Medio siglo después de su implementación con el objetivo de lograr un mayor equilibrio del mercado, las cuotas azucareras tocan a su fin en el marco comunitario. Aunque el sector remolachero había reclamado su mantenimiento hasta 2020, los Gobiernos solo lograron un aplazamiento de su eliminación hasta este 1 de octubre de 2017. Así que la industria estará liberalizada a partir de mañana y tendrá que competir, como muchos otros sectores alimentarios, por su supervivencia.
Ante el nuevo escenario tras tantos años de regulación, el Comité Económico y Social (CES), con sede en Bruselas, fue el primero en proponer en un dictamen que se mantenga una política de apoyo para que el sector agrario no sufra un revés muy profundo. El organismo propone que se apuntale a las industrias nacionales para que produzcan y exporten más. En España, el Ministerio de Agricultura cree que ese consejo de potenciar el sector para que venda más fuera es el que debe seguirse.
En medios agrarios hay una fuerte división. Algunos ven la eliminación de las cuotas como la oportunidad para producir más y en otro se atisban los peligros de un exceso de oferta. Además, España tiene altos costes de producción por las necesidades de riego y el precio de las diferentes energías, especialmente la electricidad y el gasóleo. Desde la industria transformadora hay ganas de explotar más el negocio. El consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, ha apuntado la idea de llegar a las 600.000 toneladas frente a las 378.000 actuales. La cooperativa Acor, por su parte, quiere mantener una producción mínima de 180.000 toneladas para operar a pleno rendimiento su planta de Olmedo, que procesa hoy unas 120.000 toneladas.
Algo en lo que coincide todo el sector es en la necesidad de reducir costes de producción, básicamente por el agua de riego, que van asociados a los precios de la energía. Los agricultores pagan un canon por la potencia contratada todo el año, rieguen o no, y buscan la posibilidad de hacer contratos de temporada.
Con una demanda interior de 1,4 millones de toneladas, España tuvo históricamente unas cuotas de producción muy por debajo de sus necesidades, lo que la ha obligado a absorber los excedentes de otros Estados europeos e incluso importar de terceros países para el refino. Hasta la reforma del mercado comunitario de 2006, España disponía de una cuota de producción de 996.700 toneladas sobre una cuota total de la UE de 18,6 millones de toneladas. Con el argumento de que había un mercado excedentario con bajos precios, Bruselas sacó adelante una reforma que supuso reducir los precios de intervención del azúcar de 631 a 404 euros por tonelada, mientras que los precios mínimos para la remolacha pasaron de 44,01 a 26,29 euros por tonelada desde la campaña 2009/2010.
Incentivos para dejarlo
En paralelo a estas rebajas, Bruselas puso sobre la mesa más de 6.000 millones para incentivar el abandono de los cultivadores que se consideran con menos posibilidades para competir, así como para el cierre de las industrias menos eficientes. España fue uno de los países que más se acogieron a esa oferta. Ello acarreó una reducción de la cuota a 498.479 toneladas y, por ende, una disminución de la superficie cultivada de unas 80.000 hectáreas a menos de 40.000. También cerraron la mitad de las plantas transformadoras. Sólo quedaron las de Miranda de Ebro, La Bañeza, Toro y Jerez, propiedad de Azucarera, y la de Olmedo, de la Cooperativa Acor. Azucarera transforma 378.000 toneladas anuales, y Acor, otras 120.000.
Actualmente, las empresas de transformación están pagando en torno a 32,50 euros por tonelada de remolacha. El precio es alto si se lo compara con lo que pagan las industrias de países como Francia o Alemania, que, gracias a que el proceso de producción tiene menores costes, también pueden pagar menos por la materia prima, lo que los hace más competitivos a la vista del consumidor final. Ya hay grandes distribuidores españoles que ofrecen azúcar procedente de Alemania en sus lineales.
Con vistas al futuro, la única salida en la que están de acuerdo productores e industriales es en aumentar la competitividad en toda la cadena del producto. Esta necesidad de avanzar juntos en defensa del sector hizo que la remolacha fuera pionera en la firma de un acuerdo marco interprofesional (AMI) quinquenal y en la puesta en marcha de una Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera (Aimcra), con sede en Valladolid y financiada por los propios remolacheros y Azucarera.
Desde Aimcra se ha trabajado en la investigación de nuevas variedades de semillas para aumentar el volumen y la calidad del cultivo, así como el uso de energías alternativas. Fruto de esos trabajos, los remolacheros españoles se hallan hoy a la cabeza de los comunitarios con la obtención de una media de unas 110 toneladas de remolacha de calidad por hectárea en la zona norte y de 85 en la zona sur.
Sin embargo, sigue sin resolverse el problema del coste del agua. Existe una gran disparidad sobre su repercusión en los costes de explotación de una hectárea, ya se trate de aguas superficiales de ríos o canales o de pozos, y la necesidad de utilizar una energía eléctrica. Hasta la fecha, nadie ha podido vencer la oposición de las eléctricas a autorizar contratos de temporada. El riego viene a suponer entre el 20% y un 50% de los costes de producción. Los mayores rendimientos por hectárea frente a otros países no llegan a compensar el coste más alto del riego.
Innovación y apertura
Aunque el agua es una pieza clave, hay también otros aspectos a considerar en el futuro. Salomé Santos, directora agrícola de Azucarera, dice que el grupo seguirá asesorando a cada remolachero sobre semillas, abonos, experiencias, planificación y uso de nuevas tecnologías, añadido al pago de anticipos por campaña o financiación de proyectos para tener nuevas fuentes de energía. Azucarera realiza estos servicios a través de la sociedad Agroteo, propiedad de la industria y de los remolacheros.
Azucarera hace una inversión anual en innovación y desarrollo de entre 18 y 20 millones de euros y acaba de poner en el mercado nuevos productos para consumo animal, industrial y abonos bajo la marca Betalia. Acor, por su parte, desde 2005 ha invertido 105 millones de euros para diversificar su actividad hacia cultivos (girasol, biodiésel, trigos) y otros 50 millones para actualizar su planta.
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