Los viticultores del Penedés se han puesto en pie de guerra después de que las grandes bodegas, entre ellas Freixenet y Codorniu - en manos de la alemana Henkell y del fondo de inversión estadounidense Carlyle , respectivamente-, hayan anunciado su intención de pagar 30 céntimos el kilo de uva durante esta temporada. Un 28% menos respecto al pasado año y que según Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Associació de Viticultors del Penedès, no solo devuelve al sector a precios de 1998, sino que hacen "inviable y ruinosa" la producción.
"No hay prestigio de las DO sin un precio digno", han denunciado los sindicatos los cuales han recordado que el sector del cava es uno de los que más puede acusar la bajada de precios.
Asimismo, los viticultores también critican el impacto directo sobre el precio de la uva que ha tenido el aumento de hectáreas de viña nueva bajo el amparo de la DO, autorizado por el gobierno español en los últimos años. En ese sentido señalan que de las 33.500 hectáreas que había en 2015 se ha pasado a las 39.000, lo que provoca que de los 300 millones de kilos de uva que se producían hace pocos años se haya pasado a 340 millones en 2018 .
Por todo ello, y tras aparcar a modo de protesta más de un centenar de tractores en la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès el pasado día 16, los viticultores han anunciado un segundo acto reivindicativo. Concretamente una huelga general para el próximo 5 de septiembre, en plena vendimia, comprometiéndose a no cosechar "ni un solo grano de uva" y bloquear los accesos de las grandes bodegas, con el objetivo de conseguir abrir un diálogo con las mismas y desbloquear así una situación que compromete seriamente el futuro del sector.
Una presión ejercida por el trinomio viticultor que no ha causado el efecto deseado después de que representantes de Henkell-Freixenet anunciaran su intención de no subir el precio de la uva -tras argumentar "un incremento de costes y del precio del vino muy importante" y "una elevada cantidad de excedente en el sector"- en una reunión mantenida la semana pasada con las tres entidades, las cuales reafirmaron su decisión de ir a la vaga.
De hecho, ni la intervención de la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, que hoy se ha reunido con representantes de Unió de Pagesos, JARC, la Associació de Viticultors del Penedès, así como de las grandes bodegas, ha servido para desmovilizar la huelga.
No obstante, y a pesar de confirmar que durante la vendimia de este año no será posible subir precios, los sindicatos convocantes de la vaga sí que se han mostrado satisfechos con el compromiso de las bodegas de retomar las negociaciones después de la vendimia, para "evitar que se reproduzcan casos como el de este año en el futuro" y "reducir el desequilibrio entre oferta y demanda que afecta a los precios".
"Hoy no se trataba de mercadear con los precios sino de conseguir que esto no vuelva a para nunca más, y de ver si éramos capaces de entendernos y trabajar para el territorio, el Penedès, el país y el mundo del cava", ha manifestado Jordà, quien también ha valorado que las partes implicadas hayan coincidido "en el diagnóstico y en la necesidad de unir esfuerzos", y ha anunciado que pedirá una reunión con el Ministro de Agricultura para hablar sobre el incremento de hectáreas de viñas y el consecuente impacto en el precio de la uva.
Una opinión con la que también ha coincidido la jefa sectorial de la viña de JARC, Isabel Vidal, la cual ha manifestado que "ojalá todo lo que ha pasado sirva para sacudir a todo el sector y para concienciarnos de que estamos todos juntos".
"Es el momento de que lo solucionemos. Hasta ahora había dudas y no acuerdos unánimes. Pero hoy he visto que todos sufrimos y por ello creo que entre todos encontraremos la solución", ha añadido Pere Ventura, en representación de las grandes bodegas.
Apoyo de empresas Mientras por otro lado, los viticultores sí que han recibido el apoyo del grupo vitivinícola Juvé & Camps -así como de otras pequeñas bodegas como Raventós i Blanc, Celler Credo o Cava Agustí Torelló - que ha anunciado que pagará entre 0,60 y 0,75 euros el kilo de uva en la actual campaña de vendimia, tras valorar "el esfuerzo constante" de los viticultores a los que considera "proveedores estratégicos".
Una decisión que también ha respaldado la Asociación de Viticultores y Elaboradores Corpinnat-Avec (titular de la marca colectiva de la UE de vinos espumosos de calidad), quien en un comunicado ha afirmado que la intención de las bodegas de reducir el precio de la uva "atenta" contra el principal sector económico del Penedès, y pone en peligro el futuro de la agricultura y de cientos de familias. Por ello, las nueve bodegas que forman la asociación ya han asegurado que pagarán un mínimo de 65 céntimos el kilo en esta vendimia.
Por último, las reclamaciones de los productores también han sido atendidas por el alcalde accidental de Vilafranca del Penedés, Pere Vernet, quien ha argumentado que la crisis de la uva se debe a que "las decisiones se toman desde Alemania, Estados Unidos o en el peor de los casos desde el Ministerio de Agricultura. En el momento que no controlamos el territorio suceden este tipo de cosas: precios injustos para una agricultura cada vez más maltratada".