: reduce pérdidas de red, optimiza el uso del gas natural, refuerza la calidad y seguridad del suministro eléctrico y disminuye emisiones. En los años de mayor desarrollo de esta tecnología, evitó más de 6 millones de toneladas de CO[icono] anuales y permitió ahorros superiores al 20% en el consumo energético de sectores críticos de nuestro país. Datos nada desdeñables. Recuperar esa senda supondría un impulso directo a la reindustrialización del país en un momento clave; un impulso alineado con los objetivos de la Comisión Europea para reforzar la industria manufacturera, relocalizar procesos estratégicos y reducir dependencia energética exterior. Obstáculos por evitar: no poner puertas a la cogeneración La encuesta también lanza una advertencia clara: las condiciones regulatorias que se han planteado amenazan con frustrar esta oportunidad país para consolidar una industria española más competitiva, exportadora, sostenible y con empleo de calidad. El MITERD sometió a información pública en marzo una propuesta con dos nuevas exigencias muy controvertidas: Imposición del autoconsumo obligatorio: obligaría a las plantas a consumir internamente su electricidad y solo vender excedentes, eliminando la opción actual de exportar toda la generación a la red. Incremento del 50% en los requisitos de eficiencia frente a lo que marca la Directiva de Eficiencia Energética vigente en la UE. Ambas medidas son vistas por las empresas como discriminatorias respecto a sus competidores europeos y operativamente inviables para muchas plantas. Según la encuesta: El 92% valora como esencial mantener las opciones actuales de operación (venta total a red o autoconsumo voluntario) y no introducir mayores exigencias en el marco actual vigente. El 60% de las industrias interesadas quedaría excluido de las subastas si se impusiera el autoconsumo obligatorio. El 50% reconoce que no podría cumplir los nuevos requisitos de eficiencia o tendría grandes dificultades para hacerlo, sobre todo por la aplicación de una nueva metodología de medida "made in Spain" del MITERD distinta a la que se aplica en toda Europa. Además, estas obligaciones distorsionarían el diseño y la operación de las plantas, interferirían con contratos Power Purchase Agreements (PPAs), instalaciones fotovoltaicas propias y el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, e impedirían a las empresas concurrir en igualdad de condiciones a las subastas según su perfil de consumo. La gestión separada de las producciones y demandas de electricidad en la industria es el axioma de gestión para capturar valor en el mercado eléctrico español caracterizado por la altísima volatilidad. La CNMC ya se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de imponer el autoconsumo obligatorio a los cogeneradores. La industria pide sencillamente mantener la opcionalidad actual del régimen de venta de su electricidad que permite una operación flexible y aplicar la norma que se emplea en toda Europa para medir la eficiencia, sin inventar métodos propios discriminatorios y perjudiciales. Condiciones para el éxito: confianza, calendario y estabilidad Los cogeneradores reclaman al Gobierno tres actuaciones clave y urgentes: Publicar ya el calendario de subastas: tras más de tres años de retrasos es imprescindible dar visibilidad a las empresas para planificar inversiones. Aprobar el marco regulatorio sin añadir rigideces: la normativa actual ha demostrado ser eficaz, endurecerla ahora sería contraproducente. Dar seguridad jurídica y estabilidad a largo plazo: solo así podrán movilizarse los 1.300 millones de euros previstos y recuperar la competitividad industrial perdida. La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, han reiterado públicamente su compromiso de culminar el proceso regulatorio este año y celebrar la primera subasta en 2025. Es el momento de convertir esas palabras en hechos. Una apuesta industrial que no puede desaprovecharse España no puede permitirse dejar pasar esta oportunidad. Las 359 plantas de cogeneración que aún siguen en marcha han resistido en condiciones adversas; más de 150 han cerrado y otras 83 podrían hacerlo en los próximos dos años si nada cambia. La decisión que tome ahora el MITERD marcará el rumbo del tejido industrial español para la próxima década: o se impulsa un nuevo ciclo inversor, que combine eficiencia, descarbonización y empleo industrial, o se asesta un golpe casi definitivo a la base energética de la industria manufacturera. El sector mira con esperanza al XXI Congreso Anual de Cogeneración, que se celebrará el 14 de octubre de 2025, como la ocasión perfecta para que el Gobierno anuncie el calendario y las condiciones de las subastas. Las industrias han hecho su parte: han demostrado su compromiso, su capacidad inversora y su visión de futuro. Solo falta que el Gobierno esté a la altura de ese compromiso.