La Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria (SOGARCA) ha realizado desde el 1 de enero el doble de operaciones que hace un año y ha incrementado un 32% la cuantía avalada a autónomos y micropymes como consecuencia de la crisis del coronavirus. Los datos los ha dado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Industria, Francisco Martín, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Lorenzo Vidal de la Peña, quien considera que "se ha dejado que Sogarca se convierta en un chiringuito más, muy alejado de sus funciones".
El consejero le ha reprochado que "se excede en sus adjetivos", máximo habiendo estado cinco años en el consejo de administración como presidente de la CEOE, y ha destacado que el plan de choque contra el Covid contempla el apoyo a Sogarca con la financiación suficiente y reducir el coste de los avales.
Ha explicado que el Gobierno, que está representado por el director generla de Industria, no forma parte del consejo de dirección, sino del consejo de administración junto a otra quincena de entidades.
Como nuevas líneas de trabajo para hacer frente a los efectos del Covid, ha señalado la adaptación de los convenios a las nuevas necesidades de liquidez de las empresas; pactar una rebaja del interés hasta el 1,5%; y la apertura de nuevos tipos de avales con un límite de 50.000 euros para autónomos y 100.000 euros para micropymes.
ORUGA SOLDADO
Por su parte, el consejero de Ganadería y Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha anunciado que ha ordenado a las oficinas comarcales una valoración de los daños causados por la oruga soldado, si bien los técnicos de sanidad vegetal no han considerado que la incidencia sea "alarmante", o al menos no tanto como en años anteriores.
Asimismo, ha encargado al CIFA un estudio sobre esta plaga para el desarrollo de una metodología que permita medir su afectación con criterios científicos, así como que valore la posibilidad de un estudio más profundo.
Según ha explicado, también se ha valorado la posibilidad de establecer una línea de ayudas, pero "no sería posible en este ejercicio" y "no es técnicamente aceptable" porque se trata de indemnizaciones, y habría que pedir autorización a la Comisión Europea, un trámite "complejo y de éxito muy dudoso".
Blanco ha realizado estas afirmaciones en respuesta a una interpelación de la diputada de Ciudadanos Marta García, quien ha explicado que los métodos biológicos para luchar contra esta plaga que "arrasa buena parte de las praderías" son "imposibles de asumir económicamente" para los ganaderos afectados, y ha instado al consejero a establecer una línea de ayudas para la recuperación de praderías.
Blanco ha señalado que el primer paso es recabar los datos necesarios para poder establecer "una estrategia lógica de trabajo".
DESPOBLACIÓN
En el mismo Pleno, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha interpelado a la consejera de Presidencia, Paula Fernández, por los criterios que han guiado la inclusión del proyecto integral para abordar el desafío demográfico en Cantabria en el paquete de proyectos para captar fondos del Plan de Recuperación Europeo 2021-2023.
La consejera ha expuesto criterios de "necesidad" -el 29% de los municipios de Cantabria están en riesgo de despoblación-; y de "oportunidad" porque encaja en los ejes establecidos por la Unión Europea y las directrices del Gobierno de España. "Sería un error político de alto calibre y ceguera desaprovechar esta oportunidad para afrontar el reto demográfico cuando es una política de Unión, de Estado, de comunidad autónoma y también local", ha enfatizado.
El portavoz de Vox ha centrado su intervención en el proyecto incluido en ese paquete para fomentar en el Alto Ebro actividades como piragüismo, trekking, vela, kite surf, con un presupuesto de 330 millones de euros, de los que el Gobierno aportaría 100 y los 200 restantes inversores privados, y con una estimación de creación de empleo de 128 puestos de trabajo.
Palacio ha llamado la atención sobre la "desproporcionalidad" de este proyecto y lo ha utilizado como referencia para preguntarse qué parte de los proyectos presentados por el Gobierno para captar fondos europeos "son realidad y qué parte es pura y absoluta ficción".