El Gobierno veta una enmienda que puede salvar un centenar de granjas en Cataluña

El Gobierno ha vuelto a utilizar su capacidad de veto para frenar la tramitación de una enmienda. En este caso se trata de una propuesta que prorrogaba la vida útil regulada de las plantas de cogeneración para el tratamiento de purines y que se incorporó en el Senado por parte de Junts per Catalunya dentro de la Ley contra el Desperdicio Alimentario. Según fuentes consultadas por este diario, el Gobierno ha tenido que argumentar que la medida afectaba a los Presupuestos Generales para poder tumbarla y, para ello, ha recurrido a una planta en Canarias del hotel Mare Nostrum Resort con 2,2 MW de potencia que finalizó su vida útil el año pasado. Con esta medida, la planta desviaría la partida de presupuestos en cerca de 600.000 euros, pero se da la circunstancia de que esta instalación no opera desde el año 2006, lo que en la práctica significa que no existe el impacto que justifica este veto por parte del Gobierno. Junts denuncia que el Ejecutivo tumba así la única solución viable para la gestión de purines y pone en riesgo la viabilidad de más de un centenar de granjas catalanas. Por este motivo, el partido ha presentado un escrito de reconsideración ante la Mesa del Congreso, firmado por los diputados Pilar Calvo e Isidre Gavín, solicitando que se reconsidere la decisión que impide votar la enmienda. En su escrito, Junts explica que la decisión de la Mesa del Congreso establece "un precedente histórico que podría lesionar los derechos parlamentarios de cara al futuro", ya que valida un veto del Gobierno realizado "a posteriori, fuera del momento procedimental oportuno, afectando el trabajo parlamentario desarrollado en otra cámara y suponiendo, por tanto, un veto a lo acordado por las mayorías en dicha cámara". Al vetar la prórroga de la cogeneración, el gobierno español pone en riesgo de cierre a gran parte de las granjas ganaderas pequeñas y medianas en Cataluña, especialmente en las regiones del Segrià y Osona. Al no poder llevar los purines a las plantas de cogeneración, los ganaderos deberán asumir costes muy elevados para trasladarlos a terrenos aptos para su vertido.Esta situación se agrava desde que el pasado enero detuvieron su actividad las plantas de cogeneración de Alcarràs y de Les Masies de Voltregà, que juntas trataban más de 200.000 toneladas de purines al año. Cabe recordar que, previamente al veto actual, el Gobierno retiró por decisión del Consejo de Ministros la tramitación del Proyecto de Ley del Régimen Económico de los Gases de Efecto Invernadero, debido a que se había aprobado la enmienda para prorrogar la vida útil regulada de las plantas de cogeneración y la enmienda que eliminaba, en caso de superávit en el sector eléctrico, el IVPE (impuesto al valor de la producción eléctrica). Desde Junts se mantiene la posición de defender la única solución que garantiza una gestión medioambientalmente sostenible de las deyecciones ganaderas porcinas, lo que abre la puerta a que la enmienda pueda volver a aparecer en la nueva tramitación. La prórroga a la cogeneración permitiría a los ganaderos y operadores de las plantas integrar nuevas plantas de biogás en el tratamiento de purines, manteniendo la viabilidad de sus explotaciones.