El cambio climático eleva los pagos de los seguros agrarios

El seguro agrario es uno de los ejes clave de la política agraria en España para garantizar unos ingresos del sector frente a todo tipo de siniestros con una media de 430.000 pólizas y un capital asegurado que supera los 14.000 millones de euros. Sin embargo, el mismo se halla seriamente amenazado ante la situación de unas aseguradoras que en los últimos años se han visto obligadas a tirar de los fondos del consorcio y reservas para pagar fuertes indemnizaciones consecuencia de una alta siniestralidad asociada al cambio climático, por una rebaja de las subvenciones de Agricultura y de las Comunidades Autónomas y subidas de primas. Entidades aseguradoras y el sector coinciden en la necesidad de un debate sobre el mismo. Las empresas del sector señalan tener en el seguro agrario una rentabilidad muy inferior a la que obtienen en otras ramas ramos de su actividad. Además, los agricultores y ganaderos aspiran a las coberturas que necesitan con unas primas razonables. Sequías y pedriscos Debido a unos periodos por defecto, con sequías prolongadas , y otros por exceso con inundaciones y pedriscos, este año los pagos por indemnizaciones se elevan ya a 540 millones de euros de los que 84 millones corresponden solamente a los efectos de la gota fría de las últimas semanas. De continuar la tendencia, 2019 amenaza con convertirse en otro annus horribilis similar a 2017 y 2018 cuando las compensaciones agrícolas superaron los 700 millones de euros. Las producciones más afectadas han sido los cereales con 1,4 millones de hectáreas, los frutales, cítricos, el viñedo por la piedra y las heladas, y los cultivos de huerta tanto en invernadero como al aire libre. Desde 2011, el seguro agrario ha pasado de 500.000 pólizas a una media de 430.000. Sin embargo, la reducción de pólizas ha ido acompañada de un aumento del capital asegurado pasando el mismo de 11.000 a más de 14.000 millones de euros. En este mismo periodo, el importe de las ayudas de la Administración central han pasado de casi 300 millones a 226 millones de euros del ejercicio 2018, mientras que las subvenciones de las Comunidades Autónomas bajaban de 126 hasta los 36 millones en el ejercicio de 2014, para repuntar hasta los actuales 70 millones de euros. Este descenso de las ayudas al seguro han supuesto que el agricultor pague el 60% del coste de la póliza, frente al 43% que pagaba hace una década.