El presidente de la Denominación de Origen Les Garrigues, Enric Dalmau, denuncia que el precio del aceite de oliva virgen extra está en el mejor de los casos a niveles de hace veinte años para el agricultor, mientras que los costes de producción se han duplicado, como mínimo. Sin embargo, censura la política del ministerio de Agricultura, que obliga ahora a almacenar el 12% de la cosecha para evitar que los precios se hundan aún más, una situación de la que culpa en buena medida de las importaciones de países del norte de África. Insiste en que "se están permitiendo las importaciones masivas de África, que son las que están destrozando el mercado". El precio de venta al público de un litro de aceite de oliva virgen extra de la DO Les Garrigues se situaba en los 4,30 euros el litro hace dos décadas, mientras que en la actualidad oscila entre los 7 y 7,6 euros, dado que una garrafa viene a costar al consumidor de 35 a 38 euros. Solo aplicando el incremento de la inflación en los últimos veinte años, que es de un 52,6%, estaríamos hablando que el litro de aceite se debería situar en unos 6,5 euros el litro. Pero en esa cifra no se reflejan el repunte de los costes de producción en estas dos décadas que asegura que se han duplicado, desde los de mano de obra al gasóleo, pasando por los fertilizantes, entre otros. Con todo, censura la política del ministerio, que reclama las retiradas del producto cuando "las importaciones continúan a unas cifras que son una verdadera animalada". En la misma línea, JARC denunció lo que califica como "nuevo despropósito del ministerio: quiere retirar 188.000 toneladas (de los productores españoles) mientras permite la entreada de 198.000 toneladas importadas". Dalmau contrapone esos aceites del norte de África, de países como Túnez o Marruecos, con el producido en Lleida, "donde nos esforzamos mucho por hacer un buen producto, de máxima calidad, y acabamos sufriendo la caída de precios". JARC afirma que los productores catalanes y europeos y han de cumplir estrictos requisitos, mientras los importados no están sometidos a los mismos estándares. La organización agraria, además de hablar de competencia desleal por estas entradas de terceros países, afirma que la retirada a la que obliga el ministerio no solo "no resuelve el problema", sino que además "genera nuevos costes de almacenamiento a las almazaras y los productores".