El sector productor castellano-manchego ha propuesto una innovadora Norma de Comercialización para el sector vitivinícola, basada en la reglamentación comunitaria y que afectaría a todo el territorio nacional, para adecuar el volumen de producto de cada campaña a las necesidades de abastecimiento.
La propuesta de esta norma por parte de Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, COAG y UPA evitaría distorsiones o alteraciones en el mercado, la mejora de la calidad de todos los productos (mostos y vinos) y la gestión de disponibilidades entre campañas por parte de las bodegas, ha informado Cooperativas en una nota de prensa.
La Norma de Comercialización propone una retirada temporal y un almacenamiento privado, de un máximo de cuatro millones de hectolitros de vino y/o mosto en toda España, sin que ninguna bodega que tenga viticultores elegibles con rendimientos elevados tenga que inmovilizar más del 10 % de su producción de vino y mosto elaborado en la campaña regular.
Esta propuesta, que se podría poner en funcionamiento a partir de la próxima campaña 2019/2020, ha partido de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, que ha visto en ella una verdadera necesidad para que el sector vitivinícola, tanto regional como nacional, pueda autorregularse cada campaña cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen.
El documento elaborado es fruto de diversas reuniones de trabajo que ha cristalizado en un importante consenso entre Cooperativas Agro-alimentarias y el resto de organizaciones profesionales agrarias de la región.
La propuesta ha sido trasladada a diversas entidades y organismos como a Cooperativas Agro-alimentarias de España, que ha asumido esta propuesta como propia; a la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha; al ministerio de Agricultura, y a la Interprofesional del Vino de España, esta última aún en fase de discusión.
La Norma de Comercialización se debería activar antes del 31 de enero de la campaña en cuestión en aquellas comunidades autónomas cuya suma de existencias y producción declaradas superen la media de sus disponibilidades de las cinco campañas anteriores, incrementada en un 5 %.
La medida consistiría en la retirada temporal por parte de las bodegas con viticultores elegibles con rendimientos elevados, mediante almacenamiento privado de mosto o vino sin Indicación Geográfica Protegida (IGP) declarado en el momento en que se adopte la Norma, de tal forma que se daría un salto cualitativo y de valor al producto.
Si las condiciones y evolución de mercado lo exigieran, al activarse la Norma las parcelas de viñedo de uvas tintas que superen los 150 hl/ha. y de uvas blancas que superen los 185 hl/ha. sólo podrían destinarse a vinos sin indicación geográfica cuya finalidad sea la destilación o la elaboración de mostos blancos.
En definitiva, se pretende mejorar la calidad, que los rendimientos sean moderados y que las uvas lleguen maduras y en buen estado sanitario a las bodegas, además de una adecuada gestión entre campañas de las disponibilidades del producto, de forma que las oscilaciones de los precios y las cotizaciones sean moderadas y se evitar los dientes de sierra.