En los ocho primeros meses de este año, España ha sufrido 54 grandes incendios (de más de 500 hectáreas) y se han quemado un total de 252.700 hectáreas de superficie forestal. En la última década, la media anual de grandes incendios ha sido de 14 y se han abrasado casi 70.000 hectáreas. Lo que está sucediendo este año no tiene precedente y por eso el presidente del Gobierno anunció en el debate del Estado de la Nación de mediados de julio pasado nuevas medidas, que se concretaron en el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales aprobado en Consejo de Ministros del 1 de agosto y convalidado por el Congreso de los Diputados el 25 del mismo mes. La mayor aportación de esta normativa, que únicamente tiene dos artículos, uno para modificar la Ley de Montes de 2003 y otro de medidas urgentes de coordinación, es que obliga a las comunidades autónomas a tener elaborados y publicados sus planes de prevención de incendios antes del 31 de octubre, con un alcance para todo el año, no sólo para las temporadas de incendios, como viene sucediendo hasta ahora, y listos para estar operativos antes de 2023. La suma de los planes de prevención y lucha contra los incendios de todas las comunidades autónomas supondrá un avance, seguro; pero este plan de bomberos forestales necesita un complemento imprescindible: la gestión de los bosques. El elevado número de grandes incendios tiene mucho que ver con la cantidad de combustible acumulado en los montes españoles. El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) señaló, tras conocerse las nuevas medidas, que "el verdadero problema de esta norma es no abordar el estado de excesiva densidad por abandono de los montes". El COIM añade que hace más de una década que los propios especialistas en incendios han llegado a la conclusión de que "no hay que reforzar la desproporcionada atención que se presta a la extinción, frente al estado de abandono de los montes en buena parte de nuestro país. Las políticas que solo invierten en represión (incendios, salud, seguridad) acaban fracasando al no abordar el problema de fondo. Además de los medios que ya tenemos para extinguir los incendios, necesitamos modificar la estructura de nuestros montes para hacerlos mucho más resilientes". La gestión de las masas forestales es seguramente el mejor instrumento para prevenir incendios, pero también para hacer frente al cambio climático y a otros retos que tiene España, como la despoblación, que es la principal causa del crecimiento desordenado de los bosques y la gran acumulación de combustible que soportan. En los últimos 80 años, España ha multiplicado por 2,5 su masa forestal y el stock de biomasa se ha triplicado en 50 años, mientras sigue estancado el aprovechamiento de los montes. Todo ello lleva a que se estén configurando nuevas superficies forestales en las que se acumulan hasta 10 toneladas de vegetación muerta, cuya descomposición genera CO2 y son como un enorme camión de gasolina en espera de una cerilla. Los ingenieros de montes, que obviamente son grandes expertos en esta materia, señalan que el reto que hay por delante, "tras décadas de abandono", es enorme y piden que se abra un debate sereno y participativo. En su opinión, es el momento de la gestión forestal, una tarea en la que, según sus datos, el Estado tan sólo gasta 100 millones de euros al año, que en realidad van a la contratación de medios aéreos para apagar incendios. Para arrancar ese debate, proponen una serie de medidas: 1. Bioenergía. El actual contexto internacional (altos precios de la energía e incertidumbre en el suministro) es el mejor para apostar por la bioenergía, incentivando incluso fiscalmente la instalación de redes de calor que consuman biomasa especialmente en zonas rurales y dispersas y bajando el IVA al 10% al consumidor. 2. Adaptación de la legislación. Hay muchas normativas concebidas para las ciudades cuya aplicación en el ámbito rural no tiene mucho sentido y provoca el abandono de actividades que son beneficiosas. La Administración debe favorecer, por ejemplo, la concentración de los minifundios forestales cuyo tamaño los hace ineficientes y quedan abandonados. 3. Compensar a quien descontamina. "Es el momento de aplicar el principio de que si quien contamina paga, quien descontamina es compensado", así de rotundo lo señalan los ingenieros de montes, quienes apuntan que ya hay normativa que permitiría aplicar esta medida, tanto en la Directiva del Marco de Aguas, como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la mencionada Ley de Montes. 4. Recuperar la ganadería extensiva. Es de sobra conocida la labor de limpieza de los montes que realiza el ganado. Igualmente se ha podido ver este verano cómo la proximidad de cultivos de cereal de los montes ha facilitado incendios. Por eso, proponen fomentar la ganadería extensiva y los cultivos poco combustibles (vid y frutales) que generan zonas con poca vegetación y sirven de cortafuegos. 5. Apostar por la bioeconomía. El COIM recuerda que la normativa francesa obliga a la utilización de la madera como materia prima en la promoción de viviendas y oficinas. La madera y otros productos forestales son habituales en la construcción, embalaje, textil, química y en la generación de energía y es una materia prima muy sostenible por su gran capacidad de reutilización. 6. Fomentar la repoblación. La gestión de los bosques con la puesta en práctica de estas y otras medidas activaría el círculo virtuoso. Si hay actividad, hay empleo y familias que demandan servicios públicos y privados y repueblan estas zonas rurales, que es donde están los bosques. El Gobierno y las comunidades autónomas tienen en los incendios una magnífica excusa para tomarse en serio la gestión forestal y, de paso, hacer frente a la despoblación de buena parte del territorio español, que da la casualidad que es nuestro mayor almacén de oxígeno y víveres. Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense