Rebelión en el campo IRENE SÁNCHEZ CARRÓN
Domingo, 9 febrero 2020, 10:26
PROCEDO de una zona agrícola, el Valle del Jerte, donde el minifundio ha sido desde antiguo el tipo de explotación que ha permitido vivir a cientos de familias. Este modelo económico, que ha perdurado durante siglos, agoniza ahora ante nuestros ojos. Frente a lo que sucede en las áreas de latifundios, en el Valle del Jerte prácticamente todos los habitantes hemos sido siempre propietarios de las tierras que trabajábamos. Quienes tenían un poco más se podían permitir la contratación de la mano de obra que necesitaban; quienes poseían menos recogían lo propio y completaban la economía familiar trabajando unos jornales o gestionando «a medias» las parcelas de otros pequeños propietarios que, por circunstancias diversas, ya no llevaban directamente sus tierras.
Todos conocemos la inseguridad que implica depender de una actividad que necesita la complicidad de la meteorología. Sin embargo, pese a la helada inoportuna que podía arruinar la floración o la tormenta traicionera que se llevaba por delante parte de la cosecha, las familias, en general, fueron capaces de vivir del campo durante décadas. El campo dio para construir o reformar la casa, para criar a los hijos y hasta para pagarles los estudios. Sin embargo, viendo ahora la situación precaria en la que se encuentran los pequeños agricultores, no solo en mi comarca sino en todo el país, resulta prácticamente imposible ganarse la vida dignamente en el campo si no eres un gran propietario.
La crisis actual ha provocado protestas generalizadas en distintas comunidades autónomas. Entre todas, ha tenido especial eco la protagonizada por los agricultores pacenses en Don Benito. Al presidente de la Junta, Fernández Vara, pocas veces se le ha visto tan descolocado como ese día. Bien es verdad que a la sonora protesta había que añadir la noticia del aumento del paro en nuestra comunidad autónoma, un jarro de agua fría que nos sitúa a la cabeza del desempleo en España.
Las protestas de estos días están totalmente justificadas. La caída de los precios ha provocado que muchas cosechas se dejen sin recoger porque no es rentable ni acercarse a la parcela. Las exigencias de calidad aumentan mientras disminuyen los ingresos del productor. Aumenta el precio del gasoil y de los productos químicos. Cada vez la inversión en maquinaria es más elevada. Con los ingresos mermados hay que hacer frente a los impuestos de las comunidades de regantes y de las confederaciones hidrográficas, a los préstamos eternos para reformar la canalización, a las cuotas de las cooperativas. Nuestro ejecutivo regional, con Fernández Vara a la cabeza, conoce bien esta realidad. Tan solo debe decidir de qué lado está, si del de los agricultores extremeños o del de los intereses de partido.
Sabemos que no existe una causa única que explique una realidad sumamente compleja, pero sin duda la gestión política está en el punto de mira, por el absoluto desinterés de los sucesivos gobiernos hacia un sector fundamental. Por otro lado, las actuaciones repentinas y poco meditadas también pueden acarrear graves perjuicios. El nuevo gobierno central ya se ha dado de bruces con la realidad de que una medida como la subida del salario mínimo, sin prever las consecuencias o adoptar medidas que amortigüen su repercusión, puede dañar a colectivos especialmente sensibles a estos cambios.
Estamos en un momento en el que el campo toca fondo y la rebelión va a ser imposible de contener. El gobierno parece dar muestras de querer implicarse en una cuestión crucial para nuestro país y para la comunidad extremeña. A nivel internacional, Pedro Sánchez ha planteado la problemática en Bruselas. En el ámbito nacional, se están celebrando reuniones con los distribuidores y las grandes cadenas de supermercados. Parte del propio sector agrario hace tiempo que también viene realizando autocrítica y se prepara para adaptarse al fin del modelo de la pequeña explotación familiar para buscar la fuerza de la unión en cooperativas con capacidad para negociar los precios. Los riesgos del monocultivo, la apuesta por la diversificación y la sostenibilidad y la búsqueda de modelos que favorezcan el acercamiento entre productor y consumidor son otros aspectos que habrá que tener en cuenta si queremos abordar el problema en toda su dimensión.
Nuestro gobierno puede quedarse en la declaración airada de cara a la galería o puede hacer lo que le corresponde, que es legislar y regular pensando en la supervivencia de un sector clave. Durante la campaña electoral, todos los partidos, incluyendo los que ostentan el poder, hablaron de la España vaciada y de la obligación de atender las necesidades y reivindicaciones de los agricultores.
El problema es complejo y la solución nos compete a todos. No debemos olvidar que también los consumidores podemos tener un papel importante en qué productos metemos en la cesta de la compra. Pero todo este proceso deben dirigirlo las administraciones. Son ellas las que deben tomar las decisiones, legislar y ejecutar, en lugar de enredarse en diatribas parlamentarias y en interminables mesas de trabajo. Esto no va de intrigas palaciegas ni de juegos políticos de salón. Esto es más importante que otros temas que copan todos los días las agendas de nuestros políticos. El campo se nos muere y pronto no habrá marcha atrás. Tampoco para esto hay plan B. Señores, tomen decisiones, no hagan juego.