La Comisión Europea (CE) presentará este jueves día 29, la primera comunicación formal sobre la Política Agrícola Común (PAC) post 2020, cuya negociación partirá de un escenario con menos presupuesto y en el que los Estados miembros tendrán un papel más activo para adecuarla más a su territorio.
Un borrador de la Comunicación "The Future of Food and Farming" filtrado el pasado 25 de octubre por ARC2020 plantea una PAC "más orientada a los resultados", con más ambición "ambiental y climática" y en la que los Estados miembros asuman "una mayor responsabilidad" y reduzcan "la carga administrativa" de la UE.
Abogan por pasar de los pagos directos por áreas desacopladas a los pagos centrados en fomentar la innovación y la calidad
El profesor emérito de Política Agrícola Europea del Trinity College (Irlanda) Alan Matthews sostiene que la versión final puede variar de la filtrada, pero asegura en su blog que, en este primer documento, de 18 páginas, la CE evita las "propuestas más regresivas" y en contra de una "mayor orientación hacia el mercado".
La PAC, puesta en marcha en 1962 y revisada sustancialmente en 1992, 2003 y 2013, ha evolucionado "hacia una mayor orientación al mercado y a los pagos directos a las explotaciones, en gran parte desacoplados" o desvinculados de la producción, explica.
A su juicio, ahora se "debería pasar de los pagos directos por áreas desacopladas a los pagos dirigidos y centrados en fomentar la innovación y la producción de calidad".
Los nuevos objetivos para seguir avanzando en el proceso de construcción europeo -como el capítulo de inmigración- y el efecto del Brexit -que reducirá el presupuesto de la PAC en 3.600 millones de euros, según el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan-, son los mayores condicionantes para el nuevo marco agrícola.
Así lo cree Isabel Bardají, catedrática de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Politécnica de Madrid que, tras estudiar las propuestas europeas que hay sobre la mesa, afirma que se va a pasar "de una PAC de objetivos a una de resultados".
Se baraja una simplificación para "un marco flexible que se pudiese adaptar a los territorios"
Esta evolución -añade a Efeagro- busca el compromiso de los Estados miembros a "alcanzar determinados resultados económicos, sociales y ambientales, con medidas concretas", así como un "cambio de métodos, de forma de implementar y de hacer la política que va a afectar mucho" a la agricultura y ganadería comunitaria.
En una ponencia titulada "Propuestas europeas para la PAC post 2020" -que previsiblemente empiece a aplicarse en 2022 ó 2023-, Bardají explicó la semana pasada los elementos en torno a los que gira esta nueva revisión: su diseño, simplificación, los pagos directos, la acción ambiental y climática y la gestión de riesgos.
Sobre el diseño de la futura PAC, apunta que la CE en su borrador opta la estructura actual del pilar 1 (pagos directos a las explotaciones) y 2 (desarrollo rural y la gestión de riesgos) frente a los tres propuestos, por ejemplo, por Francia (acción ambiental y clima, medidas cofinanciadas y medidas de mercado).
La simplificación, de la que un informe del Gobierno holandés ya se pronunciaba hace años -recordó Bardají en su ponencia- se cimenta en una programación con mayor libertad dentro de un presupuesto que se tradujera en "un marco flexible que se pudiese adaptar a los territorios".
"Se trataría de establecer un marco común y que cada Estado miembro definiese en un plan estratégico o estrategia nacional sus prioridades y unos resultados", para lo que haría falta contar con unos "indicadores" ligados a la medición de los objetivos y de su consecución, aseguró.
La CE defiende "la no cofinanciación" y el establecimiento de una "cuantía máxima por explotación de entre 60.000 y 100.000 euros"
Para Isabel Bardají, "lo que se busca hoy es que cada Estado miembro busque sinergias entre los dos pilares y que sea una PAC más adaptada al territorio y respondiendo a las necesidades locales".
En cuanto a los pagos directos y sus objetivos, indicó que "el debate europeo es muy duro y con diferentes posturas" porque desciende el presupuesto, pero que la CE defiende "la no cofinanciación" y el establecimiento de una "cuantía máxima por explotación de entre 60.000 y 100.000 euros".
Hay propuestas europeas -añadió- que defienden condicionar los pagos directos no solo al apartado medioambiental sino también a la gestión de riesgos.
El borrador de Bruselas opta, según la catedrática, por sustituir los tres elementos de condiciones ambientales -condicionalidad, pago verde y medidas agroambientales- por un esquema único de medidas voluntarias y obligatorias.
En cuanto a la gestión de riesgos, la CE propone la posibilidad de que "los Estados miembros puedan seguir apoyando sus sistemas nacionales de seguros", "la creación de una plataforma de intercambio de gestión de riesgos a nivel comunitario" y el desarrollo de "índices para la evaluación de pérdidas de ingresos".
El documento también menciona "la posibilidad de hacer incentivos a los ahorros precautorios o ahorros de precaución", de tal forma que "los agricultores ahorren en años buenos y puedan gastar en años malos", explicó Bardají.
Calificó de importante el debate comunitario sobre la "acción colectiva" tanto para inversiones como en adopción de riesgos, así como el impulso a la bioeconomía, la aldeas inteligentes, la conectividad en el campo o el relevo generacional, del que se habla de fomentar un Erasmus para jóvenes agricultores.