Coag critica la sentencia que anula las facilidades de instalación de industrias agroalimentarias en Castilla y León

Coag ha lamentado este martes las repercusiones negativas que tendrá para el sector agrario la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la normativa que agiliza la puesta en marcha de industrias alimentarias. Una vez analizada la Sentencia 772/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula parte del Decreto 8/2018, COAG considera que las repercusiones negativas de la misma no recaerán sobre las grandes empresas del sector primario (que tienen su propia regulación a través del Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre), sino que al contrario de la valoración realizada por los promotores del recurso, Ecologistas en Acción, los más perjudicados serán los proyectos considerados de nivel medio por cuanto a sus repercusiones medioambientales, y que ni de lejos constituyen "un impacto medioambiental sobre la calidad de las aguas muy superior al de otras actividades industriales". El Decreto 8/2018 la Consejería de Medio Ambiente pretendió flexibilizar el procedimiento administrativo respecto de los controles medioambientales exigibles previos a la implantación de diversas industrias agroalimentarias que pretendan ubicarse, trasladarse o modificar algunas de sus características en Castilla y León. A las instalaciones que antes del Decreto 8/2018 requerían para su funcionamiento una licencia ambiental otorgada por el ayuntamiento, tras el mismo les bastaba con una comunicación a dicho ayuntamiento. Para la organización agraria, la sentencia es negativa porque no va a aportar mayores garantías medioambientales pero sí va a complicar la tramitación, aumentar los costes administrativos y alargar los plazos para la puesta en marcha de nuevos proyectos o modificaciones de los existentes. "En vez de facilitar, que era el espíritu de la norma, la sentencia va a dificultar el asentamiento de proyectos, con las consiguientes consecuencias sobre el empleo y la población en las zonas rurales", afirma. Por otra parte se crea "una enorme incertidumbre" para las empresas que se acogieron al Decreto 8/2018 y que en base a éste en vez de someterse a licencia ambiental se limitaron a presentar comunicación al ayuntamiento. "Lo mismo sucede con las empresas que quieran iniciar proyectos; tanto unas como otras se quedan en un limbo jurídico, ya que hasta que no exista sentencia en firme no sabrán cómo actuar ni si están operando o no dentro de la legalidad. Además, puede crearse una enorme indefensión ante posibles denuncias", concluyen