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Cuando hablamos de macroparques, añade esta organización agraria, hablamos de cientos de hectáreas, que se están fijando casi en su totalidad en terrenos dedicados tradicionalmente a cultivos o a aprovechamientos para pastos ganaderos, unos usos que ahora están amenazados y desplazados por el avance silencioso de un mar de espejos.
Primera consecuencia de esta invasión de macroparques solares es que, en la práctica, se está expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos, a los que se les corta el acceso a la base principal de sus explotaciones, las tierras.
Se rompe, así, añade ASAJACyL, la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales que han mantenido y cuidado el medio ambiente, además de contribuir a fijar población rural.
Para esta organización agraria, estos proyectos tienen un tremendo impacto ambiental, que deteriora la calidad de vida tanto de los vecinos de los propios pueblos, como de los posibles demandantes del turismo rural y de interior que las Administraciones dicen promover, y que busca la tranquilidad de la Naturaleza, no la visión de cientos de hectáreas de placas solares.
A las hectáreas ocupadas por las placas, hay que sumar el despliegue de redes kilométricas, previa expropiación forzada de tierras, que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades, principales demandantes del recurso.
Redes que, al igual que los propios parques, suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan.
ASAJA lamenta que se desprecien los empleos que estas iniciativas hacen tambalear, vinculados a la agricultura y la ganadería, y al turismo de interior, en aras de otros trabajos muy puntuales y que casi nunca llegan a la población local, que son los que ofrecen este tipo de proyectos energéticos.
Tampoco se sustenta que se someta al territorio a una "burda subasta, de la misma forma que no se puede ofrecer un país a quien más puje por él", critica esta organización agraria, que considera que los responsables políticos no pueden pasar por alto lo que está ocurriendo, máxime cuando la mayor parte de las beneficiadas por las compensaciones están siendo entidades públicas, cuyas decisiones tienen que someterse al consenso y la protección de los intereses de todos los administrados.
La posición de ASAJA es clara: "con carácter general, nos oponemos a estos macroparques fotovoltaicos, que suponen la expulsión del sector primario de los territorios en los que eligen implantarse, y pedimos a la Administración que aplique la normativa con rigor y no haga "manga ancha" para dar paso a expedientes de cambio de uso o para eludir problemas de impacto ambiental".
En este sentido, ASAJA recuerda que un caso específico es el de los montes de utilidad pública, espacios con una protección especial por cuyos usos y gestión tiene que velar la Junta de Castilla y León.
ASAJA pide a los partidos políticos que "den la cara y muestren de qué lado están, si de los habitantes de los pueblos o de otros intereses. No puede ser que, por apuntarse a la moda de las energías limpias, se pase por alto esta salvaje ocupación del espacio".
Finalmente, ASAJA denuncia que, de nuevo, es el medio rural el sacrificado para abastecer de recursos, electricidad en este caso, a las grandes ciudades. "Por lo visto no se considera cubrir tejados de ciudades y polígonos industriales con placas solares, pero tenemos que creernos que inundar miles de hectáreas con espejos es progreso", critica esta organización agraria.