Hace 25 años se vivieron en el campo almeriense unos hechos muy similares a los de Torre Pacheco. La huelga de los temporeros paró los ataques y consiguió un acuerdo para reparar los daños sufridos. Es hora de que los sindicatos del Campo de Cartagena llamen a una huelga indefinida en las tareas agrícolas hasta que paren las cacerías.
Las imágenes de lo que está pasando en Torre Pacheco estos días recuerdan demasiado a los sucesos de El Ejido en febrero de 2000. Esta localidad almeriense comparte la misma estructura social que los municipios del Campo de Cartagena. Aproximadamente un tercio de su población es migrante, mayoritariamente marroquí, muchos en situación irregular y son el grueso de mano de obra de un sector agrícola hiper explotador, con decenas de casos de abusos físicos y sexuales contra sus trabajadoras y trabajadores.
Esta es la base de un régimen de segregación y apartheid político, que explica que aunque la extrema derecha arrasa electoralmente, el número de migrantes sin derechos políticos y sociales iguala o supera el número total de votantes de Vox. En el año 2000 el peso electoral de la extrema derecha era residual si lo comparamos con la actualidad. No es que no existiera, sino que estaba contenida dentro de las filas del PP, y así se evidenció.
En los primeros días de febrero se produjeron tres asesinatos protagonizados por dos temporeros marroquíes - uno de ellos a raíz de un brote de esquizofrenia -. Unos hechos que desencadenaron "pogromos" racistas contra la población migrante sin precedentes hasta la fecha en el Estado español.
Durante el 6, 7 y 8 de febrero las noches se convirtieron en una terrible amenaza para miles de temporeros y sus familias. Hordas armadas con bates, palos y barras de hierro irrumpieron en domicilios y negocios, apedrearon a migrantes e incendiaron vehículos, pertenencias y decenas de viviendas, algunas con sus moradores dentro que tuvieron que escapar por las ventanas y tejados.
Se asaltaron también sedes de organizaciones de izquierda y ONG, como las de la Federación de Mujeres Progresistas o Almería Acoge, destruyendo sus ordenadores y quemando sus archivos.
Como vemos hoy en Torre Pacheco, la actitud de la policía fue de una pasividad cómplice con los asaltantes. Medios como El País explicaban como «el papel policial fue pasivo. No se actuó para impedir el ataque y saqueo de restaurantes, carnicerías y locutorios telefónicos» y «no se practicó ni una sola detención, salvo la de un inmigrante marroquí que había intentado agredir con arma blanca a un agente».
Este movimiento reaccionario, protagonizado sobre todo por capataces, patronos y sus familias, llegó a realizar un paro patronal en el municipio el lunes 7 de febrero en apoyo a las cacerías nocturnas.
Pero quizá los hechos menos conocidos de aquellas jornadas fue la respuesta que dieron los migrantes. El día 6, centenares de ellos se manifestaron pacíficamente para separarse y condenar públicamente los asesinatos acaecidos los días anteriores. Fueron apedreados y linchados por vecinos. Algo muy similar a lo sucedido el viernes pasado en Torre Pacheco en la concentración en repudio a la agresión sufrida por un anciano unos días antes.
Pero lo más relevante fue la decisión de los temporeros de iniciar una huelga indefinida el 8 de febrero. Ese día y las jornadas posteriores el mar blanco de invernaderos del que forma parte El Ejido quedo vacío y en silencio. La cosecha de frutos rojos amenazaba con quedarse en las matas y pudrirse. Los patronos y capataces que habían alentado los "pogromos" vieron peligrar sus ganancias que dependen de la explotación de mano de obra migrante.
Las asambleas de trabajadores migrantes eligieron representantes y lograron sentar en una mesa a la patronal agraria, el Gobierno de Aznar y la Junta de Andalucía de Manuel Chaves. La fuerza de la huelga y organización detuvo los "pogromos" y se logró un acuerdo que incluyó garantías de proteger su seguridad ante posibles nuevos ataques, un alojamiento de urgencia para más de 400 trabajadores que habían perdido sus viviendas, un fondo social para indemnizar las pérdidas que hubiesen podido sufrir y un compromiso de los empresarios para que los migrantes tuviesen representación en las negociaciones del convenio del campo y la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo.
Este lunes escribía un artículo en el que planteaba que la izquierda, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales debemos llamar a movilizarnos en Torre Pacheco . Si la extrema derecha está desembarcando para llevar adelante sus cacerías, llenemos sus calles de miles de trabajadores y jóvenes que las hagan imposible.
Pero la huelga de los temporeros de El Ejido hace 25 años da algunas claves de cuál podría ser también una respuesta de clase ante la guerra declarada por la extrema derecha a uno de los sectores más explotados y oprimidos de la clase trabajadora. Las condenas a las cacerías de parte de las direcciones de los grandes sindicatos no es suficiente. Es necesario tomar medidas contundentes que protejan a las comunidades migrantes atacadas y corten el paso a una ofensiva reaccionaria que solo busca dividirnos para atacarnos mejor.
Los sindicatos del campo con mayor representación en el Campo de Cartagena con UGT, CCOO y REDES. Es hora de que llamen inmediatamente a una huelga general indefinida en todas las tareas agrícolas. La izquierda sindical y los movimientos sociales y antirracistas deberíamos poner también todos los recursos disponibles para que los trabajadores migrantes puedan, si así lo acuerdan, llevar adelante una paralización de actividades como hicieron en El Ejido hace 25 años.
Que la fruta se pudra en sus matas hasta que no cesen los ataques racistas. Solo tocándoles los intereses a los patronos agrícolas - primeros beneficiados directo del régimen de semi apartheid del campo murciano que estos "pogromos" buscan reforzar - se les podrá parar los pies.
Una acción así abriría la posibilidad de pelear por confluir con otras huelgas y conflictos obreros en curso. Como por ejemplo la huelga del metal de Cartagena, que lleva 30 días en conflicto y 8 de huelga de hambre, por un convenio digno. Como en Cádiz, el gobierno central responde a ella con represión y negativa a sentarse a negociar - es parte de la patronal como principal accionista de Navantia -. Mantiene a 200 antidisturbios de forma permanente para impedir la acción de los piquetes. Mano dura para los obreros en lucha y guante de seda para los escuadristas racistas que atemorizan las calles de Torre Pacheco cada noche.
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