La economía española pierde impulso pero aguanta España cerró 2025 con un crecimiento del 2,8%, siete décimas menos que el ejercicio anterior, aunque por encima de la media de la UE en el último trimestre. "La economía española ha mantenido un buen ritmo de crecimiento en comparación con nuestro entorno, aunque ya antes del conflicto se observaban signos de pérdida de impulso", señaló González. El conflicto con Irán dispara la inflación energética El IPC repuntó hasta el 3,4% en marzo de 2026, impulsado por la escalada de precios energéticos derivada del conflicto con Irán. La inflación subyacente se estabilizó en el 2,7%, lo que confirma que el alza responde a factores externos y no a un aumento de la demanda interna. En alimentación, la inflación moderó hasta el 2,7% interanual en marzo, tras registrar el 3,2% en febrero, con los alimentos no elaborados creciendo un 6,5%. "El impacto inflacionario que estamos viviendo tiene un origen claramente energético, lo que introduce una volatilidad adicional en toda la cadena de valor", subrayó González. Las previsiones para 2026 sitúan el IPC medio entre el 3,2% y el 4,3%, con un escenario central del 3,6%, mientras el PIB revisa a la baja sus estimaciones. Mercado laboral con luces y sombras estructurales El empleo registra mínimos de desempleo en 15 años, pero el mercado laboral arrastra desequilibrios profundos: una tasa de actividad del 58,9%, el paro juvenil más alto de Europa (25%) y un incremento de los costes laborales sin mejora equivalente en los salarios reales. El absentismo agrava el diagnóstico: su coste equivale al 1,4% del PIB y batió récords en 2025. González propuso como soluciones reforzar el diálogo tripartito, coordinar mejor el sistema sanitario y digitalizar los procesos de control de bajas. La productividad continúa por debajo de la media europea. El 80% de los directivos del gran consumo la identifica como prioridad, vinculada a la inversión en tecnología y capital humano. La regulación, otro lastre para la competitividad El volumen normativo se triplicó entre 2019 y 2025, pasando de 476 a más de 1.400 normas. Esta proliferación penaliza a las pymes, fragmenta el mercado interior y encarece los costes estructurales. El sector reclama un marco regulatorio más armonizado y predecible. "La estabilidad regulatoria es una condición imprescindible para poder invertir, crecer y competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo", afirmó González. La asamblea también puso sobre la mesa el desequilibrio entre los 27.000 millones de euros adicionales de ingresos fiscales que el Estado ingresó en 2025 y el plan de ayudas de 5.000 millones activado ante el conflicto, abriendo el debate sobre la priorización del gasto público en escenarios de crisis.