El siglo pasado arrancó con proyectos de modernización que pasaban por catapultar el regadío a través de una red de pantanos y canales. Fue un plan que, al parecer de algunos expertos, seguimos arrastrando en parte La sequía en España adquiere otra dimensión cuando se tienen en cuenta los precedentes históricos. Entonces se observan tres cosas. La primera es que la aridez y la irregularidad de las precipitaciones llevan más de cien años con nosotros, como una especie de gran drama nacional que se transformó, muy pronto, en pugna regional. La segunda es que el impacto de la falta de precipitaciones no se entiende sin la espectacular expansión del regadío, que hoy consume el 80% de nuestros recursos hídricos, aunque representa menos del 3% del PIB. Y la tercera es que la historia de las grandes medidas contra la sequía es la historia de nuestra gestión del agua. Como recuerda Josep Joan Mateu, historiador de la Universitat de Lleida, España se consideró hasta finales del siglo XIX como una especie de vergel por explotar. Sin embargo, la crisis económica finisecular y la pérdida de las últimas colonias transformaron ese escenario y abonaron el terreno para que las ideas de intelectuales regeneracionistas como Joaquín Costa y políticos como Rafael Gasset acabaran imponiéndose. Según estas ideas, España no solo no disponía de abundantes recursos hídricos en comparación con otras potencias europeas, sino que la irregular distribución del agua acrecentaba la desigualdad regional. Las sequías se convirtieron en un problema nacional para un país que dependía totalmente, según Costa, de la expansión del agua, las carreteras y las escuelas para modernizarse. Había que crear una impresionante red de pantanos y canales y multiplicar con ello los cultivos de regadío. Bien público, recurso escaso Así, según Costa o Gasset, el despegue de la productividad del campo reduciría al mínimo el déficit público, catapultando la recaudación de impuestos con la revalorización de las tierras. La difusión del regadío frenaría también el éxodo rural, creando millones de empleos en lo que hoy llamamos España vaciada. Finalmente, el fraccionamiento de los campos de fresas o tomates convertiría a muchos jornaleros en pequeños empresarios, que se aliarían con las clases medias urbanas para acabar con el régimen caciquil y latifundista de la Restauración . José Luis Ramos, de la Universidad Complutense de Madrid, cree que las ideas de Costa y Gasset dieron un giro abrumador a las políticas del agua españolas. Recordemos que, antes de que fuesen hegemónicas, muy a finales del siglo XIX, el Estado prevenía las sequías facilitando legislativamente la construcción privada de las obras de riego y, en contadas ocasiones, auxiliando a los inversores de proyectos fallidos. Sin embargo, en las primeras décadas de la siguiente centuria, y a partir del Plan General de Canales de Riego y Pantanos, impulsado por el ministro de Agricultura Rafael Gasset y promulgado por su sucesor en 1902, el Estado empezó a identificar las necesidades del regadío con las de la mayoría de los españoles y a considerar el agua un bien público abundante, cuyo uso y consumo debían subsidiarse masivamente. Sobre todo a partir de 1911, la administración asumió toda la promoción, financiación y explotación de las infraestructuras para recolectarla, almacenarla y transportarla. Había que satisfacer la demanda prevista sin atender a cuestiones como el impacto ambiental o la realidad de que el agua era, y es, un recurso escaso. A pesar del plan general y de todas las obras y desarrollos normativos que vinieron hasta los años veinte, los esfuerzos, en general, fracasaron. Los emplazamientos de los nuevos canales y pantanos resultaron, muchas veces, arbitrarios, sus conexiones eran mejorables, y, como colofón, se apostó por los regadíos interiores frente a los mediterráneos, que eran mucho más eficientes. Y así es como Levante o Murcia quedaron prácticamente a su suerte durante las sequías. Pugna entre regiones El miedo a las sequías y a quedarse atrás en la modernización del campo no tardaría en alimentar una lucha regional por el agua y las infraestructuras que permitían disponer de ella. En 1926, con la dictadura de Primo de Rivera , se lanzaron las actuales confederaciones hidrográficas, unos entes autónomos y regionales del Ministerio de Fomento entre los que surgieron tensiones, porque las confederaciones mediterráneas se sentían marginadas. Según Antonio Gil, de la Universidad de Alicante, el I Plan Hidrológico Nacional de 1933, ya en la Segunda República y muy poco después de la durísima sequía de 1930, se propuso corregir los desequilibrios, entre fuertes protestas en la meseta castellana. El plan, muy escorado hacia el Mediterráneo, incluía, entre otros, un proyecto de expansión del regadío en 84.000 hectáreas en Murcia y casi 340.000 en Levante. Leandro del Moral, de la Universidad de Sevilla, recuerda que, después de la Guerra Civil y a partir de la década de los cuarenta, los planes franquistas heredaron muchos de los proyectos previstos por el plan republicano, impulsado por el socialista Indalecio Prieto , y también la participación y el diagnóstico de Manuel Lorenzo Pardo, su autor: "Júcar y Turia regularmente caudalosos aunque medianamente provistos, Vinalopó y Segura agotados y el Almanzora, inexistente. Hay, pues, en la zona valenciana una necesidad de ordenación, en la alicantina y murciana una necesidad de ayuda y en la andaluza una imperiosa necesidad de socorro". Embalses bajo mínimos Si a finales del siglo XIX la capacidad de embalse nacional era de 100 hectolitros cúbicos, a finales de los años veinte del siglo siguiente, esa capacidad se había multiplicado por siete. Desde entonces hasta 1970, gracias a alrededor de un millar de embalses nuevos, la capacidad pasó de 700 a 37.000 hectolitros cúbicos. Fue durante el franquismo cuando se realizaron las grandes infraestructuras de trasvase del Ebro o el Tajo y se desplegaron importantes regulaciones para aprovechar (y sobreexplotar y destruir en muchos casos) decenas de acuíferos y ríos. Es verdad que muchos de aquellos proyectos ponían el énfasis en las nuevas necesidades del regadío, la industria, el pujante sector servicios de las ciudades o la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, merece la pena recordar también que, entre 1944 y 1946, se produjo una de las peores sequías de la España contemporánea, que dejó a Madrid con cortes reiterados en el suministro y a los embalses españoles a un 14% de su capacidad. Buena parte de los proyectos hidráulicos franquistas se multiplicaron a partir de 1950. A principios de los años ochenta, encontramos otra gran sequía y otra reacción política de primer orden. En 1985 se aprobó una Ley de Aguas, la primera que se promulgaba desde 1879. El anteproyecto del primer Plan Hidrológico Nacional de la democracia, nacido de esa nueva Ley de Aguas, se retrasó hasta 1993 y coincidió con una sequía tan brutal que dejó los embalses a un 15% de su capacidad durante la primera mitad de los años noventa. La promulgación, ya como ley, del plan no llegaría hasta 1998 y, como grandes novedades, preveía multiplicar por seis los hectólitros cúbicos en trasvases anuales, así como la creación de un régimen de transición para convertir en concesiones los derechos de explotación de los pozos que usaban, privadamente, miles de regantes. Al mismo tiempo, la norma prometía racionalizar el uso y el consumo de agua impulsando la eficiencia o la reutilización de aguas residuales. Falsa seguridad El agua, aunque España siguiese apostando por subvencionarla masivamente y expandir sus regadíos, empezaba a considerarse un bien escaso, y, por lo tanto, las ideas de Joaquín Costa o Rafael Gasset, que invocaban poco menos que un derecho ilimitado al agua semigratuita, empezaron a abandonarse. La directiva-marco europea y la nueva Ley de Aguas del año 2000 abundarían en esa dirección. Además, en 2007, en medio de una intensa sequía que se extendió desde 2005 hasta 2009, se autorizaron los primeros Planes Especiales de Sequía, que, entre otras cosas, prometían garantizar la disponibilidad de agua para asegurar la salud y la vida de la población. Hay debate sobre el punto hasta el que hemos abandonado las ideas de Costa. José Luis Ramos, por ejemplo, considera que el modelo actual se parece muchísimo al de entonces. El Estado sigue siendo el principal impulsor de las infraestructuras, los intereses del regadío siguen confundiéndose con los de España y el agua sigue subsidiándose masivamente como si nos sobrase. Por su parte, Alberto Fernández Lop, técnico del programa de agua en WWF España, cree que "nos estamos conformando con mitigar las sequías en vez de prevenirlas", que "las medidas de eficiencia en el uso del agua han provocado un aumento del consumo en los cultivos de regadío" y que, por fin, los trasvases "han creado una falsa sensación de seguridad y certidumbre a largo plazo entre sus beneficiarios". Mientras tanto, las sequías y graves olas de calor se están multiplicando a lomos del cambio climático y nuestro país se encuentra en una posición especialmente vulnerable. La Agencia Estatal de Meteorología ha proyectado aumentos de las temperaturas de entre dos y seis grados y medio para finales del siglo XXI, y no son pocos los que se preguntan de dónde vamos a sacar el agua cuando, en el arranque de esta primavera de 2023 y en circunstancias mucho menos adversas, los embalses apenas llegaban a la mitad de su capacidad .