El tijeretazo de Bruselas a la burocracia alimentaria divide a los agricultores y a los ecologistas

La Comisión Europea quiere rebajar la carga administrativa que han de enfrentar distintos sectores productivos. También el de los pesticidas y alimentación animal. Para ello ha lanzado esta semana una propuesta de paquete Ómnibus alimentario que, entre otras cosas, sugiere acabar con la obligación de renovar periódicamente la autorización para el uso de distintas sustancias activas utilizadas en la agricultura, «excluyendo las más peligrosas», autorizar el uso de determinados tipos de drones para pulverizar pesticidas o sustituir la revisión sistemática de todos los ingredientes activos ya aprobados de los biocidas por un sistema más eficiente. Los cálculos de Bruselas apuntan a que todos los cambios que abarcaría este paquete [ahí están incluídas modificaciones en materia de pesticidas, biopesticidas, biocidas, aditivos alimentarios, ganadería y controles fronterizos] permitirían ahorrar de forma acumulada a las empresas unos 428 millones de euros al año [227 millones de euros para las pymes] debido a la «reducción de la carga administrativa y de los costes de cumplimiento, un entorno más favorable a la innovación, un acceso más rápido al mercado y la posibilidad de nuevas oportunidades de mercado para determinados productos». En el caso de las administraciones de cada uno de los estados miembros, el Ejecutivo comunitario aguarda a que puedan ahorrar unos 661 millones al año al utilizar unos procedimientos más eficientes. Lo que no ha trascendido en el caso de los pesticidas es qué tipo de sustancias se entienden como «más peligrosas», poniendo sobre la mesa de nuevo el viejo debate sobre la autorización del uso del glifosato en la UE. Hace dos años el Gobierno de la UE renovó su uso por diez años más . Frente al interés de los productores que más de una vez han manifestado sentirse en desventaja con agricultores de terceros países donde determinadas sustancias están permitidas, esto ha puesto en guardia a los colectivos ecologistas. Han dado la voz de alarma sobre lo que entienden como el desmantelamiento de la « normativa de protección ambiental y social vinculada al uso de agrotóxicos, como los plaguicidas» , como dice WWF. Desde Amigas de la Tierra y de Ecologistas en Acción indican que en caso de aprobarse este cambio el 90 % de plaguicidas dejarán de pasar por el proceso de renovación que contempla el reglamento, un proceso que ha permitido la eliminación de 162 sustancias nocivas desde su entrada en vigor en el 2011. La propuesta legislativa se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción en caso de que sea avalada por esos organismos.