Imagen de archivo de una concentración de protesta en Huesca contra la proliferación de granjas Rafael Gobantes
El auge de las explotaciones de porcino en Aragón (la producción rondará los 16,2 millones de animales en 2020) ha provocado que cada vez sean más los municipios que se protejan contra las macrogranjas, especialmente en zonas turísticas. El último en plantearlo ha sido el Ayuntamiento de Aínsa , que ha aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para prohibir las explotaciones de gran capacidad con objeto de salvaguardar la ganadería tradicional de este municipio de montaña.
Aínsa se suma así a iniciativas como la de El Pueyo de Araguás, en la misma comarca del Sobrarbe, que recientemente ha decidido vetar la apertura de nuevas explotaciones intensivas de porcino y avícolas para proteger su patrimonio histórico y natural. En otros municipios del Pirineo y el Prepirineo ya lo hicieron hace años. El PGOU de Santa Cilia, en la Jacetania, no permite estos usos en terrenos rústicos desde 2003, y el de la Canal de Berdún, desde 2009.
"Queremos evitar las macrogranjas, que venga a Aínsa una empresa grande con miles de cerdos", justifica su alcalde, Enrique Pueyo. El pleno celebrado el 6 de febrero aprobó una modificación aislada del plan urbanístico sobre explotaciones ganaderas. La nueva redacción obliga a los promotores a acreditar que el suministro de agua se obtiene "sin afectar o poner en riesgo el déficit de recursos hídricos del municipio". También se introducen variaciones respecto a las distancias, fosas de almacenamiento de purines o eliminación de estiércol o de cadáveres. Por último, quedan prohibidas las instalaciones con una capacidad productiva superior a 480 UGM (Unidades de Ganado Mayor), es decir, 4.000 cerdos, "una cifra coherente para garantizar que pueda vivir del negocio una familia", precisa su alcalde.
Poco territorio y turístico
Este veto se fundamenta en el escaso territorio del término municipal, por un lado; y en razones ambientales que pueden perjudicar al turismo, por otro. "No podemos permitir que los malos olores por los purines puedan entorpecer la actividad turística en temporada alta", manifiesta Enrique Pueyo. "En otros sitios, directamente se han prohibido. Nosotros no hemos querido ser tan radicales, pero sí que queremos un desarrollo más acorde al turismo , porque no es solo la producción de cerdos, luego hay que echar los purines en los campos", añade el alcalde de Aínsa.
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En la vecina localidad de Boltaña, el alcalde es rotundo: "No queremos más granjas". Eso sí, José Manuel Giménez se muestra partidario de permitir la ampliación de una de las dos existentes, pasando de 800 a 1.600 animales, para mejorar la rentabilidad de un negocio "del que vive una familia del pueblo". Para ello será necesario arbitrar alguna fórmula legal, ya que desde hace 10 años el Plan General de Ordenación Urbana de Boltaña prohibe la instalación de nuevas explotaciones.
Las modificaciones en la normativa municipal son acordes con los cambios que quiere introducir el Gobierno de Aragón. Ya han salido a información pública las nuevas reglas del juego que plantea la consejería de Desarrollo Rural para hacer compatibles los intereses de los productores con los de otros sectores económicos y la población en general. El nuevo marco normativo pasa por no permitir más explotaciones en localidades con una importante carga ganadera y por establecer una distancia mínima a los espacios naturales protegidos.
Al mismo tiempo, han surgido en la provincia de Huesca varias plataformas ciudadanas que piden poner freno a la proliferación de granjas , como la constituida en Loporzano en el año 2015 para tratar de impedir la construcción de dos instalaciones en ese término municipal.
7 solicitudes en un municipio
El Ayuntamiento de la Canal de Berdún, en la comarca de la Jacetania, se llegó a encontrar con siete solicitudes. "Hubieran tenido un gran impacto, pero nos dimos cuenta de que el plan de urbanismo del año 2009 prohibía granjas de porcino y de conejos", asegura su alcalde, Francis Pérez. Los promotores plantearon un recurso contencioso-administrativo y, de momento, añade, los jueces han dado la razón a las autoridades locales.