Un grupo de de organizaciones de empresas dedicadas a la alimentación animal, la ganadería y la industria cárnica, muchas de ellas ubicadas en Cataluña, han emitido un comunicado dirigido a los eurodiputados españoles para "pedir su apoyo para aplazar un año la entrada en vigor del el reglamento de deforestación (conocido por sus siglas EUDR) y aprobar una revisión anticipada". Las asociaciones firmantes del comunicado son la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos (Aecec), Anprogapor, Anafric, la Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos (ASFAC), Asoprovac-Catalunya, la Federación Avícola Catalana (FAC), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Fecic,, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) y la Unió de Pagesos de Catalunya. Todas ellas, a través del comunicado, advierten que el EUDR "provocará un aumento directo y significativo de los costes de producción, impactando en la cesta de la compra de los ciudadanos de toda la UE y comprometiendo la viabilidad de miles de explotaciones". El comunicado subraya la condición de España como el Estado miembro más afectado al ser el primer productor de piensos de la UE. La aplicación inminente del EUDR podría generar un déficit estructural de hasta 8 millones de toneladas de harina de soja en la UE, materia prima esencial para el sector porcino y avícola. Los datos de sobrecoste para los productores, solo valorando el impacto de la soja, son: +3-4 [icono] adicionales por cada cerdo sacrificado. +7-15 céntimos por cada pollo de engorde. En conjunto, se estima un impacto económico de 1.500 millones de euros para los sectores europeos afectados, de los cuales casi 300 millones de euros recaerían sobre España. "Ningún operador puede absorber este impacto en un entorno tan incierto y sin un marco aplicable claro," afirma el sector en su comunicado. La fuerte dependencia de importaciones y la llegada tardía de las últimas clarificaciones de la Comisión (21 de octubre) han dejado a los operadores sin tiempo para adaptarse, generando una incertidumbre jurídica y operativa sin precedentes. Por ello, las organizaciones solicitan urgentemente a todos los eurodiputados españoles: Apoyar la posición del Consejo para aplazar un año la entrada en aplicación del EUDR. Aprobar la cláusula de revisión antes del 30 de abril de 2026 para garantizar una evaluación rigurosa sobre la aplicabilidad, la viabilidad administrativa y las opciones de simplificación. Aunque el sector apoya el objetivo de luchar contra la deforestación, advierte que si la ley no es viable en la práctica, no logrará sus metas ambientales y, a cambio, provocará graves daños económicos y sociales.