La política fiscal es una de las principales herramientas para impulsar la transición hacia la utilización de energías limpias y una industria más sostenible. En particular, el marco de la fiscalidad medioambiental en Europa viene determinado por la Directiva sobre fiscalidad de la energía, que la UE está revisando con el objetivo de incentivar el despliegue de alternativas limpias que se alineen con su actual planteamiento estratégico de energía y clima. Pese a que los Estados miembro ya han avanzado en las cuestiones técnicas, el proceso parece atascado en el contexto de la presidencia belga de la UE. Esta situación coincide con un panorama desafiante en materia tributaria para el sector en España, afectado por un gravamen extraordinario sobre las empresas energéticas que continúa vigente aunque abierto a la posibilidad de un rediseño. Estos temas se abordaron en el encuentro Retos de la fiscalidad medioambiental, organizado por EXPANSIÓN con la colaboración de Deloitte Legal. Una de las principales asignaturas pendientes tiene que ver con la falta de consenso, dado que no existen unas directrices comunes ni una regulación armonizada a escala global. "Cualquier medida de fiscalidad medioambiental debe entenderse en un marco general, como una pieza más ligada a la política industrial del país, su posicionamiento, su autonomía energética y sus empresas", apuntó José Manuel de Bunes, socio de Deloitte Legal. En contraposición con aproximaciones simplistas o ideológicas que pueden motivar la creación de figuras sin impacto positivo sobre el medio ambiente, recalcó que "la política fiscal medioambiental debe conjugar elementos estratégicos y de visión de futuro empresarial". Asimismo, José Manuel de Bunes incidió en que "hace falta seguridad jurídica y estabilidad, tanto en las políticas como en su aplicación". En un mundo global, los países deben conjugar ambos elementos para ser competitivos y favorecer una inversión que, en caso contrario, pondrá el foco en otros destinos. En la misma línea, "no podemos perder de vista algo tan básico como la competitividad de la economía ni el hecho de que todos los ciudadanos y empresas necesitan una energía que cumpla dos requisitos: seguridad de suministro y un coste razonable", afirmó Baltasar Gómez, director de fiscalidad de Naturgy. Es decir, esta transición debe llevarse a cabo de un modo ordenado y eficiente desde el punto de vista económico. "Una de las claves pasa por promover fórmulas de producción que sean más eficientes desde el punto de vista medioambiental; para ello, hay que incentivar el I+D+i en estos ámbitos", señaló Gómez. Juan Pablo Ghelardi, director de asuntos fiscales de Repsol, habló acerca de las diferentes estrategias seguidas por Europa y por Estados Unidos en este sentido: "Allí diseñaron unas medidas muy potentes en forma de incentivos para la descarbonización, mientras que en la UE se ha tendido a castigar al consumo". Impulsar esta transformación por medio de ayudas puede generar un cambio más duradero en los hábitos de las personas, aunque suponga renunciar a una parte de la recaudación a corto plazo. Además, Ghelardi sintetizó las demandas del sector en "seguridad jurídica y neutralidad tecnológica", haciendo hincapié en que la UE debe analizar todas las alternativas posibles para la descarbonización sin cerrar la puerta a ninguna tecnología. La intensa actividad regulatoria en Europa contrasta con una menor concienciación en otros mercados, algo que puede desembocar en una perjudicial desigualdad de condiciones. Por ello, "la visión global es clave en la fiscalidad medioambiental: tomar medidas locales implica un grave riesgo para los costes, para la competitividad de las empresas y para los consumidores de un país", destacó María Muñoz Viejo, responsable de asuntos fiscales de Endesa. Del mismo modo, agregó que "es importante plantearse desde el punto de vista gubernamental qué otros aspectos deben complementar estas políticas medioambientales, que no son la única solución a estos desafíos". "Debemos contar con una fiscalidad ambiental armonizada a nivel europeo para favorecer la inversión", confirmó Pablo Renieblas, socio de Deloitte Legal. La revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía se antoja fundamental para lograrlo, puesto que la normativa actual limita la capacidad de los países de poner en marcha medidas sin que sean calificadas como ayudas de Estado. En paralelo, Renieblas coincidió en la importancia de alcanzar consensos y adoptar un enfoque a largo plazo. "Un impuesto medioambiental no puede durar más de seis o siete años, puesto que grava una externalidad negativa que debería tender a desaparecer", dijo. En el caso de Verallia, un referente europeo en la producción de envases de vidrio para alimentación y bebidas, la compañía cuenta con un producto sostenible pero es muy intensiva en consumo de gas. "Hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos a conseguir la eficiencia energética, por lo que cada incremento en el coste de la energía afecta a nuestra rentabilidad y competitividad", explicó Izaskun de Bengoa Geisler, responsable fiscal de Verallia Spain y coordinadora del comité de impuestos especiales de Anfevi (Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática de Envases). De cara a la descarbonización de la industria del vidrio, la representante de Verallia concluyó que "tenemos que afrontar un cambio de vector energético, algo que debe ir acompañado de la política fiscal y también de seguridad jurídica, con incentivos claros, reales y estables".