La guerra en Irán ya está golpeando con fuerza a uno de los pilares de la economía española: el sector agroalimentario. Tal y como venían advirtiendo los profesionales desde hace unas semanas , estamos ante un problema muy real para empresas, agricultores y exportadores, que se enfrentan a pérdidas millonarias , interrupciones logísticas y un encarecimiento generalizado que amenaza con trasladarse al consumidor. Las empresas del sector agroalimentario destacan especialmente las dificultades en el suministro de materias primas y en el transporte y exportación de sus productos. La situación, además, está marcada por una enorme volatilidad, lo que impide a muchas compañías cuantificar todavía el alcance real del golpe, en un contexto en el que los precios del petróleo cambian constantemente y con el estratégico estrecho de Ormuz en poder de Irán "Muchísimos contenedores no sabemos dónde están" Uno de los sectores más afectados es el de la aceituna de mesa . La Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa) cifra en unos 100 millones de euros las pérdidas potenciales , equivalente a todo lo que España exporta cada año a la región del Golfo. Su secretario general, Antonio de Mora, advierte de que, si el conflicto se prolonga, esas ventas podrían desaparecer por completo. "No solo se ha visto afectado el estrecho de Ormuz, sino toda la zona: por miedo, las navieras ya no pasan por allí , tienen que dar rodeos enormes o directamente dejan de operar", explica. El impacto ya es visible en el día a día de las empresas. "Hay muchísimos contenedores que no sabemos dónde están , almacenados en puertos intermedios o directamente perdidos por el camino. Muchos pedidos se han anulado, es un auténtico desastre", añade De Mora. A ello se suma un fuerte encarecimiento de los costes logísticos: los fletes se han multiplicado hasta por cuatro y los seguros siguen la misma tendencia, mientras escasean los barcos disponibles. La pesca pide medidas urgentes La situación también es muy delicada para la flota pesquera española . La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores han pedido al Gobierno medidas urgentes para evitar el "inminente" amarre de barcos por falta de rentabilidad. El precio del combustible se ha más que duplicado en pocos meses, pasando de unos 0,50-0,60 euros por litro a superar los 1,3 euros en España, e incluso los 2,2 euros en otros países. El sector alerta de que están en riesgo miles de empleos y la propia seguridad alimentaria. El encarecimiento no se limita al transporte. En la producción agrícola, los costes también se están disparando. La patronal catalana Afrucat prevé subidas del precio de la fruta de entre el 10% y el 15% debido al aumento de los insumos: el transporte ha subido un 35%, los herbicidas un 30% y los fertilizantes -como la urea- hasta un 60%. El mensaje del sector es claro: el incremento de costes ya está llegando al consumidor. Miedo al efecto dominó Las grandes empresas de alimentación tampoco son ajenas a esta situación. El consejero delegado de Pascual , César Vargas, reconoce que la compañía trabaja con múltiples escenarios ante la incertidumbre actual. Más allá del encarecimiento directo de materiales ligados al petróleo, como el plástico o el carburante, advierte de un "efecto dominó" que afecta a toda la cadena de suministro. El impacto podría ascender a decenas de millones de euros este año. Por ahora, la empresa ha optado por absorber el golpe en sus márgenes para no perder competitividad. Otras multinacionales, como Heineken , también reconocen que el contexto geopolítico puede afectar a las cadenas globales de suministro, aunque destacan su apuesta por el aprovisionamiento local como vía para mitigar riesgos. En conjunto, el sector agroalimentario español se enfrenta a una tormenta perfecta : costes al alza, rutas comerciales alteradas y una incertidumbre creciente sobre la duración del conflicto. De prolongarse la guerra, el impacto podría intensificarse en los próximos meses y acabar trasladándose de forma más clara a los precios que pagan los consumidores.