Reducción del 22% del presupuesto comunitario de la Política Agraria Común, que pasaría de 387.000 a 302.000 millones de euros, según Asaja Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la exclusión de los agricultores jubilados del sistema de ayudas, una medida que aceleraría el abandono de tierras. Foto: Asaja Asaja Granada ha lanzado una advertencia ante la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea el pasado 16 de julio en Bruselas, al considerar que, de salir adelante, supondría un "varapalo insostenible" para la agricultura y la ganadería de la provincia. Según ha denunciado la organización en una nota de prensa, la reforma plantea una reducción del 22% del presupuesto comunitario de la PAC, que pasaría de 387.000 a 302.000 millones de euros. Este "recorte" tendría un impacto "especialmente grave" en Andalucía y, en particular, en Granada, que perdería en torno a 30 millones de euros anuales solo en ayudas directas, a los que se podrían sumar recortes adicionales al desarrollo rural. Actualmente, más de 30.000 agricultores y ganaderos granadinos perciben 131 millones de euros al año dentro del marco de la PAC 2022-2027 solo en ayudas del primer pilar. Así, Asaja advierte de que, con esta nueva reforma, se daría un paso más en la pérdida de fondos tras el recorte del 20% ya aplicado en la reforma anterior, acumulando una caída superior al 40% en una década. La organización subraya que la situación es "especialmente preocupante" en una provincia como Granada, que arrastra importantes limitaciones estructurales como la escasez de lluvias, la complicada orografía o los recursos hídricos limitados, lo que la sitúa en "desventaja competitiva". A ello se suman otros factores que agravan la situación, como la falta de mano de obra en campañas clave (aceituna o espárrago) y el aumento de los costes de producción. Sectores estratégicos como el olivar tradicional, el almendro, los cereales de secano o la ganadería extensiva se verían golpeados, especialmente en comarcas como el norte de la provincia, Los Montes, Alhama-Temple, la Vega o la Alpujarra, donde constituyen uno de los principales motores económicos y sociales. Otro de los puntos más controvertidos de la propuesta es la exclusión de los agricultores jubilados del sistema de ayudas, una medida que, según Asaja, aceleraría el abandono de tierras. En Granada, más del 40% de los titulares de explotaciones tienen más de 65 años, por lo que esta decisión pondría en serio riesgo el relevo generacional y la continuidad de miles de explotaciones familiares. Riesgo de desmantelamiento de la PAC Asaja Granada también ha mostrado su rechazo al rediseño presupuestario que plantea eliminar el epígrafe propio de la PAC para integrarla en un fondo multisectorial junto a otros instrumentos de desarrollo rural. La fusión del primer y segundo pilar, según han denunciado, no solo diluye el peso del sector agrario dentro del presupuesto europeo, sino que obliga a competir por los mismos fondos con otros sectores, generando tensiones y poniendo en riesgo líneas clave de apoyo como la modernización de explotaciones, mejora de regadíos o incorporación de jóvenes. "La propuesta debilita la PAC como política estratégica, reduce su capacidad para garantizar una alimentación segura, asequible y sostenible y aleja a Europa de los principios de cohesión territorial, equilibrio rural y soberanía alimentaria", han señalado los agricultores. Además, han alertado de que los efectos no se limitarían al medio rural: "También los consumidores saldrán perjudicados, al encarecerse la cesta de la compra, perder acceso a productos frescos, locales y de calidad, y aumentar la dependencia alimentaria de terceros países". De esta forma, Asaja Granada exige al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que actúen "con responsabilidad y firmeza" para frenar lo que consideran una "propuesta descabellada". Reclaman que la nueva PAC se construya desde el consenso, "teniendo en cuenta la realidad y las particularidades de cada territorio". "Queda tiempo para negociar, pero la propuesta de la Comisión debe ser reconsiderada. No podemos permitir que decisiones tomadas desde Bruselas, de espaldas al territorio, condenen a la desaparición a miles de agricultores y ganaderos que hoy sostienen nuestras comarcas rurales", ha concluido la organización.