Con la nueva reforma de la PAC todavía por perfilar vuelve a salir a la luz el rompecabezas creado en España en la última modificación de la Política Agraria Común para conseguir que «nada cambiara». Se crearon 50 regiones de pago (una o dos en otros países miembros) para perpetuar ayudas basadas en referencias históricas. Ahora se podría remediar.
Chus García
El sistema de reparto de pago ha creado un auténtico puzzle. Heraldo.es El sistema de reparto de pago ha creado un auténtico puzzle. Heraldo.es
Ahora que tanto se habla de la nueva Política Agraria Común (PAC) , cuya reforma se está negociando, que no se prevé que entre en vigor hasta el año 2021... Ahora que tanto se cuestionan los derechos históricos (Aragón, con el consejero de Agricultura a la cabeza, ha mostrado su postura claramente en contra) e incluso Europa ha recogido el guante de aquellos que especialmente desde España (y sobre todo desde tierras aragonesas) clamaban por su eliminación... Ahora que todavía hay tiempo de evitar que se perpetúen esos «desagravios» que han hecho que los agricultores cobren de manera muy distinta (unos más que otros) solo por estar apenas unos kilómetros más allá de zonas que gozaban de primas que se remontan a principios de año 2000...
Por estos y otros muchos detalles es ahora cuando convendría echar la vista atrás para analizar cómo se han repartido los miles de millones que cada año salen de las arcas de Bruselas con destino al sector agrario europeo.
Porque si se bucea en las cifras que explican la distribución de los pagos de la PAC en España durante el periodo 2014-2020, incluso si estas se comparan con lo realizado en los territorio de los socios comunitarios, hay datos que sonrojan , que no parecen justificables y que terminan por demostrar que quienes entonces decidieron cómo se repartirían las ayudas directas parecían más preocupados en mantener el estatus quo que en conseguir esa convergencia interna (ir evolucionando hacia unos pagos más unitarios) que parecía ser el objetivo de aquella reforma negociada por el entonces ministro de Agricultura español, el popular Miguel Arias Cañete.
No todos los problemas vienen de los tan denostados derechos históricos (referencias de hace 20 años que determinan la ayuda actual en función de circunstancias pasadas del beneficiario).
Sorprende la decisión que tomó en 2014 el entonces Ministerio de Agricultura para establecer cuánto tenían que cobrar los perceptores por cada una de sus hectáreas. Para ello se establecieron cuatro estratos, que diferenciaban los herbáceos en zonas de secano y aquellos que reciben riego, las producciones permanentes o las eran zonas de pastos. Y para rizar más aún el rizo estableció un sistema de regiones (nada que ver con las autonomías) que elevó a 50 los regímenes de pago. Una cifra que nada tiene que ver con lo que hacía el resto de Europa.
Y de aquellos polvos vienen estos lodos, que, según los expertos y si nadie lo remedia, podrían volver a repetirse en la Política Agraria Común post 2020 , para la que muchas voces en el sector piden una reforma «profunda» que la haga «más justa y eficaz», que prime al profesional que realmente trabaja en el sector.
Hay voces en el sector agrario que califican el sistema de regionalización del reparto del pago básico de la PAC en España como una «peculiaridad». Pero las hay también que lo tachan de una «auténtica vergüenza». Y para la mayoría de los perceptores es, cuando menos, sorprendente, porque cuesta entender por qué el modelo español es tan enrevesado mientras se simplifica en la práctica totalidad de los socios comunitarios.
Ahí están los datos. La PAC que ahora está en vigor dio flexibilidad a los Estados miembros para establecer las regiones de pago básico. La inmensa mayoría de los países miembros optaron por definir una sola región para todo su país. Lo hicieron Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Croacia, Luxemburgo o Austria, Eslovenia y Suecia. Pero también países del sur europeo y del arco mediterráneo con un sector agrario de gran similitud con el español, como Portugal e Italia. Francia optó por dos regiones, y también Bélgica o Finlandia. Y Grecia prefirió establecer tres. Un número muy superior fue el que, en un principio, estableció Alemania, que si bien optó por 13 regiones, su compromiso era que estas se redujeran a tan solo una en 2019.
¿Y España? La cifra destaca -por elevada- en la tabla y supera con mucho las divisiones establecidas en el resto de países . Porque el Ministerio que entonces dirigía Arias Cañete se acogió a la flexibilidad que establecía la normativa comunitaria y creó nada más y nada menos que 50 regiones de pago básico. Eso significa, como explican los técnicos especialistas en la PAC, 50 cantidades distintas de ayudas directas para los más de 19 millones de derechos que existen en el país. Unas cantidades que van desde los 60 euros por hectárea (la cuantía mínima) hasta los 1.430 euros/hectárea, si bien es cierto que este valor máximo está únicamente vinculado a una región concreta de una comunidad concreta, es decir, con las casi 8.500 hectáreas de cultivo de tabaco situadas en la comarca extremeña de Jaraíz de la Vera.
En los socios comunitarios en los que existe más de una región de pago básico también hay diferencias, pero no son tan abismales. En Grecia, por ejemplo, donde existen tres zonas, las cuantías que reciben los agricultores por hectárea varían de los 258 euros a los 366 euros, con un valor intermedio que se sitúa en los 314 euros/hectárea. E incluso cuando Alemania contaba con 13 regiones, el que menos cobraba recibía 155 euros por cada hectárea elegible, mientras que el perceptor que más recibía no llegaba a 200 euros (en concreto 192 euros/hectárea).
Cuestiones 'agronómicas' España no hizo nada que no pudiera hacer . Porque el propio reglamento de pagos directos 1307/2013, a pesar de incidir en su artículo 25 que «para 2019 todos los derechos de pago en un Estado miembro o en una región tendrán un valor unitario uniforme», permitía tal cantidad de excepciones y tecnicismos que abría las puertas de par en par a tomar decisiones como la española, a pesar de no conseguir la exigida convergencia. Y a un clavo ardiendo se agarró el Ministerio de Agricultura, justificando que todas estas regiones eran necesarias dadas las características agronómicas y socioeconómicas diferenciadas, incluso apelando a su potencial regional o su estructura institucional o administrativa.
Un argumento que numerosos especialistas cuestionan. Más si se analizan los datos. Porque nadie entiende que existan diferencias agronómicas que no suponen ni un euro por hectárea. Dicho de otra manera, de las 50 regiones de pago básico establecidas en España, la denominada 602, en la que están activados un total de 255.729 derechos, se cobra 137,49 euros por hectárea de pago básico, mientras que la que se identifica como región 702 -que cuenta con 382.597 derechos- el pago alcanza los 137,94, es decir apenas 45 céntimos más. Quizá es la diferencia más pequeña, pero son muchas las regiones cuyos pagos apenas distan unos pocos euros, por lo que muchos expertos del sector se preguntan si era realmente necesario trocear tan en exceso la tarta y complicar tanto el reparto.
Se dan además situaciones 'peculiares' en las que una región de pago, por ejemplo la 601, se extiende por tierras cultivables de varias comarcas españolas, situadas de sur a norte, tanto en Andalucía, como en La Rioja o Cataluña, y tanto si son de secano como de regadío. Y, por supuesto, todas ellas tienen el mismo valor promedio asociado a los derechos de dicha región, aunque no tengan mucho que ver unas con otras. No es además, el único caso.
Entonces, ¿qué buscaba este sistema?, ¿cuál fue el motivo de esta opción? Los expertos consultados coinciden. Esta distribución regional y sus 'mezclas' solo respondía al deseo de las autoridades españolas de que «nada cambiara », de que todos los perceptores mantuvieran su mochila intacta y para eso no solo era necesario proteger los derechos históricos, sino establecer un auténtico rompecabezas de reparto que los garantizara.
Tiempo para cambiar Con estas 50 regiones, en España no solo no se ha conseguido la convergencia interna hacia la que Bruselas quería que caminasen las ayudas del pago básico en todos los Estados miembros sino que además se han provocado situaciones «perversas», en las que agricultores vecinos cobraban ayudas diametralmente distintas. Tanto que en el caso del valle extremeño, el productor de tabaco ingresa 1.430 euros por hectárea y aquel que tiene pastos justo a su lado apenas percibe los cien euros por hectárea.
Situaciones similares se han repetido por todas las regiones 'creadas' por el Ministerio para que los agricultores siguieran cobrando lo mismo (mucho o poco) que en reformas anteriores. Se han generado enfrentamientos entre los territorios e incluso entre agricultores del mismo territorio.
El malestar que generó este sistema de regionalización no ha sido privativo del sector agrario. De hecho, el propio consejero de Agricultura del Gobierno aragonés -entonces consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad- aseguraba que « utilizar los estratos para dejar todo como estaba es contradecir el espíritu de la reforma de la PAC que tiende a la convergencia ». Joaquín Olona defendió entonces la necesidad de avanzar hacia una tarifa plana, a la que se vayan añadiendo complementos modulables y con la que se incentive el mantenimiento de la actividad.
¿De nuevo más allá del 2020? Los expertos advierten que el peligro de que esta situación vuelva a repetirse después de 2020 no ha pasado. La nueva reforma de la PAC podría volver a caer en esta «incompresible regionalización». Y aunque no está comprobado cuál sería la mejor solución, las propuestas lanzadas desde el sector incluyen la eliminación de los derechos históricos, porque se considera que si no se hace así los intereses regionales, sectoriales e incluso individuales para mantener el 'statu quo' van a bloquear cualquier modificación en la distribución del pago básico y en cómo esta afecta a la convergencia interna. Además, hay voces que apuntan que lo conveniente es que la regionalización tenga un marco estrictamente europeo y que se limite desde Bruselas el número de regiones que un Estado miembro puede crear.
En esta línea se sitúa la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) , que considera «vergonzante» el excesivo troceado de regiones de pago básico por el que optó el Ministerio, solo con la intención, asegura la organización agraria, de mantener el 'statu quo'.
Para UAGA, no se pueden mantener explotaciones que están cobrando por una actividad que no están desarrollando. Y mucho menos se puede mantener situaciones y distorsiones como las que han tenido que padecer los agricultores y ganaderos perceptores de las ayudas comunitarias desde la reforma de 2013.
Por eso considera que es el momento de cambiar estas reglas de juego, de caminar hacia la convergencia y a primar la «actividad real» como lo han hecho el resto de países europeos. Y para eso no hacen falta 50 regiones. «No apoyamos territorios, apoyamos profesionales», señala. La organización agraria lo tiene claro y lo dice alto: «Hay que dejar de pensar el la tierra o en los falsos derechos. Ha llegado la hora de defender a los agricultores y ganaderos desde un prisma profesional y social que ayude a luchar contra la despoblación».