El brexit está siendo y será uno de los fenómenos políticos, económicos y sociales con mayor impacto para el sector agroalimentario. Esta fue la primera conclusión a la que llegamos en una jornada que celebramos a finales de septiembre en la CEOE con representantes políticos, empresas, organizaciones y expertos, en colaboración con la FIAB.
Esta afirmación es una realidad que se ha visto ratificada incluso antes de que se culminen las negociaciones. Basta pensar en los volúmenes de exportaciones de nuestras frutas y hortalizas, pero no solo. Por poner algunos ejemplos, el tipo cambiario euro/libra ha llegado a situar a la moneda británica en los niveles de 1985; miles de millones en la PAC se verán negativamente afectados, ya no solo en el marco de salida dentro de las actuales perspectivas financieras, sino en las que se tendrán que negociar para el próximo periodo, donde el Comisario Hogan ya ha cifrado la reducción en los 3.600 millones.
Pero existen muchas otras consecuencias de impacto estratégico a medio y largo plazo para nuestras empresas y organizaciones que vienen rodeadas por un halo de incertidumbre. Es el caso de las exigencias que se puedan dar en Reino Unido en la legislación alimentaria, de salud animal o de medio ambiente; la correspondiente a la protección o no de las denominaciones de origen; o, sin duda, la potencial introducción de aranceles que cambiará de una manera drástica la competitividad de nuestros productos, al igual que la del resto de Estados miembros de la UE.
Cabe recordar que las negociaciones están claramente orquestadas en torno al proceso y los equipos de negociación. Nos encontramos todavía en la primera fase que tiene que determinar cuestiones tan relevantes como las obligaciones financieras, los derechos de los ciudadanos o la delicada cuestión de la frontera con Irlanda. Luego vendría la segunda fase, en la que se entrará en las futuras relaciones entre ambos países. El calendario original fijaba la culminación de la primera fase en el mes de octubre. Sin embargo, Juncker decía recientemente que solo un milagro permitiría mantener este calendario. Y la incertidumbre no es solo temporal sino también de fondo. Basta recordar el famoso discurso de May en Florencia el pasado mes de septiembre.
La dilación en el proceso de negociación no tranquiliza sin embargo al sector agroalimentario y de consumo, tampoco a otros. Pensemos que son muchos los frentes abiertos, algunos ya apuntados arriba. Pero cabe decir que los poderes públicos han respondido orgánicamente al reto. En España se ha creado la Comisión Interministerial para el seguimiento de la propuesta de salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como la Ponencia de estudio de las consecuencias derivadas de la salida Reino Unido de la UE constituida en las Cortes Generales. También se ha nombrado un Embajador en Reino Unido con una más que sólida experiencia en temas europeos, y existe un consejero específico encargado del brexit en el seno de nuestra Representación Permanente ante la UE.
No obstante, la dilación en los procesos, la respuesta orgánica por parte de la Administración, así como la fuerza unitaria que implica la canalización de una negociación con una sola voz en la UE, no debe llevar a organizaciones y empresas del sector agroalimentario a adoptar una decisión de espera ni de pasividad. Consta que no es así. De hecho, son cada vez más frecuentes los foros, jornadas, seminarios y sólidos documentos e informes con los que el sector está alzando su voz. Sin embargo, es necesario articular este diálogo y conseguir una trazabilidad de los mensajes desde los campos de Levante hasta Bruselas, asegurándose de que llegan a los oídos del equipo Barnier y no quedan difuminados en los intereses de los otros 26 estados miembros y de infinidad de sectores económicos. A los poderes públicos cabe pedirles una transparencia dentro de una lógica discreción y el intercambio de información; al sector privado, esa necesaria proactividad. Mensajes acompañados de la legitimidad que nos dan los datos son necesarios en Madrid y en Bruselas.
Las negociaciones, con la mayor solidez argumental posible, son más fructíferas. Este proceso tiene que ser un ejemplo de partenariado entre lo público y lo privado, de diálogo constructivo en pro del interés general que, contrariamente a lo que de manera simplista se dice, no es contrario a los intereses del sector privado.
El sector se juega parte de su futuro, pero el proyecto europeo también. Como afirmara la, recientemente reelegida, Canciller alemana en la Cumbre Europea del me de junio: el diseño del futuro de los Veintisiete Estados miembros prevalece sobre el brexit. Reino Unido será, y debe ser, un tercer Estado, aunque previsiblemente con alguna particularidad. Nadie duda de que un aterrizaje suave sería positivo por cuanto ayudaría a mitigar los efectos y a una mejor planificación a medio plazo, buscando otros mercados o adaptando nuestros productos a las nuevas condiciones del mercado aminorando la pérdida de competitividad.
Pero en todo caso el reto no es fácil. Hay que lograr el difícil equilibrio entre la lógica voluntad de que el sector se vea afectado lo menos posible, con un mensaje político que ponga de manifiesto que el brexit no puede salir gratis.
Jorge Villarino es socio y director de regulación de Vinces, y Laurence Modrego es directora de la oficina de Bruselas